AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Hace tres días, el pasado viernes 16, la Presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez,
destituyó como Ministro de Industria al empresario Alex Saab, un multimillonario de
origen colombiano acusado en México de lavar 156 millones de dólares a través de la
reventa de despensas para programas sociales en la República Bolivariana.
Señalado de ser prestanombres de Nicolás Maduro, Saab estuvo encarcelado entre 2021 y
2023 en Estados Unidos por desvío de 350 millones de dólares en Venezuela. Hace casi tres
años fue dejado en libertad mediante un acuerdo que incluyó la liberación de 10
estadounidenses que mantenía presos el régimen chavista. En 2024, Maduro lo integró a su
gabinete.
Al caso de Saab estaría vinculado el ex gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, quien
en octubre de 2023 participó en un encuentro de gobernadores morenistas del sureste
mexicano con Maduro en Palenque, Chiapas. Desde el año pasado, el exmandatario
veracruzano fue blindado políticamente al ser nombrado director del Centro Nacional de
Control del Gas Natural (Cenagas).
Y es que a mediados de febrero de 2022, en Miami, Florida, la DEA y el FBI
desclasificaron documentos judiciales sobre el caso de Saab, a quien el gobierno de Estados
Unidos consideraba el principal testaferro de Maduro, bajo cuya protección realizó jugosos
negocios que se basaban en un esquema que intercambiaba petróleo venezolano por
alimentos producidos en México y se disfrazaron como acuerdos de “ayuda humanitaria”.
En esta trama se involucró casualmente a Segalmex que todavía dirigía el ex priista Ignacio
Ovalle Fernández, quien como director del Instituto Nacional Indigenista (INI), entre 1976
y 1982, fue el primer jefe del ex presidente Andrés Manuel López Obrador.
Noticias Caracol, de Colombia, reveló el 25 de octubre de 2021 que el FBI realizaba una
investigación sobre las despensas alimenticias que una empresa de Saab importaba de
México para beneficiar a más de 5 millones de familias venezolanas.
El reportaje consignaba que los CLAP (Comité Local de Abastecimiento y Producción),
creados en abril de 2016 y administrados por algunos militares jubilados adeptos al régimen
de Maduro señalados por sus nexos con el narcotráfico y tráfico de combustible, eran
usados para enviar cargamentos de cocaína de Venezuela a México y blanquear sus
ganancias ilegales; que aeronaves adscritas a la Aviación Militar Bolivariana partían de la
Base Aérea de La Carlota, en Venezuela, rumbo a Veracruz, donde la carga de cocaína era
descargada y reemplazada por las cajas con alimentos en mal estado o caducados, y que
luego estos mismos aviones aterrizaban de vuelta en Puerto Cabello y La Guaira, en
territorio venezolano.
Los investigadores encontraron también empresas en México que fueron suplantadas como
supuestas proveedoras de toneladas de leche en polvo, que en realidad nunca se negociaron
con Venezuela.
Según una investigación de la reportera Verónica Ayala, para Mexicanos contra la
Corrupción y la Impunidad, identificó entre 2019 y 2020 ocho empresas mexicanas
asentadas en Nuevo León, Baja California, Zacatecas, Veracruz, Guanajuato y la Zona
Metropolitana de la Ciudad de México. Estas empresas utilizaron una estructura de al
menos 13 importadoras creadas en Honk Kong, Panamá, Uruguay y las Islas Vírgenes
Británicas para enviar alimentos a Venezuela por un monto de 64 millones de dólares,
equivalentes a 1,200 millones de pesos, según registros del comercio exterior.
No era algo nuevo, esa estructura de importadoras sustituyó a las que habían venido
manejando operadores financieros del chavismo, como Alex Sab y Samark López Bello,
operadores financieros de Maduro.
Entre 2016 y 2018, antes de López Obrador, dos empresas ligadas a Saab –Group Grand
Limited y Asasi Food–, y una atribuida a López Bello –Postar Intertrade–, habían
intervenido en la compra de alimentos a 10 empresas mexicanas con valor cercano a los
700 millones de dólares, para los llamados CLAP.
Ahora, la que ha tenido que apechugar los reclamos y presiones del gobierno
estadounidense que preside Donald Trump es la presidenta Claudia Sheinbaum, quien
además del nombramiento que se resistía a otorgar al ex gobernador Cuitláhuac García,
tuvo que mantener también en su gabinete a chavistas incondicionales de Maduro, como
Sady Arturo Loaiza Escalona, un ex funcionario venezolano que en 2021 fue contratado en
la Subdirección de Materiales Educativos de la Secretaría de Educación Pública, cuyo
director Marx Arriaga Navarro acusó hace un mes que la actual conducción del sistema
educativo mantiene y profundiza procesos de privatización en la educación pública, por lo
que a través de su cuenta de X llamó a crear una nueva organización educativa con
estructura propia, al margen de la SEP, así como a la conformación de Comités para la
Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de los Libros de Texto Gratuitos.
En su convocatoria, publicada la noche del 25 de diciembre, explicó que los comités
operarían con mecanismos propios de registro, coordinación y toma de decisiones, distintos
a los canales institucionales de la SEP.
“Se han heredado las viejas prácticas de control y ejercicio del poder del modelo educativo
neoliberal como lo son: la simulación, las cargas administrativas, el lucro con las
capacitaciones, cuadernillos, materiales educativos, planeaciones, la coerción para negarle a
la base magisterial su derecho a autonomía profesional y la más grave: operar las políticas
de la COPARMEX, de la OCDE, de la UNESCO, del FMI, del BM, en la formación de una
ciudadanía sumisa al sistema de consumo neoliberal con el dominio de las competencias
básicas según las necesidades empresariales”, señalaba la publicación.
“Continúa la tendencia a la privatización del Sistema Educativo Nacional al permitir los
REVOE’s para la instalación de más escuelas privadas sin una regulación de: las
colegiaturas, los materiales educativos que solicitan, los uniformes, los salarios docentes,
las prestaciones que dan a su base magisterial”.
Arriaga indicó que todo esto contradice los principios de la Nueva Escuela Mexicana
impulsada por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, pese a que dicho modelo ya
está en vigor.
NAHLE: MANO FIRME…
¿SÓLO EN LA UPAV?
Por obvia indicación de la gobernadora Rocío Nahle, la Fiscalía General del Estado
procedió a la diligente detención de un ex rector y dos funcionarios administrativos de la
Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), a los que se les imputa un presunto
desvío millonario.
La misma celeridad se esperaría del órgano autónomo encargado de la procuración de
justicia en contra de otros funcionarios de la administración actual y de ex secretarios del
sexenio anterior que incurrieron en actos ilícitos y saquearon las arcas estatales, los cuales
siguen disfrutando campechanamente hasta hoy de su riqueza mal habida en total
impunidad.
Por cierto, ya que andan persiguiendo la corrupción en la Secretaría de Educación de
Veracruz, ¿la Fiscalía desempolvará la carpeta de Investigación FIM/F8/140/2022 del
índice de la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales que integró la ex titular Marcela
Aguilera por probables actos de corrupción en contra de un Subsecretario actual de la SEV,
quien el sexenio pasado, como director del Registro Público de la Propiedad, fue implicado
en la falsificación de documentos mediante los cuales se legalizaba el despojo de predios
ubicados en los municipios de Actopan, Puente Nacional, La Antigua, Xalapa y Alto
Lucero, beneficiando a personajes poderosos con la adjudicación de los terrenos a cambio
de millones de pesos?
Si Nahle se atreve a dar luz verde a su Fiscalía para que proceda parejo, seguramente la
gobernadora seguirá subiendo en las encuestas que actualmente ya la ubican entre las
primeras cinco mandatarias estatales del país con mayor aceptación popular.
