Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Una vez más el secretario de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), Leonardo
Cornejo Serrano, uno de sus colaboradores más protegidos, mete en problemas a
la gobernadora Rocío Nahle. *** La mañana de este martes, habitantes de
Emiliano Zapata bloquearon el tramo carretero Las Trancas-Coatepec, a la altura
de la comunidad El Chico, para exigir la rehabilitación integral de esa vialidad,
pues aseguran que representa un riesgo para los habitantes de esa zona y los
propios usuarios. *** Los manifestantes explicaron que las condiciones del camino
han provocado múltiples percances, especialmente durante la temporada de
lluvias, debido a que el pavimento se hace resbaladizo al mojarse, lo que
incrementa el riesgo de accidentes para automovilistas, motociclistas y transporte
de carga. *** Los habitantes de esa zona advirtieron que las condiciones actuales
de la carretera son similares a las que durante años presentó el bulevar Xalapa-
Coatepec, por lo que demandaron a las autoridades una solución similar con
trabajos de asfaltado para mejorar la seguridad vial. *** La decisión de los
pobladores es producto del hartazgo. Cada temporada de lluvias se presentan los
mismos problemas y aunque lo han reportado a las instancias municipales y
estatales, nada han hecho al respecto. *** De pronto, frente a medidas extremas,
la autoridad estatal terminó por reaccionar. Una comisión de los pobladores fue
atendida en palacio de gobierno, con la presencia del titular de la SIOP. Les
prometieron que darían una solución “definitiva” a ese problema, pero les
aclararon que eso no se resuelve en el corto plazo. *** Le apuestan al olvido.
Era octubre del 2021. El entonces presidente Andrés Manuel López Obrador
anticipaba: “Aunque no participe el porcentaje necesario para que la consulta de
revocación de mandato sea vinculante, si la mayoría vota a favor de que no
continúe en el cargo, dejaré la presidencia”.
Meses después, en mayo del 2022, cuestionado durante una de sus conferencias
de prensa sobre la posibilidad que ese mecanismo fuera utilizado con otros
servidores públicos, él mismo hizo un llamado a los gobiernos estatales a aplicar
la misma medida.
“… yo pienso que en cada estado se puede legislar para que se establezca un
mecanismo de revocación de mandato; también puede hacerse una reforma a
nivel constitucional nacional (…) Si la gente dice ‘ya no queremos a este servidor
público’, para afuera, porque el pueblo pone y el pueblo quita”.
El principal impulsor del mecanismo electoral de revocación de mandato fue el jefe
político de quienes hoy gobiernan con los colores de Morena. Suena -pues-
incongruente, que sean ellos mismos los que ahora pongan trabas para someterse
a ese escrutinio.
Este martes el partido Movimiento Ciudadano (MC) anunció que interpondrá una
acción de inconstitucionalidad en contra de la reforma al inciso B) de la fracción VI
del artículo 15 de la Constitución de Veracruz en materia de Revocación de
Mandato.
Ante lo que calificó como un “atropello” cometido en el Congreso local por Morena
y sus aliados, el coordinador estatal del partido naranja, Luis Carbonell de la Hoz
anunció que él mismo y su dirigente nacional, Jorge Álvarez Máynez encabezarán
esta batalla jurídica, pues afirmó que la modificación a la constitución local
“introduce restricciones severas que limitan el ejercicio de los derechos
democráticos de la ciudadanía”.
En su comunicado, MC explica que la reforma impulsada por Morena y sus aliados
“reduce drásticamente los plazos y endurece los requisitos para solicitar dicho
mecanismo”. Entre los cambios señalados destaca la reducción del tiempo para la
recolección de firmas, el cual pasó de dos meses a solo uno.
“Asimismo, además de requerirse aproximadamente 600,000 firmas (equivalentes
al 10% de la lista nominal estatal), la nueva legislación impone el requisito de que
dicho porcentaje se reúna en al menos 107 municipios del estado, alcanzando en
cada uno de ellos el 3% de las firmas de su respectiva lista nominal”, detalla MC.
Luis Carbonell de la Hoz, señaló que la modificación tiene un trasfondo político y
busca obstaculizar la democracia participativa: “Morena les tiene miedo a los
veracruzanos. Es una reforma absurda, inconstitucional, pero -sobre todo- inmoral.
Vamos a seguir luchando para que los ciudadanos participen y para que estos
mecanismos no sean limitados o robados por una bola de diputados que sólo
buscan proteger al gobierno en turno, porque hoy los veracruzanos les están
demostrando que le han fallado a Veracruz”.
El coordinador estatal de Movimiento Ciudadano advirtió que en las condiciones
actuales de la entidad se justifica la necesidad de mantener herramientas de
evaluación ciudadana que sean realmente accesibles.
“Los gobiernos de Morena son pésimos y hoy le tienen miedo a la revocación de
mandato o a que se les ratifique en la encomienda. ¿Por qué? Porque hoy
Veracruz está a la deriva: hay inseguridad, las carreteras están destrozadas y
tenemos problemas muy graves en el empleo y en el acceso de los jóvenes a la
matrícula universitaria. Este es un ejercicio sano que Morena se quiere robar a
través de unos cuantos diputados que le dan la espalda a la gente”.
Desde la dirigencia nacional de MC ya se trabaja en el diseño de la estrategia
jurídica para rebatir la reforma impulsada por la gobernadora Rocío Nahle.
“Junto a nuestro dirigente nacional, preparamos una acción de inconstitucionalidad
para dar marcha atrás a estos abusos. Buscamos que los derechos garantizados
en la Constitución también se respeten en Veracruz, y que los ciudadanos puedan
acudir a un ejercicio que debería ser del pueblo y no de unos cuantos que se lo
han querido adueñar”, explicó Carbonell de la Hoz.
Por un rato la gobernadora Rocío Nahle tendrá que dejar su batalla interna, para
atender ese tema que -dice- “no le quita el sueño”.
Epílogo.
No lo dicen los “zopilotes” que le critican todo a la gobernadora, no lo dicen los
“traidores” que la critican desde el interior de Morena. Lo dice el responsable de la
seguridad del país, Omar García Harfuch. *** “La siguiente lámina muestra el
desglose de los homicidios dolosos por entidad federativa, registrados en el primer
semestre del 2026. En este periodo, ocho entidades federativas concentraron el
54 por ciento del total de los homicidios dolosos en todo el país: En primer lugar
está Guanajuato, que representó el 8.8 por ciento del total de homicidios a nivel
nacional; en segundo lugar, Baja California que representa el 8.1 un por ciento del
total; en tercer lugar, Chihuahua con un 7.8 por ciento; le sigue Sinaloa, en cuarto
lugar; en quinto lugar, el Estado de México; en sexto lugar, Guerrero; en séptimo,
Morelos y en octavo lugar, Veracruz”. *** Aunque, claro, se trata del mismo
funcionario que prometió, esta misma mañana: “En el Gobierno de México no
habrá impunidad para quienes atenten contra la vida de periodistas ni para
quienes pretendan vulnerar el derecho a la libertad de expresión mediante el
abuso de un cargo público o integrantes de una organización criminal”. ***
Seguramente las organizaciones criminales están temblando de miedo: “ya no
toquen a los periodistas, que ya se enojó García Harfuch”. Del discurso a los
hechos hay mucha distancia.
filivargas@gmail.com
