AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Ayer, en su conferencia mañanera de Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum
reconoció el trabajo que realiza la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, para sanear las
finanzas del estado, destacando la liquidación de adeudos que, desde hace una década, por
lo menos, arrastraba el gobierno estatal con el Servicio de Administración Tributaria (SAT)
así como el pago anticipado de la bursatilización que desde hace ocho años sangraba las
participaciones federales de 199 de los 212 municipios de la entidad.
Sin embargo, la administración de la mandataria veracruzana está por enfrentar otro
paquetazo financiero: el del Instituto de Pensiones del Estado (IPE), que todavía no padece
los problemas críticos de liquidez que ya enfrentan otros sistemas pensionarios del país,
pero que más temprano que tarde también deberá afrontarlos si es que no explora y
concreta pronto una solución.
El grupo legislativo de Morena en la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión acaba
de advertir que diversas instituciones ya recurren a subsidios para cubrir sus obligaciones
pensionarias y otras comenzarán a necesitarlos entre 2025 y 2042 o después de ese periodo.
El diputado federal Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de la bancada morenista en
el Palacio Legislativo de San Lázaro, explicó que entre las razones por las cuales se acude a
ese esquema financiero es que se encuentra una menor relación entre personas activas y en
retiro. Y cuando ello sucede –dijo– se registra una mayor presión financiera, pues las
aportaciones de una base reducida de trabajadores deben contribuir al pago de un número
creciente de pensiones.
Ramírez Cuéllar –paisano, por cierto, de Rocío Nahle, pues nació también en Río Grande,
Zacatecas– señaló que los casos con mayor apremio actualmente son Morelos, Coahuila
Magisterio, San Luis Potosí Telesecundaria y Sinaloa Issstesin, que registran menos de dos
personas activas por cada retirado.
Al plantear la necesidad de una nueva ley en esta materia, subrayó que entre los sistemas
pensionarios que requerirían subsidios durante 2025-2030 se encuentran los de Campeche,
Colima, Durango, Nuevo León, San Luis Potosí, Sinaloa, Tlaxcala… y Veracruz.
Apuntó que otras entidades como Jalisco, Tamaulipas y Zacatecas comenzarían a recurrir a
apoyos entre 2031 y 2036; mientras que Michoacán lo haría de 2037 a 2042, y
Aguascalientes y Guanajuato después de 2042.
En tanto que Jalisco, Tamaulipas y Zacatecas comenzarían a recurrir a apoyos entre 2031 y
2036; Michoacán de 2037 a 2042, y Aguascalientes y Guanajuato después de 2042.
Ramírez Cuéllar –diputado federal muy cercano a la presidenta Sheinbaum– destacó que el
costo para los gobiernos estatales aumentará de manera importante debido a sus
aportaciones ordinarias y los subsidios necesarios para cubrir el déficit de los sistemas de
pensiones.
Al participar en un foro sobre la situación en la que se encuentra la seguridad social, el
legislador morenista recordó que los esquemas locales cubren principalmente a servidores
públicos y trabajadores universitarios, equivalente a 12 por ciento de la población
económicamente activa.
Originalmente esos modelos operaban bajo directrices de beneficios definidos, con
pensiones por antigüedad –sin una edad mínima estricta– equivalentes hasta el 100 por
ciento del salario, vitalicias, dinámicas y transferibles a beneficiarios.
El vicecoordinador de los diputados federales de Morena resaltó que en muchos casos no
existe una relación directa entre las aportaciones realizadas y los beneficios otorgados,
además de que las reservas financieras son reducidas o prácticamente inexistentes.
Sostuvo que las reformas en esta área no eliminan inmediatamente las presiones
financieras, pues el costo inercial de las generaciones amparadas por los sistemas anteriores
puede continuar aumentando durante varias décadas.
Una nueva legislación, agregó, debe buscar equilibrio entre sostenibilidad económica,
viabilidad política y protección social, evitando que el ajuste financiero implique pérdida de
derechos o que la ampliación de beneficios genere obligaciones imposibles de financiar.
El jueves antepasado comentábamos aquí que, en el caso de Veracruz, ese desafío adquiere
una dimensión muy concreta. De acuerdo con el Informe Anual de Actividades 2025 del
Instituto de Pensiones del Estado (IPE), el sistema atiende actualmente a más de 37 mil
pensionistas y jubilados, mientras que alrededor de 98 mil trabajadores activos sostienen el
fondo solidario. Esto significa que existen aproximadamente 2.6 trabajadores activos por
cada pensionista, una relación que ha disminuido con el paso del tiempo y que refleja las
mismas tendencias demográficas observadas en otros sistemas pensionarios.
Cada mes, el IPE destina alrededor de 800 millones de pesos para cubrir oportunamente el
pago de las pensiones. Al año, ello representa más de 10 mil millones de pesos, una cifra
que permite dimensionar la magnitud del compromiso que el sistema asume puntualmente
con miles de familias veracruzanas. Pero el Instituto de Pensiones debe prepararse para
seguir cumpliendo en las décadas siguientes.
Apuntábamos que además de administrar la nómina pensionaria, el IPE fortalece los
elementos que respaldan su sostenibilidad financiera, citando que según el Informe Anual
2025 reportaba un patrimonio institucional superior a 6 mil 193 millones de pesos y una
Reserva Técnica histórica de 3 mil 211 millones de pesos, activos que no representan
recursos ociosos, sino el respaldo financiero que permite enfrentar obligaciones futuras.
Y puntualizábamos que, en ese mismo sentido, las cuotas y aportaciones constituyen una
fuente esencial de financiamiento, pero no la única. La recuperación de adeudos históricos,
los rendimientos financieros, la administración del patrimonio inmobiliario y el
fortalecimiento de los procesos de cobranza forman parte de una estrategia orientada a
preservar el equilibrio del sistema. Porque la sostenibilidad no depende de una sola
decisión, sino de muchas acciones que, en conjunto, buscan proteger la capacidad
financiera del Instituto.
SALE CLAUDIA TELLO DE LA SEV;
LLEGA SU SUPLENTE EN EL SENADO
Ayer, en un video que difundió en sus redes sociales, la gobernadora Rocío Nahle anunció
la salida de Claudia Tello de la Secretaría de Educación de Veracruz y el arribo como
titular de la SEV de Raquel Bonilla Herrera, la ex diputada federal morenista de Poza Rica
que desde diciembre de 2024 hasta ahora venía supliendo también a Tello Espinosa en el
Senado de la República.
En cuanto trascendió su nombramiento como encargada del sistema educativo de la
entidad, se cuestionó si cumplía con el requisito de contar con un título profesional.
Sus malquerientes rastrearon en Wikipedia, pero se toparon con dos versiones
contradictorias. Una indicaba que había dejado trunca la Licenciatura en Derecho
supuestamente en la Universidad Veracruzana (UV), y otra que la registra como Licenciada
en Derecho por la Universidad de la Huasteca Veracruzana.
Igualmente sucede con su fecha y lugar de nacimiento. Una versión dice que nació en
Coatzintla el 17 de marzo de 1984, y otra que en Poza Rica el mismo año, pero… ¡el 17 de
mayo!
Vaya enredos.
