Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Difícilmente alguien podrá cuestionar la trayectoria de José Manuel Pozos Castro,
en el servicio público. Tiene la capacidad y la experiencia que se requieren para
atender los temas de gobernabilidad en el estado. *** El anuncio de la
gobernadora electa, Rocío Nahle, de que lo invitó para asumir la Subsecretaría de
Gobierno, le llega -sin embargo- en un momento que parece poco oportuno. ***
Rocío Nahle visitó Tuxpan justo cuando los cuerpos de seguridad activaron dos
“códigos rojos”, provocados por una prolongada balacera y las versiones sobre un
“levantón”, ambos ocurridos en la zona urbana de Tuxpan. *** No sólo eso. El más
reciente informe del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) sobre la revisión de
la Cuenta Pública 2023, encontró en el ayuntamiento de Tuxpan inconsistencias
que permiten presumir la existencia de un daño patrimonial que supera los 5
millones de pesos. Pareciera poco, pero no abona a la hoja de vida de quien -se
pretende- habrá de encargarse de la interlocución entre alcaldes y autoridades
estatales. *** Peor aún: antes de que se conociera la próxima integración de José
Manuel Pozos Castro al gabinete estatal, la propia Rocío Nahle anunció que
también tendría en su equipo a José Manuel Pozos del Ángel, el hijo del alcalde
tuxpeño y quien ocupó la subsecretaría de Planeación en el gobierno de
Cuitláhuac García, pero que se vio obligado a renunciar luego de que fuera
acusado de abuso sexual. *** Cuentan que ese incidente se extinguió luego de
que la supuesta víctima se desistió de su denuncia, pero en la administración
estatal nadie se preocupó por darle seguimiento al tema y aclarar en qué terminó
el conflicto, por lo que la percepción entre los ciudadanos no le resulta favorable al
joven Pozos del Ángel, quien está invitado a asumir la titular del instituto
Veracruzano de la Vivienda (Invivienda). *** La gobernadora electa está, sin duda,
convencida de lo que le puede aportar el aún alcalde de Tuxpan. De otra manera
no se entendería que, con esos factores en contra, pudiera ser considerado. ¡Bien!
Al publicar las estadísticas preliminares, a nivel nacional y por entidad federativa,
de los homicidios registrados en el país durante 2023, el Instituto Nacional de
Estadística y Geografía (Inegi) dio a conocer que Yucatán registró una tasa de
apenas dos homicidios dolosos por cada cien mil habitantes, la más baja a nivel
nacional.
Mérida, la capital yucateca, es reconocida como la ciudad más segura de México,
distinción basada en su muy baja tasa de incidencia delictiva.
No es, pues, una “ocurrencia” de la gobernadora electa, Rocío Nahle, cuando
anticipa que en materia de seguridad pretende tomar como ejemplo las estrategias
aplicadas en Yucatán.
Este fin de semana la gobernadora electa visitó Poza Rica que, junto con Tuxpan,
se ha convertido en uno de los municipios más inseguros de la entidad. Rocío
Nahle no evadió el tema y dijo que está analizando aún quien asumiría, en su
gabinete, la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública.
Para hacer ese nombramiento, lo mismo que para definición la estrategia materia
de seguridad, informó que se está coordinando con el secretario de Seguridad y
Protección Ciudadana del gobierno federal, Omar García Harfuch.
Prometió -como lo hacen todos antes de llegar al gobierno estatal- que mejorará
las condiciones labores de los policías veracruzanos y que habrá mayor
presupuesto para el sistema judicial.
Para esto último lo único que tiene que hacer es respetar lo que establece la
Constitución local (porcentajes fijos para el Poder Judicial y la Fiscalía) y eliminar
esa aberrante cláusula, promovida por quien será también su secretario de
Finanzas (José Luis Lima Franco) de dar una “interpretación” abusiva al término
“presupuesto general del estado”.
Sobre ese mismo tema, en días previos Rocío Nahle García, adelantó que
pretende fusionar a las corporaciones de Policía y Tránsito del Estado.
Para ello se volvió a referir al modelo policial del estado de Yucatán, donde
Tránsito y la Policía son una sola fuerza.
La noticia, sin embargo, parece haber detonado una luz de alarma entre los
elementos de Tránsito y lo que en Seguridad Pública se conoce como “policía
vial”, pues en las semanas recientes se han multiplicado las quejas por los abusos
(que llegan a convertirse en verdaderos asaltos) de los elementos de esas
corporaciones.
Ya lo hacían antes, pero en esta etapa pareciera que están juntando su “haber de
retiro”.
Para mejorar en materia de seguridad no basta con calcar una estructura y un
reglamento; se requiere atacar un tema que es fundamental: la corrupción,
fenómeno que en nuestras corporaciones policiacas ha facilitado la infiltración de
organizaciones de la delincuencia organizada.
Epílogo.
El tema está creciendo y tiene impacto internacional. *** En Colombia, al hacer
referencia a las seis jóvenes que fueron secuestradas -y después liberadas- en
Boca del Río, asumen que en el caso hubo colusión de las autoridades estatales.
*** El obligado punto de referencia es la participación de una mujer identificada
como Yésica Anahí Ramírez Marín y quien durante algún tiempo (“breve”, según el
gobernador) colaboró en el Centro Integral de Justicia para las Mujeres (Cejum)
que encabeza la maestra Irma Hernández Sangabriel, personaje muy cercano al
exsecretario de Gobierno, Éric Cisneros Burgos. *** El general William Castaño,
comandante de la Policía del valle de Aburrá, en Colombia, explicó que desde
aquel país se aportó información tanto al Instituto Nacional de Migración de
México (INM), como a la Policía Ministerial Federal, para dar con el paradero de
Yésica Anahí, a la que allá conocían con el alias de “Lili Daniela”. *** Las jóvenes,
colombianas llegaron a México por una promesa de contratos de modelaje. En
unos cuantos días, tras hacer contacto con Lili, recibieron sus boletos y recursos
para viajar. *** Sin embargo, una vez que llegaron a Veracruz les decomisaron sus
pasaportes y fueron privadas de la libertad hasta que sus familias pagaran fuertes
sumas de dinero. *** En Colombia se menciona que “Lili” tendría de contacto en
aquel país a Cristóbal Paulino Fernández Viamonte, detenido en Medellín hace
dos meses y quien lideraba una red internacional de trata de personas. *** Aunque
Cristóbal Paulino Fernández está en la cárcel, se tiene la hipótesis de que algunos
de sus subalternos habrían continuado con los negocios. *** Las investigaciones
van a seguir su curso y no deberíamos sorprendernos si nos amanecemos con la
detención de altos funcionarios del gobierno estatal.
filivargas@gmail.com
