AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
En una reciente entrevista con el influencer veracruzano Rodrigo Crosa, el ex alcalde y ex
diputado porteño Francisco Ávila Camberos narró cómo fue que el ex priista Miguel Ángel
Yunes Linares ingresó al PAN y terminó adueñándose de candidaturas y cargos directivos
sin que él y su clan estuvieran realmente comprometidos con Acción Nacional y su
doctrina.
Ávila Camberos relata que le sorprendió que se impusiera internamente más el “yunismo
que el panismo”, ya que todos los seguidores que arribaron con Yunes Linares desde la
sucesión estatal de 2004 solían decir “yo no soy panista, yo soy yunista”, y “donde vaya
Miguel yo voy”.
El problema ahora para ellos es que el ex gobernador y sus hijos Miguel Ángel y Fernando
Yunes Márquez –uno senador y el otro diputado local–, luego de haber negociado con la 4T
impunidad para toda la familia a cambio del voto 86 en la Cámara alta del Congreso de la
Unión para que Morena alcanzara la mayoría calificada que constitucionalmente requería la
aprobación de la polémica reforma judicial, los grupos radicales del partido guinda les han
negado su afiliación.
Desde Veracruz, no sólo la gobernadora Rocío Nahle vetó el intento de afiliación del
senador Yunes Márquez, sino que ha emprendido también una serie de acciones para
echarles abajo los presuntos negocios que al amparo del poder fraguaron para fortalecer
financiera y políticamente al yunismo.
Y a esta operación se ha sumado también la alcaldesa morenista del puerto de Veracruz,
Rosa María Hernández Espejo, quien al igual que Nahle y la munícipe de Xalapa, Daniela
Griego, son políticas y luchadoras sociales que provienen de la auténtica izquierda.
A mediados de enero pasado, por ejemplo, la gobernadora anunció la creación del
Organismo Público Descentralizado (OPD) “Sistema de Gestión Integral de Limpieza del
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave (LIMPIAVER)”, con el objetivo de fortalecer
los servicios de limpieza, higiene, asepsia y lavandería en hospitales, clínicas y demás
instalaciones del sector público estatal de salud.
La decisión la tomó Nahle en diciembre de 2025 para contratar a los trabajadores de
Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria (LEIH), S.A. de C.V. que desde junio de
ese año venían protestando por los retrasos en el pago de sus salarios, no obstante que dicha
empresa, constituida legalmente en noviembre de 2017 –en el primer año de la
administración del ex gobernador Yunes Linares– recibió entre 2019 y 2024, durante el
gobierno del morenista Cuitláhuac García, contratos por más de 900 millones de pesos,
consolidándose como una de las principales proveedoras del servicio de limpieza en el
sector salud de Veracruz.
Al inicio del sexenio de Rocío Nahle, también de Morena, la contratación de LEIH
continuó. Aunque la mandataria explicó que el servicio había sido prorrogado por el IMSS
Bienestar hasta agosto de 2025, documentos oficiales de los Servicios de Salud de Veracruz
(Sesver) evidenciaron que fue su administración la que otorgó dos contratos adicionales en
el primer año de su régimen, uno por 83 millones 975 mil pesos, de enero a abril, y otro por
72 millones 361 mil pesos para ampliar el servicio por tres meses más, de abril a junio.
Con estos nuevos contratos, el monto total asignado a LEIH entre 2022 y 2025 superó los
mil 56 millones de pesos. Y en enero pasado trascendió que la citada empresa vinculada al
yunismo se le había prorrogado el contrato hasta diciembre de 2025 y durante los primeros
tres meses de 2026, lo que incrementó sus ingresos.
De acuerdo con el Registro Nacional de Comercio esta empresa tiene su domicilio fiscal en
el puerto de Veracruz y sus socios fundadores son Sergio Edmundo Llarena Mancisidor y
Angélica Núñez Santiago, que según versiones periodísticas son presuntos prestanombres
del Clan Yunes.
Por su parte, la alcaldesa porteña Rosa María Hernández, desde la primera la primera sesión
ordinaria de Cabildo celebrada el 3 de enero pasado, propuso a los integrantes del cuerpo
edilicio frenar de inmediato el incremento a las tarifas del agua y realizar también
auditorías integrales a los servicios públicos concesionados por la administración municipal
anterior presidida por la panista Patricia Lobeira Rodríguez, quien el año pasado se divorció
del senador Yunes Márquez, al cual sustituyó en 2021 en la candidatura de Acción
Nacional a la alcaldía porteña tras haber sido inhabilitado por los tribunales electorales
estatal y federal por incumplir con el requisito legal de la residencia.
Hernández Espejo y demás ediles autorizaron una auditoría integral a los servicios públicos
concesionados, bajo un esquema de transparencia y rendición de cuentas. En el caso de
Grupo MAS, se acordó revisar los títulos de concesión, anexos técnicos, modelo financiero,
inversiones comprometidas y ejecutadas, calidad del servicio y cumplimiento de
obligaciones.
Asimismo, aprobaron auditar la Asociación Público-Privada Wardenclyffe, responsable del
alumbrado público, incluyendo contratos, modificaciones, fideicomisos de pago, afectación
de participaciones federales y cumplimiento de indicadores de servicio.
Además, el Cabildo autorizó, de ser necesario, la contratación de auditorías externas
especializadas y la coordinación con el Órgano de Fiscalización del Estado (ORFIS) para
profundizar revisiones previas.
Van con todo contra lo que queda del “yunismo”.
El caso más trágico es el de Jorge Winckler Ortiz, un abogado incondicional de la familia
Yunes que solo duró dos años como titular de la Fiscalía General del Estado, pues en 2019,
al inicio del gobierno del morenista Cuitláhuac García, primero fue separado
provisionalmente de su cargo por el Congreso local y luego desaforado y destituido de
manera definitiva por no haber acreditado los exámenes de control y confianza que exigen
las leyes federales para ejercer dicho cargo. Desde a mediados del sexenio pasado está en
prisión y hace un par de semanas un juez con sede en el reclusorio de Pacho Viejo,
municipio de Coatepec, lo acaba de vincular a proceso por otros tres presuntos delitos más:
ejercicio indebido del servicio público, abuso de autoridad y tráfico de influencias.
Y los Yunes aparentemente se olvidaron del más yunista de sus seguidores.
