AL PIE DE LA LETRA.
Raymundo Jiménez.
A estas alturas, el principal negativo de Rocío Nahle, precandidata única de Morena a
la gubernatura de Veracruz, ya no es sólo que haya nacido en Río Grande, Zacatecas,
ni sea hija de padres veracruzanos como exige la Constitución Política local para ser
gobernador (a); o que se equivoque en el número de municipios que tiene la entidad
que aspira a gobernar y desconozca los nombres de los alcaldes aliados que la apoyan,
sino que ahora, para ganarse la confianza y el voto del electorado, la morenista estará
obligada a responder sobre por qué su nombre se ha mencionado en dos delicados
casos criminales ocurridos en los últimos tres años: el del empresario huachicolero de
Tamaulipas, Sergio Carmona, ejecutado en noviembre de 2021 en una barbería de San
Pedro Garza García, Nuevo León, y el de Daniel Flores, el extinto contratista que
falleció al desplomarse sospechosamente su avión privado en el puerto de Veracruz el
28 de julio del año pasado, el cual fue el más favorecido en la construcción de la
refinería de Dos Bocas que le encomendó el presidente López Obrador a su ex
secretaria de Energía y cuyo costo casi se triplicó.
El lunes antepasado, 22 de enero, comentamos precisamente aquí sobre la serie de tres
capítulos titulada “Los teléfonos de Sergio Carmona”, publicada por Código Magenta y
basada en los archivos de los teléfonos celulares del empresario tamaulipeco que se
convirtió en uno de los operadores financieros más relevantes de las estructuras electorales
del obradorismo.
Referíamos que el medio digital regiomontano, que dirige el experimentado periodista
Ramón Alberto Garza García, posee comunicaciones, documentos bancarios, contratos,
conversaciones de WhatsApp, videos e imágenes que se cruzan con reportes de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF), bitácoras de vuelo e información de las autoridades de
inteligencia de México y de Estados Unidos para exhibir los vínculos de la élite política de
la 4T con quien fuera el empresario más importante de la importación ilegal de combustible
en México.
Código Magenta reseña que la información de los teléfonos perdidos muestra la red de
contactos directos de Sergio Carmona, quien a principios del 2021, meses antes de que lo
ejecutaran, financió campañas políticas de Morena por 500 millones de pesos y que en ese
año obtuvo al menos 1,500 millones de pesos en contratos federales asignados a Grupo
Industrial Permart y Grupo Industrial Joser.
Carmona consolidó su poder en 2019, en los primeros meses de la actual administración
obradorista, cuando Ricardo Peralta, administrador General de Aduanas, designó como
administrador de la aduana de Reynosa a su hermano Julio Carmona, quien huyó a Estados
Unidos inmediatamente después del asesinato del empresario y se reunió con funcionarios
del aparato de inteligencia y de justicia norteamericano.
Código Magenta refiere que Julio Carmona explicó que el gran negocio estaba en la
evasión de impuestos: una red de importadores con permisos especiales otorgados por la
Secretaría de Energía, a cargo entonces de Rocío Nahle, que se dedica al tráfico de
combustible. En los documentos oficiales, declaran la mercancía transportada como aceites
y omiten el pago de una cuota fija por litro de gasolina establecida en la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios.
El medio digital señala, además, que la Secretaría de Energía, que durante cinco años
encabezó Nahle, facilitó el crecimiento de esta industria, al congelar los permisos de
importación de combustible en México y asignarlos únicamente a figuras con conexiones
políticas. Actualmente, según precisa Código Magenta, sólo existen ocho permisos vigentes
de importación de gasolina en el país.
En su primera entrevista con agentes estadounidenses, Julio Carmona habló de que las
ganancias de su hermano Sergio en el negocio ilegal de huachicol eran de 360 millones de
pesos al año, de acuerdo a documentos revisados por Código Magenta. Sin embargo, la
publicación consigna que reportes de inteligencia norteamericanos estiman que esta cifra
está subestimada, por mucho.
El otro caso es el de Daniel Flores, un contratista que falleció al desplomarse su avión
unos minutos después de haber despegado del aeropuerto “Heriberto Jara Corona”, de
la ciudad de Veracruz. Ese día, Flores había acompañado a su amigo, el ex secretario
de Gobernación, Adán Augusto López, a un evento que sus simpatizantes le
organizaron en la sierra de Zongolica al aspirante a la candidatura presidencial de
Morena.
Anteayer, Latinus publicó un trabajo periodístico del reportero Mario Gutiérrez Vega,
en el que nuevamente se implica a Nahle, pues señala que “siempre se había dicho que
Daniel Flores era el número uno de Proyecta Industrial de México, una empresa central
en la construcción de la refinería de Dos Bocas y que ha obtenido contratos de
Petróleos Mexicanos y de la Comisión Federal de Electricidad, los cuales suman más
de 30 mil millones de pesos”. Sin embargo, de acuerdo a los audios obtenidos por la
plataforma digital a cargo de Carlos Loret de Mola, revelan que el dueño de facto de
esta compañía es Amílcar Olán, el amigo de los hermanos Andrés y Gonzalo López
Beltrán, hijos del presidente de México, conocidos como “El Clan”, por ser parte de
una red de tráfico de influencias y negocios en el gobierno federal.
“En sus conversaciones, Amílcar habla con lujo de detalle sobre la operación de la
multimillonaria Proyecta Industrial de México, sus ganancias, los contratos que tiene y
la situación financiera por la que atraviesa. Sabe todo de la empresa y cuando se refiere
a ella, presume su propiedad”, reseña el reportero de Latinus.
Hasta ahora, a poco más de cinco meses, la sorpresiva muerte de Daniel Flores sigue
siendo un misterio porque ni las autoridades ni sus amigos ni en Palacio Nacional han
informado las causas del sospechoso desplome de la aeronave particular del contratista
favorito de Dos Bocas.
Actualmente, el presidente López Obrador está más interesado en el crimen de Luis
Donaldo Colosio Murrieta, el candidato presidencial del PRI asesinado el 23 de marzo
de 1994, hace casi 30 años, en Lomas Taurinas, una colonia marginada de la ciudad de
Tijuana, Baja California.
Este lunes, en respuesta a una nota del diario Reforma, acerca de que el juez Jesús
Alberto Chávez Hernández había frenado por ahora el intento de la Fiscalía General de
la República (FGR) que, en año electoral, pretende revivir la teoría del complot” y va
por el “segundo tirador” en el magnicidio de Colosio Murrieta –refiriéndose al ex
agente del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), Jorge Antonio
Sanchez Ortega, que fue liberado por presuntas gestiones de Jorge Tello Peón y Genaro
García Luna, sus jefes superiores en la citada agencia de inteligencia civil del gobierno
federal–, Luis Donaldo Colosio Riojas, presidente municipal de Monterrey, le pidió a
López Obrador que indulte al asesino confeso de su padre.
“Este asunto ha estado muy manoseado y no es justo para la gente, incluida la familia, que
estén dando… no quiero decir falsas esperanzas, pero que estén reciclando el tema con tal
de sacar una raja política. Apelo a la compasión del Presidente, yo digo que mejor indulte a
Mario Aburto, que lo indulte, que dé un carpetazo final, que permite que tanto mi familia
como México sanemos”, expresó el munícipe regiomontano que será candidato de
Movimiento Ciudadano al Senado de la República.
Colosio Riojas señaló que la justicia quedó a deber por el asesinato de su padre. “Lo que
pido es que se haga justicia, pero si no se puede hacer justicia, mínimo que se empiece con
el perdón”, afirmó.
Sin embargo, ayer, el presidente rechazó conceder el indulto. “Aprovecho para contestarle
al hijo de Luis Donaldo que me pide que yo indulte (a Mario Aburto). Quiero contestar que
no puedo hacerlo, sé que él ya no quiere, sus familiares, saber nada de esto que fue terrible,
pero se trata de un asunto de Estado y que yo quiero, en lo que a mí corresponde, que no se
deje de investigar”, expresó el mandatario durante su conferencia mañanera en Palacio
Nacional.
López Obrador dijo que es un asunto de suma importancia, ya que asesinaron a un
candidato presidencial, por lo que el crimen no puede quedar impune y tampoco le puede
dar carpetazo al asunto como propuso Colosio Riojas, luego de que la FGR confirmara que
hubo un segundo tirador en el atentado contra el candidato presidencial priista.
“Aquí se hicieron todas las investigaciones y sí se llegó a demostrar que había un segundo
tirador. Quienes manejaron este asunto, esta investigación, llegaron a esta conclusión y en
su momento también se dio a conocer que había un segundo tirador y se le identificó o por
lo menos se constató que una segunda persona había estado vinculada y tenía sangre que
pertenecía al finado Colosio (…), incluso se descarta la posibilidad de que Aburto haya
vuelto a disparar porque creo que el otro disparo (que tenía Colosio) está en el abdomen”,
explicó el presidente.
¿Por qué no se investiga también, con ese mismo interés y meticulosidad, el avionazo de
Daniel Flores, el contratista favorito de Dos Bocas, de quien, por cierto, dicen que horas
antes del accidente aéreo en el puerto de Veracruz había estado en Palacio Nacional?
¿En las grabaciones que dice tener en su poder Latinus, qué es lo que habla por teléfono
con la entonces secretaria de Energía, Rocío Nahle, el tabasqueño Amílcar Olán, el amigo
de los hijos de López Obrador que se quedó con las empresas del extinto empresario?
¿El electorado veracruzano no merece saber la verdad?