Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Este miércoles la diputada local Anilú Ingram presentó una iniciativa de reforma a
la Ley Orgánica del Municipio Libre, con el objetivo de “garantizar los derechos
electorales de los ediles y la representación de los partidos políticos, así como
respetar la voluntad del pueblo en la elección de regidores”. *** La intención, dijo,
es actualizar, ajustar y eliminar los vacíos del marco jurídico para asegurar los
derechos de los veracruzanos. *** Como ejemplo de estos vacíos, la legisladora
mencionó casos recientes en los que las autoridades enfrentaron circunstancias
no previstas por la ley. *** “Es el caso, por ejemplo, de un edil que por causas
ajenas a su voluntad no pudo asumir el cargo y, al desaparecer esas causas, hizo
pública su decisión de ocupar el puesto que le confió el electorado de su
municipio”. Explicó que la actual ley no prevé qué debe hacerse en estas
situaciones, lo que podría resultar en decisiones de autoridad afectadas de
ilegalidad. *** La iniciativa aborda casos como la falta definitiva de un edil y su
suplente, o la negativa del suplente a asumir el cargo. *** Anilú Ingram propuso
que el Congreso o la Diputación Permanente puedan llamar a otro integrante del
partido político que postuló al edil faltante, siempre que haya formado parte de la
planilla electoral y continúe siendo militante del partido. *** Casualmente, en la
Fiscalía General del Estado (FGE) existe una carpeta de investigación contra la
síndica de Lerdo de Tejada, María Esther Arróniz, por el delito de usurpación de
funciones, toda vez que carece del nombramiento por parte del Congreso local
para desempeñarse como alcaldesa sustituta.
* * *
Ya lo habíamos anticipado en este mismo espacio, pero este miércoles lo confirmó
la titular de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Namiko
Matzumoto Benítez: ese organismo ha emitido 21 recomendaciones a la Fuerza
Civil, adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública, 17 de las cuales corresponden
a hechos ocurridos durante la administración de Cuitláhuac García.
A raíz de los hechos ocurridos en la comunidad de Totalco, municipio de Perote, la
semana pasada, en los que dos personas fallecieron en un enfrentamiento entre
pobladores y elementos de la Fuerza Civil, la CEDH inició una investigación de
oficio.
“La queja se está integrando, la investigación se está iniciando. Ahora sólo puedo
decir que se violenta el derecho a la vida, pero no podré señalar más hasta que no
terminemos de integrar la queja”, explicó la titular de la Comisión.
Sobre las recomendaciones emitidas por actuaciones de la Fuerza Civil, la titular
de la CEDH señaló que estas abordan diversas violaciones.
“Algunas tienen que ver con el uso excesivo, ilegítimo, desproporcionado de la
fuerza; algunas tienen que ver con actos de tortura y actos contra la integridad
personal”.
Respecto a la actuación de ese grupo de la policía estatal, el abogado Tomás
Mundo Arriasa señaló que eso va más allá de los abusos de la Fuerza Civil, pues
en las detenciones arbitrarias que maquinaron fiscales y jueces, esa corporación
de Seguridad Pública prestó para meter a inocentes a la cárcel.
El coordinador del Proyecto Inocencia Veracruz dijo que tiene identificados al
menos 600 casos en los que a personas que fueron detenidas por elementos de la
Fuerza Civil, les plantaron drogas o armas, y posteriormente los acusaron de otros
delitos de alto impacto.
Lo mismo ocurrió, dijo, con aquellos que fueron detenidos por el delito de ultrajes a
la autoridad: los fiscales y jueces les compraron las mentiras a las corporaciones
policíacas para tener a inocentes en las cárceles de Veracruz.
“El tema de la Fuerza Civil va de la mano del delito de ultrajes a la autoridad,
porque ¿cuántas historias se fabricaron para mantener a muchos inocentes en
prisión?, y fueron mentiras que compró la Fiscalía General del Estado en
complicidad con muchos jueces”.
Tomás Mundo recordó que tras la desaparición del delito de ultrajes a la autoridad,
fueron creados otros tipos paralelos para justificar la decisión de mantener a 600
personas inocentes en las cárceles.
Dijo que lo ocurrido en la comunidad de Totalco “sólo fue la gota que derramó el
vaso”.
Dijo que no basta con la desaparición de dicha corporación, sino que es necesario
proceder legalmente contra los responsables, y planteó que sea la Fiscalía
General de la República (FGR) la instancia que lleve a cabo las investigaciones.
“Para sancionar a los responsables se requiere de una investigación eficaz,
respaldada con elementos probatorios suficientes y ya no permitir más atropellos a
la ley, ni a la sociedad”.
No, la falta no se paga desapareciendo (sólo en el papel) una corporación que ha
sido el brazo ejecutor de un gobierno represor.
* * *
Epílogo.
Y de pronto, con la magia que producen dos víctimas fatales, la Procuraduría
Estatal del Medio Ambiente (PMA) se entera de que existen “inconsistencias
graves” en las instalaciones de Granjas Carroll de México ubicadas en Totalco,
municipio de Perote, principalmente por la filtración de lodos contaminados al
suelo. *** El titular de la Procuraduría del Medio Ambiente, Sergio Rodríguez
Cortés, lanzó la amenaza: está en manos de la oficina a su cargo “clausurar de
manera definitiva” las granjas porcinas. *** “Son 51 granjas, algunas granjas hasta
10 naves, entonces es un trabajo arduo y se están revisando llevamos hasta
ahorita seis revisadas, tengo firmadas 9 órdenes y precisamente el día de hoy iban
a llegar los dueños a la Procuraduría para seguir ventilando la información y
revisando los temas”. *** Tengamos fe, ya sólo falta revisar otras 41 granjas.