Prosa aprisa
Arturo Reyes Isidoro
Corre ya marzo, con el que se cerrará el primer trimestre del año, mes en el que deberán ser
entregadas las obras públicas pendientes de 2025, que debieron haber sido concluidas y puestas
en servicio en diciembre pasado. El compromiso oficial es que cumplirán, por lo que en los
siguientes 29 días Veracruz deberá ser otro si en efecto se cumple.
Como es del dominio público, el rezago que se tiene es por el retraso con el que se iniciaron los
trabajos el año pasado, prácticamente ocho meses después de iniciado 2025, sin que hasta la
fecha se haya dado una explicación de por qué, porque se supone que dinero había, ya que la
propia gobernadora ha dicho que el problema en Veracruz no es el dinero.
Al margen de lo pendiente, el Artículo 23 de la Ley de Obras Públicas actualizada por la
gobernadora en agosto pasado, establece muy claramente que los Entes Públicos, según las
características de complejidad y magnitud de los trabajos, formularán sus programas anuales de
obras públicas, así como los que abarquen más de un ejercicio presupuestal, con sus respectivos
presupuestos. En caso de tratarse de obras multianuales, comprenderá el presupuesto total,
exceptuándose los casos en que la obra se realice por etapas.
El programa de la obra pública –establece la normatividad– indicará las fechas estimadas de inicio
y terminación de todas sus fases, considerando las acciones previas a su inicio y las características
ambientales, climatológicas y geográficas de la región donde deba realizarse. Pero resulta que es
la fecha y hora en que para nada se habla de lo que se tiene programado para construir este año,
por lo que todo indica que se volverá a repetir el problema del año pasado.
Se paran el cuello con el trabajo de la SICT
La mayor parte de las carreteras del estado siguen como para ponerse a llorar por el muy mal
estado en que se encuentran, con la excepción de los tramos a los que les ha metido mano la
Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), trabajos con los que se para el
cuello y se quiere adornar el Gobierno del Estado presumiéndolos como si fueran suyos. No han
anunciado qué obras se harán ni cuándo se licitarán o adjudicarán, y el tiempo corre.
La ley respectiva bien indica que las obras deben tener estimadas las fechas de inicio y conclusión
considerando “las características ambientales, climatológicas y geográficas de la región” donde
deban realizarse. Se supone que esto no se puso en el texto nada más porque a alguien se le
ocurrió, sino porque la experiencia ha enseñado que si no se aprovechan los tiempos de secas,
cuando se puede trabajar y avanzar bien, luego la situación se complica.
Marzo y abril son buenos meses para hacer obras, porque ya en mayo vienen las lluvias, aunque
todavía junio, julio y agosto permiten construir bien. Por lo pronto, ya se perdieron los primeros
tres meses del año. En el actual gobierno se atienen a y han distorsionado la excepción del Fondo
de Infraestructura Social para las Entidades (FISE) que permite aplicar recursos del año anterior
hasta marzo del siguiente. Pero debe ser una excepción por causas verdaderamente especiales.
Todo el recurso que no se ejerza deberá ser reintegrado al gobierno federal.
Si esto llega a suceder, el problema se agrava pues se recortan recursos para el próximo año en las
áreas en las que no se ejercieron, ya que el gobierno federal da por hecho que si no se usaron fue
porque no se necesitan. Colateralmente se dañan las economías regionales y se daña la
generación de miles de empleos por la mano de obra que se desaprovecha.
Con algo más. De hecho, este es el único año que tiene el gobierno para trabajar de tiempo
completo sin distraerse ni distraer recursos, ya que en 2027 viene la elección de diputados locales
y federales, están considerando que en 2028 sea la elección de lo que falta para renovar el Poder
Judicial y la consulta de revocación de mandato, si no la evitan, en 2029 vendrá el cambio de
autoridades municipales, y 2030 será el año de la renovación de la gubernatura.
Gravita en contra, además, el hecho de que al frente de la Secretaría de Infraestructura y Obras
Públicas está una persona que no conoce el estado (Leonardo Cornejo Serrano, originario de
Guanajuato, quien nunca antes había vivido en Veracruz), cuya trayectoria y experiencia se reducía
a Pemex antes de llegar a la SIOP.
El argumento de una madre con dos hijos desaparecidos
“Los hijos no son negociables, son dolor, desesperación, tristeza, impotencia, depresión y uno no
tiene por qué negociar los hijos, están pidiendo algo que no nos corresponde”, declaró, y yo creo
que con toda razón, la madre buscadora de dos hijos desaparecidos, Elvira Gómez López, del
colectivo Madres Luna de la Cuenca. Se pronunció a propósito de la protesta y toma de las oficinas
de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral a Víctimas (CEEAIV), con el consiguiente
cierre de un tramo de la avenida Américas.
Argumentó la señora que cuando las madres realmente están buscando a sus hijos no tienen
tiempo de hacer protestas, e hizo un serio señalamiento contra quienes se manifestaron este
lunes: solo quieren seguir gozando de privilegios que “en otras administraciones se les dieron”. En
realidad, se refería a la pasada administración de Cuitláhuac García Jiménez. Aclaró que ella no
defiende a nadie, pero por lo que dijo da la razón a la actual titular de la CEEAIV, Namiko
Matzumoto.
Esta, por separado, dijo que los apoyos que se les dan a los colectivos no han sido cancelados,
pero que a diferencia de su antecesor en el cargo, ella está pidiendo que se cumpla con la
normatividad de que se compruebe el gasto de los recursos, pues cuando llegó al cargo se
encontró con que hay 25 millones de pesos entregados en el pasado reciente sin soporte
documental. Recordó que se trata de recursos públicos y que se deben ejercer con transparencia.
El tema es delicado, pero, en mi caso, creo que Elvira tiene la razón y Namiko también. Con o sin
recursos, cualquier padre con hijo desaparecido lo busca sin más límite que sus fuerzas, hasta
donde se lo permitan, y para esa causa son inagotables.
De todos modos, las inconformes dijeron que los apoyos que reciben para diligencias y búsquedas
son comprobables y que han entregado documentación cuando se les ha requerido. “Las
comprobaciones las comprobamos. A veces se atrasaban, pero eso no quiere decir que no
podamos comprobar los 350 pesos de alimentos que nos dan cuando vamos a búsqueda”. De
acuerdo a esas madres buscadoras, el problema central no es administrativo, sino de “trato
institucional y restricciones operativas”.
Ojalá y no se desvirtúe una buena causa, se aclare la situación y todo marche en orden, que es
decir, con transparencia.
Una foto da sentido a comentario de Julio Scherer en su libro
En su libro Ni venganza ni perdón, Julio Scherer Ibarra menciona que Rocío Nahle como Secretaria
de Energía fue manipulada por Manuel Bartlett, director entonces de la Comisión Federal de
Electricidad. El exconsejero Jurídico de la Presidencia los señala como responsables de la
destrucción de manglares en el terreno en que fue construida la refinería de Dos Bocas, en
Tabasco, sin permisos ambientales. Nahle respondió acusando de desleal a Scherer.
Fotografías publicadas el domingo con motivo de un festejo por los 90 años del exSecretario de
Gobernación priista, en la ciudad de Puebla, dan sentido a la relación que señaló Scherer. Ahí
estuvo, entre dinosaurios tricolores, el Secretario de Finanzas del gobierno de Rocío, Miguel Reyes
Hernández, lo que necesariamente hace pensar y creer entonces que Bartlett se lo impuso y vaya
uno a saber si hasta influye en el manejo de las finanzas estatales.
Eso me explica también porque Reyes Hernández combate y bloquea a secretarios de despacho de
la propia administración de Nahle, e incluso ha desatado comentarios mediáticos en contra de
varios de ellos, aunque estos aguantan vara y permanecen callados. Ahora se entiende porqué se
cree y siente poderoso, si sabe que la sombra de su poderoso padrino cubre a la gobernadora. Ver
para creer.
