Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Apenas la semana pasada estuvo en tierras veracruzanas la presidente Claudia
Sheinbaum, quien llegó acompañada de su gabinete de seguridad. *** En su
conferencia de prensa dedicaron buena parte del tiempo a hablar de los
“importantes logros” alcanzados en el combate a la delincuencia, “producto de la
labor coordinada del estado y la federación”. *** Nada de eso, sin embargo, se
percibe en el día a día de los veracruzanos. El ejemplo más lamentable es el
municipio de Acayucan, donde se registró otra masacre. *** La tarde de este
miércoles, en un negocio de piezas automotrices usadas (“chatarrera”), cuatro
hombres fueron asesinados a balazos. *** El ataque se registró en un predio
ubicado en la calle Prolongación Javier Mina, casi esquina con Ruiz Cortines,
colonia Miguel Alemán. Los reportes indican que varios sujetos llegaron hasta el
establecimiento y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra quienes se
encontraban en el interior. *** Los vecinos dicen haber escuchado los disparos, por
lo que avisaron a la policía. A su llegada, las autoridades confirmaron la presencia
de cuatro cuerpos sin vida. *** Trascendió que dos de las víctimas respondían a
los nombres de José Luis Román, de 29 años, y Benito Ortiz Crisanto, conocido
como “El Mudito”. *** En un par de semanas volverá Claudia Sheinbaum.
¿Insistirán en que “todo marcha bien” en Veracruz?
El problema de los gobernantes de Morena es que hasta los temas más simples,
los asuntos cotidianos, se les complican. A veces por falta de experiencia, o
porque no cubren el perfil que se requiere para el cargo o -también- por esa
soberbia que les impide reconocer que necesitan ayuda o asesoría.
El ajuste a las tarifas del transporte público es el mejor ejemplo de ello. Valga decir
que por considerarlo “un tema sensible para la sociedad”, muchos gobernantes
pasaron y, a pesar de reconocer que hacía falta elevar las tarifas, no se atrevieron
a hacerlo.
No se trata, sin embargo, de un tema de simples números. La propia ley en la
materia advierte que las tarifas estarán basadas en estudios socioeconómicos.
Debe ser una cantidad suficiente para que el empresario trasportista esté en
posibilidades de darle mantenimiento continuo a sus unidades, pero que, además,
no represente una afectación severa a la economía de los ciudadanos.
No es una fórmula sencilla, pero hay especialistas que pueden desglosar esos
temas y aproximarse a una propuesta más justa para todos. Una vez resuelta esa
ecuación, la autoridad debe aplicarla en cada núcleo urbano de la entidad (el
problema no es sólo en Xalapa) y, al final, informar con suficiente anticipación a
transportistas y pasajeros sobre tal ajuste tarifario.
Cada aumento, además, debe ir aparejado con una detallada revisión de las
unidades que prestan el servicio. Está en la ley -aunque no se cumple- que año
con año los transportistas deben someter sus vehículos a exhaustivas revisiones
sobre sus condiciones mecánicas y de comodidad para los pasajeros.
Es natural que hoy los usuarios reclamen por el aumento, porque pagarán mucho
más (33 por ciento) para recibir el mismo servicio deficiente. De nada sirve que las
autoridades y los propios empresarios del transporte prometan que “se van a
mejorar las condiciones de las unidades”, si no se imponen plazos, si no se
definen sanciones en caso de incumplimiento.
Desde la óptica del usuario, no son más que promesas para calmar a quienes
protestan.
Esta semana el dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Luis Carbonell
de la Hoz, anunció que gestionará un amparo para frenar el aumento a la tarifa del
transporte público en Xalapa, el que calificó de “injustificado y sorpresivo”.
Dijo que es una decisión que afecta directamente a la ciudadanía, sin tomar en
cuenta las condiciones reales del servicio que se presta.
“Como xalapeño, estoy profundamente indignado. Una vez más, el Gobierno del
Estado nos da la espalda a los xalapeños. De manera sorpresiva y absurda, nos
aumentaron la tarifa”, señaló.
Y no fue el único.
El senador Manuel Huerta (de Morena) sugirió abrir un debate sobre movilidad y
justicia social en Veracruz, pues consideró que el ajuste a la tarifa del transporte
urbano en Xalapa debe discutirse “más allá de posturas partidistas y con la
participación de la ciudadanía”.
Admitió que el amparo es una vía por la que pueden transitar quienes se sientan
afectados.
“El amparo siempre será un derecho legítimo de los ciudadanos frente a una
medida administrativa mal instrumentada que pueda vulnerar derechos. En este
caso, hablamos del derecho al bienestar, al transporte y a la movilidad”, expresó.
Desde su óptica, el incremento de 3 pesos al pasaje en Xalapa es
“desproporcionado”.
¿Cómo se definió el porcentaje de aumento? ¿Qué sucederá en otros núcleos
urbanos de la entidad? ¿Se hicieron, de verdad, estudios técnicos? ¿Quién los
tiene? ¿Por qué no los hacen públicos?
¡Tan fácil -y conveniente- que sería trasparentar el procedimiento!
Epílogo.
La elección municipal extraordinaria de Tamiahua promete ser un interesante
laboratorio para las fuerzas políticas aliadas en eso que llaman “la cuarta
transformación”. *** En la elección del año pasado esos tres partidos (Morena,
Verde y PT) compitieron separados y se impuso -aunque con trampa- la candidata
del Partido Verde. Para la elección extraordinaria anunciaron que analizarían la
posibilidad de ir en alianza, pero sus dirigentes no lograron ponerse de acuerdo.
*** Por lo pronto, el Partido del Trabajo ya anunció que llevará su propia
propuesta, lo que augura que terminarán, una vez más, divididos.
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