AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
A mediados de febrero de 2022, en Miami, Florida, la DEA y el FBI desclasificaron
documentos judiciales sobre el caso de Alex Saab, un empresario multimillonario de origen
colombiano que el gobierno de Estados Unidos consideraba el principal testaferro del
presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, bajo cuya protección realizó jugosos negocios
que se basaban en un esquema que intercambiaba petróleo venezolano por alimentos
producidos en México y se disfrazaron como acuerdos de “ayuda humanitaria”.
En esta trama se involucró casualmente a Segalmex que todavía dirigía el expriista Ignacio
Ovalle Fernández, quien como director del Instituto Nacional Indigenista (INI), entre 1976
y 1982, fue el primer jefe del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Noticias Caracol, de Colombia, reveló el 25 de octubre de 2021 que el FBI realizaba una
investigación sobre las despensas alimenticias que una empresa de Saab importaba de
México para beneficiar a más de 5 millones de familias venezolanas.
El reportaje consignaba que los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción),
creados en abril de 2016 y administrados por algunos militares jubilados adeptos al régimen
de Maduro señalados por sus nexos con el narcotráfico y tráfico de combustible, eran
usados para enviar cargamentos de cocaína de Venezuela a México y blanquear sus
ganancias ilegales; que aeronaves adscritas a la Aviación Militar Bolivariana partían de la
Base Aérea de La Carlota, en Venezuela, rumbo a Veracruz, donde la carga de cocaína era
descargada y reemplazada por las cajas con alimentos en mal estado o caducados, y que
luego estos mismos aviones aterrizaban de vuelta en Puerto Cabello y La Guaira, en
territorio venezolano.
Los investigadores encontraron también empresas en México que fueron suplantadas como
supuestas proveedoras de toneladas de leche en polvo, que en realidad nunca se negociaron
con Venezuela.
En una investigación de la reportera Verónica Ayala para Mexicanos contra la Corrupción
y la Impunidad (MCCI) se identificó entre 2019 y 2020 a ocho empresas mexicanas
asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México, las cuales utilizaron una estructura de al menos 13
importadoras creadas en Honk Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes Británicas para
enviar alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones de dólares, equivalentes a 1,200
millones de pesos, según registros del comercio exterior.
No era algo nuevo, esa estructura de importadoras sustituyó a las que habían venido
manejando operadores financieros del chavismo, como Alex Saab y Samark López Bello,
operadores financieros de Maduro.
Entre 2016 y 2018, antes de López Obrador, dos empresas ligadas a Saab –Group Grand
Limited y Asasi Food–, y una atribuida a López Bello –Postar Intertrade–, habían
intervenido en la compra de alimentos a 10 empresas mexicanas con valor cercano a los
700 millones de dólares, para los llamados CLAP.
A principios de agosto de 2024, al entonces presidente López Obrador le aconsejaban
deslindarse de Maduro, quien ya era insostenible. Y es que el mandatario chavista no sólo
no había podido exhibir las actas electorales que confirmaran su cuestionado triunfo en las
elecciones del domingo 28 de julio –que habría ganado el candidato opositor Edmundo
González Urrutia con 67% de los votos–, sino porque, además, desde el 26 de marzo de
2020 el Departamento de Justicia de EU había emitido una orden de captura en su contra
ofreciendo una recompensa de 15 millones de dólares por cargos relacionados con el
narcotráfico.
Pero Washington detectó también que en el gabinete de la presidenta Claudia Sheinbaum
siguen incrustados chavistas incondicionales de Maduro, como Sady Arturo Loaiza
Escalona, un exfuncionario venezolano que en 2021 fue contratado en la Subdirección de
Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública (SEP), subordinado del
controvertido mexiquense Marx Arriaga, quien la semana antepasada protagonizó tremendo
escándalo al convocar a una rebelión contra la Secretaría de Estado que encabeza Mario
Delgado porque, acusó, pretende “privatizar la educación”.
Arriaga Navarro, un recomendado de la ex primera dama Beatriz Gutiérrez Müller, llamó a
crear comités de defensa de “los valores de obradorismo y la Cuarta Transformación” en
todo el país que se conviertan en contrapesos de los actuales funcionarios de la SEP.
EX JEFE DE LA DEA EXHIBE A AMLO
POR SALUDAR A MADRE DEL CHAPO
Por cierto, en un texto titulado “Con Sheinbaum las cosas están cambiando; ya no habrá
errores como saludar a la madre del Chapo”, que aparece en la más reciente edición de la
revista Proceso, su corresponsal en Washington, J. Jesús Esquivel, realizó una interesante
entrevista a John Callery, ex jefe de la DEA, y a un funcionario del Departamento de
Justicia estadunidense, los cuales advierten que la designación del fentanilo como arma de
destrucción masiva por parte del presidente Donald Trump coloca a México en el centro de
un posible escenario de intervención militar.
Sin embargo, los entrevistados reconocen que la inédita cooperación de la presidenta
Claudia Sheinbaum ha sorprendido por su alcance y efectividad, y ha cambiado las reglas
del juego redefiniendo la relación bilateral en torno al narcotráfico.
No obstante, señalan que la designación del fentanilo como arma de destrucción masiva por
parte de Trump añade un incentivo a la posibilidad de un ataque del Pentágono contra
narcotraficantes dentro de México, pese a la cooperación antinarcóticos sin precedente que
ofrece Sheinbaum a Estados Unidos.
Esquivel refiere que en el Departamento de Justicia funcionarios del gobierno de Trump y
agentes federales reconocen que, en la lucha contra el narco, Sheinbaum está cada vez
marcando una mayor distancia de las tácticas de su antecesor, Andrés Manuel López
Obrador (AMLO).
“Con el gobierno de Sheinbaum las cosas están cambiando. Ahora que ella está más
asentada sabe qué va a hacer y qué es lo que va a cambiar; por ejemplo, no creo que cometa
el error de acercarse a saludar a la madre de un narcotraficante como lo hizo AMLO con la
mamá del Chapo”, expuso John Callery, exjefe de la iniciativa contra los cárteles
domésticos dentro de la DEA y el Departamento de Justicia.
Los narcoterroristas mexicanos y de cualquier país deben ser eliminados, es la consigna del
presidente Trump, y la debemos cumplir, pero hay matices importantes de cooperación en
este sentido por parte de la presidenta Sheinbaum que cambian los escenarios», indica un
alto funcionario del Departamento de Justicia estadunidense que condicionó la
conversación con Proceso a la omisión de su nombre.
En entrevistas por separado, on the record y background, Callery y el funcionario del
Departamento de Justicia perciben un “tono de politiquería en las amenazas de Trump al
hablar de atacar a narcotraficantes dentro de México”. Sin embargo, no descartan nada.
“Sin duda que hay un antes y un después en la asistencia que nos ofrece la presidenta
Sheinbaum respecto del presidente anterior y eso se toma en cuenta. Pero el presidente
Trump tiene su propia visión de cómo eliminar la amenaza del narcotráfico”, apuntó el
funcionario del Departamento de Justicia.
