AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Les guste o no a sus detractores, Rocío Nahle es la gobernadora constitucional de Veracruz,
y desearle o esperar que le vaya mal a su administración es atentar contra los legítimos
intereses del pueblo veracruzano. De él formamos parte todos, sin importar militancia
partidista, credo religioso o estatus social o económico.
Nahle no trajo a los grupos criminales que desangran a la entidad, pero está obligada a
combatirlos. Tampoco llegaron con su antecesor de Morena, aunque el ex gobernador
Cuitláhuac García y sus exsecretarios de Gobierno y de Seguridad Pública sí debieran
rendir cuentas por haberlos tolerado en vez de contenerlos y expulsarlos.
Desde varios sexenios atrás, los grupos delincuenciales han cohabitado siempre con los
gobiernos en turno de Veracruz, antes del PRI y PAN. Pero cada vez se volvieron más
violentos y fueron ampliando sus catálogos de delitos. La extorsión apareció con Los Zetas
luego de que al inicio del régimen del gobernador priista Fidel Herrera Beltrán (2004-
2010), el entonces brazo armado del Cártel del Golfo, encabezado por Heriberto Lazcano,
un ex militar, se escindió de la organización que lideraba el capo Osiel Cárdenas Guillén
desde Tamaulipas, desplazándola de nuestro estado y de otros más, desde Tabasco hasta
Quintana Roo.
Precisamente del gobierno fidelista se cuenta aquella anécdota de un próspero empresario
restaurantero de la zona conurbada Veracruz-Boca del Río que, aprovechando la visita del
mandatario, le pidió que lo ayudara porque los criminales le estaban exigiendo el pago de
50 mil pesos. “¡Pues págales y evítate problemas!”, cuentan que le respondió enfadado
Herrera Beltrán, a quien el dueño del negocio nunca le obsequió ni le permitió introducir a
su establecimiento una botella de vino de mesa.
Desde entonces, el estado se fue descomponiendo cada vez más. Luego con Javier Duarte,
también del PRI; después con Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN-PRD, y
posteriormente con el morenista Cuitláhuac García, cuyo sexenio inició en abril y agosto de
2019 con las masacres de los bares “Los Potros”, de Minatitlán, y “Caballo Blanco”, de
Coatzacoalcos, donde en total murieron acribilladas 44 personas, entre ellas un bebé al que
a pesar de estar muerto siguieron rafagueando. Los autores de esta atrocidad fueron sicarios
del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que en el régimen duartista apareció como
“Los Mata Zetas” y se expandió por casi toda la entidad, donde ahora son los principales
extorsionadores que se disputan la zona norte del estado con la llamada “Mafia
Veracruzana”, integrada por miembros de las llamadas Fuerzas Especiales Grupo Sombra
(FEGS), por algunos antiguos Zetas y por ex integrantes del Cártel del Golfo, cuya
presencia se focaliza en los municipios de Pánuco, Tuxpan, Tihuatlán, Cerro Azul y
Álamo-Temapache, donde el pasado 18 de este mes fue secuestrada Irma Hernández Cruz,
una maestra sexagenaria jubilada que poseía dos taxis y que apareció muerta seis días
después, luego de ser grabada en un video que dura apenas 26 segundos, rodeada por una
docena de sicarios que portan armas largas y que la obligaron a mandar un mensaje a los
demás taxistas de la región que se resisten a pagar sus cuotas.
Por este caso, hoy Nahle es blanco de una campaña mediática de sus adversarios políticos
que, como viles carroñeros, buscan lucrar con la tragedia de una familia que ha perdido a
una madre, una trabajadora honesta, una mujer veracruzana víctima de la violencia,
desvirtuando y manipulando las declaraciones de la gobernadora que lo único que hizo fue
compartir lo que los peritos forenses dictaminaron: que doña Irma murió a causa de un
infarto derivado obviamente del estrés extremo al que estuvo sometida durante su
secuestro. Una mera conclusión técnica.
La mandataria estatal no intentó encubrir un crimen ni “cerrar el caso”. Al contrario, dejó
claro que no habrá impunidad. Y ya cayeron los primeros dos sujetos implicados: Víctor N,
(a) “El Cholo” o “Moyo”, y José N, (a) “El Águila” o “El Gastón”, los cuales fueron
capturados con armas, drogas y dinero en el municipio de Cerro Azul. Y una tercera
implicada, Jeana Paola “N”, detenida en esa misma cabecera municipal con evidencia
clave: listas de extorsión, marihuana y cartuchos útiles.
Por supuesto que falta hacer mucho más, como en el Estado de México, donde desde abril
de 2024 se empezó a organizar el llamado “Operativo Enjambre” ante el hallazgo de 10
cuerpos en dos fosas clandestinas en el municipio de Nicolás Romero –deteniéndose a 11
policías municipales coludidos con los criminales–, el cual se extendió después a otros 11
municipios, donde fueron aprehendidos también alcaldes y 14 jefes policiacos amafiados
con la delincuencia organizada. Inclusive Isidro Cortés Jiménez, director de Seguridad
Ciudadana del municipio de Texcaltitlán, prefirió suicidarse de un disparo en vez de
entregarse a las autoridades ministeriales.
Y, el miércoles de la semana anterior, se anunció el desmantelamiento de una red de
extorsión también en el Edomex, donde el cartel de la Familia Michoacana controlaba la
economía de 14 municipios mexiquenses. El saldo del operativo “Liberación” fue de ocho
detenidos y la ubicación de 52 lugares de muy distinto perfil que formaban parte de las
operaciones del grupo criminal que controlaba la venta y precios desde los huevos y de la
carne hasta del cemento, del aluminio, de las minas de arena, del transporte y de la
paquetería, entre otros giros.
Nahle también debe “limpiar” al estado, y para ello cuenta con el apoyo de las fuerzas
federales, quienes le recomendaron a su secretario de Seguridad Pública, el Contralmirante
de Infantería Marina Fuerzas Especiales, Diplomado de Estado Mayor, Alfonso Reyes
Garcés, quien al hacer público su nombramiento a mediados de noviembre de 2024, publicó
en redes sociales: “Veracruz es la casa de la Marina, vamos a trabajar en el tema de
seguridad porque es un tema muy importante que todos los veracruzanos y veracruzanas
nos han estado pidiendo”.
¿Le estará dando resultados Reyes Garcés? A ocho meses de iniciada su administración, la
gobernadora debería hacer ya una acuciosa valoración.
La tolerancia cero no sólo debe ser hacia los criminales, sino también aplicarla a sus
colaboradores.
