Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Ya es repetitiva la exhibición en redes sociales de la incapacidad, la inoperancia y
falta de capacidad de los nuevos juzgadores, quienes llegaron a su cargo gracias
a la voluntad de un partido político, sin tener que demostrar su conocimiento ni
experiencia en el tema. *** Eso, sin embargo, no debe nublar nuestra mente sobre
el desempeño de “los otros”, los que se quedaron, los que serán relevados -si no
sucede otra cosa antes- en el 2027. *** El nuevo Tribunal de Disciplina Judicial,
que sustituye en buena parte las funciones del Consejo de la Judicatura, es el
responsable de vigilar el desempeño de los juzgadores. *** Hasta ese organismo
llegó ya una queja el pasado 12 de septiembre. Es contra Rodrigo Ceballos
Magaña, juez mixto de primera instancia en el Distrito Judicial de Tantoyuca,
contra quien se pide un “procedimiento administrativo sancionador”. *** Al narrar
los hechos, el denunciante detalla: “acudí al Juzgado para solicitar copias
certificadas, me di cuenta de que la diligencia aún no se firmaba por el juez, y al
entrar a hablar con él, me dijo que no la firmaría, que ya le habían hablado unos
políticos del Distrito, que ese asunto les interesaba porque no querían se
mencionara a un presidente municipal electo o diputado de nombre Roberto
Francisco San Román Solano y, por tanto, no firmaría la Diligencia”. *** Narra el
quejoso que el pasado 8 de septiembre el mencionado juez emitió su resolución
en la que niega la medida solicitada (depósito de personas) pues dijo que no
observaba riesgo inminente en los menores. *** Sin embargo, el juez no acudió a
la diligencia mediante la cual se cercioraría de la necesidad de la medida, por lo
que en su resolución asentó hechos que no le constaban. *** “Con ello me di
cuenta que el servidor público atentó contra los principios que rigen el servicio
público, porque emitió una resolución utilizando hechos que no le constaron, pero
además realizando su conducta omisiva que vicia la administración de Justicia, en
aras de proteger los intereses de un político local”, afirma el quejoso.
El periodista Sergio Sarmiento, colaborador del periódico Reforma, recordó este
jueves las palabras de la presidente Claudia Sheinbaum: “Si algún miembro del
gobierno o incluso de las fuerzas armadas” es parte de una ilegalidad, “fortalece a
las instituciones llegar al fondo”.
También se refirió a lo expresado por el almirante Raymundo Pedro Morales
Ángeles, actual secretario de Marina, el pasado 16 de septiembre: “Fue muy duro
aceptarlo, pero hubiera sido mucho más, y absolutamente imperdonable, callarlo”.
Se refería, por supuesto, a la vinculación de altos mandos de la Secretaría de
Marina en el gran entramado de contrabando de combustible, lo que se conoce
como “huachicol fiscal”.
Sergio Sarmiento llama la atención, sin embargo, sobre el alcance que pudiera
tener la investigación sobre este delito:
“Me parece positivo también que se haya actuado en este gobierno contra los
presuntos responsables del contrabando, pero eso no significa que deba
exonerarse de antemano a quienes pudieron haberlos protegido”.
Esa es, en realidad, la siguiente etapa de esta investigación: saber hasta dónde
llegó, en la estructura vertical de mando, el efecto corruptor del “huachicol fiscal”.
Una luz sobre eso nos la da el analista Salvador García Soto, en su colaboración
para El Universal:
“Al final, como dijera el clásico, ‘haiga sido como haiga sido’, está claro que en
Morena muchos están nerviosos y preocupados porque la corrupción desbordada
que prevaleció en el sexenio de López Obrador, de la que fueron partícipes
muchos de los altos mandos civiles y militares de ese gobierno, hoy empieza a
aflorar y a investigarse”.
En Veracruz hay dos personajes que, si no están involucrados, seguramente
saben mucho de toda esa red de corrupción,
Una es la gobernadora Rocío Nahle, quien era -cuando inició este negocio ilegal
de combustible- la secretaria de Energía en el gobierno federal. Entre sus tareas
estaba, precisamente, la de coordinar esfuerzos de diversas instancias oficiales,
para combatir el huachicol, que en ese entonces se concebía sólo como el robo
del combustible que Pemex conduce a todo el país a través de oleoductos.
A partir de que se trasladó el negocio a la importación ilegal (lo hacían pasar por
aceites u otros productos que no requerían el pago del Impuesto Especial para
Productos y Servicios, IEPS) a la red de complicidades se sumaron altos mandos
de las aduanas del país.
Sobre la gobernadora está el señalamiento directo del general Eduardo León
Trauwitz, quien fuera subdirector de Salvaguardia Estratégica de Pemex. Él
asegura que entregó a la entonces secretaria de Energía “una carpeta con más de
300 hojas, gráficas, ubicaciones y nombres sobre el robo de hidrocarburo”.
Rocío Nahle aclara que la información que recibió del exmilitar fue “irrelevante”,
aunque -según León Trauwitz- se trataba de datos que provenían de sistemas de
monitoreo operados por el Ejército y la Fuerza Aérea, en los que se evidenciaba la
infiltración del crimen organizado.
Sobre Ricardo Ahued, que tuvo un paso breve por la Dirección de Aduanas, hay
otra narrativa. Quienes lo conocen aseguran que su salida de esa instancia federal
fue, justamente, porque se percató del grado de corrupción que ahí imperaba. “Le
informó al presidente lo que encontró y le presentó su renuncia”, comentan.
Si le damos crédito a esa versión, estaríamos asumiendo que López Obrador sí
fue informado de lo que sucedía en las aduanas, lo que hasta ahora se empeñan
en negar.
Raymundo Riva Palacio, columnista de El Financiero, describe con precisión lo
que está sucediendo:
“El andamiaje moral del lopezobradorismo se está derrumbando no por las críticas
de la oposición, sino porque la realidad lo está exhibiendo. Y cuando la narrativa
ya no sostiene la credibilidad, lo único que queda es la propaganda. Pero la
historia ha demostrado que ningún gobierno sobrevive mucho tiempo sostenido en
la mentira. El desenlace no siempre llega en el poder; a veces, el ajuste ocurre
después, cuando se pierde el miedo, empieza a circular documentación antes
secreta y los cómplices se transforman en delatores. Es lo que en México se llama
‘el séptimo año de gobierno’”.
Epílogo.
Ni el gobierno estatal, ni el ayuntamiento de Coatzacoalcos, cumplieron con
compromisos plasmados en una minuta. Sin embargo, el “gran logro” de los
habitantes de Tatahuicapan fue que “los perdonaran”, por haber dejado sin agua
durante tres días a Coatzacoalcos, Minatitlán y Cosoleacaque. *** A cambio de
ello, la línea de conducción al tanque de almacenamiento, lo mismo que los
puentes y caminos prometidos para este año “se considerarán dentro del
Programa General de Inversión para el ejercicio fiscal 2026”. *** Lo bueno es que
en esta administración “se privilegia el diálogo”.
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