AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Ahora que la Presidenta Sheinbaum anunció que enviará al Senado una reforma
constitucional para reducir las pensiones de por lo menos 6 mil 297 exfuncionarios
federales y generar ahorros por cerca de 5 mil millones de pesos anuales, en Veracruz,
algunos exdirectores del Instituto de Pensiones del Estado que cada mes tenían que lidiar
para completar los pagos excesivos de pensionados influyentes, se preguntan si la
gobernadora Rocío Nahle replicará aquí, para sanear las finanzas del IPE, la misma táctica
de la jefa del Ejecutivo federal.
Por supuesto que no es el mismo caso de los exfuncionarios de la CFE, Pemex y la
desaparecida compañía Luz y Fuerza del Centro que reciben pensiones de hasta un millón
de pesos mensuales, pero en el IPE hay un grupo de pensionados VIP que cada mes cobran
más de 100 mil pesos.
A finales de abril de 2017, recién iniciada la administración del gobernador Miguel Ángel
Yunes Linares, de la alianza PAN-PRD, el flamante director del IPE, Hilario Barcelata,
declaró a XEU Noticias, del Puerto de Veracruz, que la pensión más alta que tenían en ese
entonces era de 106 mil pesos, y la pensión más baja de 163 pesos mensuales.
A solicitud de un ciudadano que requirió legalmente dicha información, Barcelata elaboró
un listado de las 50 pensiones más elevadas y de todas las pensiones superiores a 50 mil
pesos, y anunció que a la semana siguiente subiría a la página web institucional la lista
completa de las 29 mil 600 pensiones que hasta esa fecha otorgaba el IPE.
Y agregó que el Instituto “tiene por ley la facultad de revisar las pensiones otorgadas y
como parte del reclamo social es investigar y una revisión para determinar si estos montos
tan elevados son legales o se recurrió a alguna situación de irregularidad, pero hasta donde
hemos revisado están permitidas por la ley, pero aún no terminamos la revisión”.
“Hasta el momento no se puede determinar si se puede revertir el monto de estas pensiones
(…) Si se detecta alguna irregularidad sí tenemos la facultad de hacerlo (…) Vamos lento
en la revisión, vamos poco a poco y estamos revisando una por una justamente para no
incurrir en un error de falta de apreciación”, puntualizó.
Entre las pensiones de más de 100 mil pesos, Barcelata mencionó en primer lugar la del ex
diputado priista y ex director de Enseñanza Media, Alberto Uscanga Escobar; luego a
Felipe Daniel Velasco Flores con 94 mil pesos; después a los ex procuradores de Justicia,
Emeterio López Márquez y Reynaldo Escobar Pérez; al ex rector de la Universidad
Veracruzana, Raúl Arias Lovillo; a la ex secretaria de Educación, Xóchitl Adela Osorio; a
Elia Robles y María del Rosario Lohmman, entre otros.
Respecto al caso de su compañera de gabinete, la secretaria de Finanzas y Planeación,
Clementina Guerrero, dijo: “Ella tiene aprobada su pensión, pero la tiene ahorita
suspendida por el cargo que está efectuando y la recuperará cuando ella deje el cargo o
renuncie (…) Su pensión es de 76 mil pesos”.
Hoy, nueve años después, el IPE sigue en riesgo de volverse financieramente inviable a
corto plazo. El organismo advierte que las reservas para sostener el sistema, sumadas al
crecimiento acelerado del número de pensionados, podrían complicar el pago de las
obligaciones con sus derechohabientes.
El viernes 28 de noviembre de 2025 se publicó el Programa Institucional del IPE, en el que
se advierte que, aunque el Instituto ha logrado estabilizar sus finanzas tras el saqueo
ocurrido durante el gobierno del priista Javier Duarte –al que le imputan una malversación
de más de 2 mil millones de pesos–, los recursos actuales podrían resultar insuficientes.
En un amplio artículo periodístico publicado hace tres meses por la reportera Isabel Ortega,
del medio digital La Silla Rota Veracruz, se detalló que el citado diagnóstico subrayaba un
conjunto de factores críticos: el incremento sostenido del número de pensionados, el
crecimiento mínimo de trabajadores activos, un déficit creciente entre las cuotas aportadas
y el monto de las pensiones, y el hecho de que los egresos por jubilaciones superan a los
ingresos por aportaciones. A ello se sumaba que las reservas no serán suficientes para
sostener el sistema en el mediano plazo.
La periodista refirió que e el gobierno de Yunes Linares se aprobó una ley que buscaba
darle viabilidad financiera al IPE incrementando las aportaciones, pero la legislación fue
vetada por el propio mandatario panista, pues implicaba una carga financiera adicional para
el gobierno como patrón. Hasta la fecha, el Congreso local no ha planteado una alternativa
para sanear y fortalecer las finanzas del Instituto.
Y es que, según el diagnóstico aludido, el monto de los egresos por concepto de pensiones
seguirá creciendo hasta alcanzar niveles inaceptables, poniendo en peligro la seguridad
económica de los actuales y futuros pensionados e incluso la fuente de trabajo que sostiene
al sistema.
Entre 2018 y 2024, el salario promedio de cotización pasó de 11 mil 409 a 16 mil 158
pesos; mientras que la pensión promedio aumentó de 16 mil 933 a 18 mil 206 pesos. Es
decir, desde 2024 el IPE ya paga pensiones más altas que los salarios de cotización
promedio, lo que origina un déficit estructural.
El Instituto registra ingresos por 11 mil 507 millones de pesos y egresos por 11 mil 428
millones. De este monto, 10 mil 336 millones corresponden al pago de pensiones y
jubilaciones, lo que significa que el 90% del gasto del IPE se destina exclusivamente a
cubrir pensiones, dejando un margen operativo mínimo.
Ante este panorama, el documento considera necesario implementar medidas para contener
costos y presupuestar de manera clara los subsidios requeridos, a fin de evitar poner en
riesgo la seguridad económica de los derechohabientes.
Con corte a diciembre de 2024, la derechohabiencia total del IPE ascendía a 135 mil 195
personas: 98 mil 728 activos cotizantes (55.2% mujeres y 44.8% hombres) y 36 mil 476
pensionistas (64.1% mujeres y 35.9% hombres).
La población activa creció en menor proporción que la población pensionada: 0.62% frente
a 3.93%. Incluso, en 2023, la tasa de crecimiento del personal activo fue negativa. Entre
2023 y 2024, la población activa aumentó apenas en 610 personas, mientras que la
población pensionada creció en 1,379.
El plan establece la necesidad de contener el desequilibrio generado por la disparidad entre
cotizantes y pensionistas. También propone mantener actualizadas las nóminas de personal
activo entregadas por los entes incorporados para identificar omisiones o subregistros
–particularmente de personal de confianza– con el fin de incrementar la población activa
del Instituto.
Para garantizar el pago de las pensiones, el organismo propone gestionar ministraciones del
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF).
Hasta diciembre de 2024, el IPE reportaba un déficit relevante derivado del retraso
en pagos de cuotas y aportaciones de entes estatales y ayuntamientos.
Además, se proyectaba requerir a los entes públicos incorporados y a la derechohabiencia
para que cumplan con sus obligaciones; asimismo, buscar incorporar nuevos entes al
sistema de seguridad social para incrementar el número de cotizantes y los ingresos por
cuotas y aportaciones.
A ello se agregaba dar continuidad a las acciones legales contra entes y derechohabientes
deudores, presentando inclusive denuncias ante la Fiscalía General del Estado para
recuperar adeudos.
Y otro de sus propósitos consistía en mantener las acciones para la recuperación del
Programa de Préstamos, con el fin de incrementar la Reserva Técnica, y buscar inversión de
la misma con las mejores tasas disponibles en el mercado. Finalmente, continuar el
mantenimiento y valoración de sus bienes inmuebles para fortalecer los ingresos derivados
de su renta o venta.
FUERTE RECLAMO DE 900 ATLETAS
DE TAEKWONDO A NAHLE Y SHEINBAUM
Ayer, 900 atletas veracruzanos de taekwondo difundieron en redes sociales una protesta
pública ante la posible cancelación o postergación de la etapa estatal de los Juegos
Deportivos CONADE 2026, cuya sede estaba programada en la ciudad de Xalapa.
Según relataron, hace meses se publicó una convocatoria oficial, en la cual niñas, niños
jóvenes y adultos se apegaron a procesos de inscripción sumamente tediosos, cumpliendo
con una gran cantidad de requisitos y documentación, muchos de ellos excesivos, cuando al
final todos los competidores deben contar con esos documentos en tiempo y forma para
poder participar.
A esto se suma una preparación de años, meses y días de entrenamiento, así como una
alimentación estrictamente cuidada para cumplir con los pesos oficiales de competencia.
No se trata solo de presentarse a competir, sino de un esfuerzo físico, económico y
emocional enorme, asumido tanto por atletas como por sus familias.
De acuerdo con el calendario oficial, este viernes 20 de febrero estaba programado el
pesaje, y los días 21 y 22 de este mismo mes se llevarían a cabo las competencias por
categoría. Sin embargo, señalan que ayer jueves, a solo un día del evento, el Gobierno del
Estado de Veracruz les informó que los juegos serán pospuestos o cancelados, bajo el
argumento de que no existe recurso, ni estatal ni federal, para la realización de este evento
de deporte de alto rendimiento.
“Esta decisión es irresponsable e incongruente, ya que sí se han realizado otros eventos
masivos, como el carnaval, y existen apoyos y becas para jóvenes que no estudian ni
trabajan, mientras que no hay respaldo para quienes sí tienen disciplina, vocación
deportiva, constancia académica y compromiso personal”, recriminaron.
Indicaron que, “actualmente, ya hay competidores que se encuentran en la ciudad sede
(Xalapa), con hospedajes, traslados y reservaciones pagadas, además de que este este
mismo jueves llegan personas de la federación, lo que agrava aún más el impacto
económico y la incertidumbre para las familias”.
“El taekwondo no es solo un deporte, es una escuela de disciplina, respeto y formación
personal. Cancelar o poner en riesgo esta etapa estatal frustra sueños, rompe procesos
formativos y envía un mensaje devastador a nuestra juventud: que su esfuerzo no importa y
que el compromiso institucional no existe”, lamentaron.
Exigieron que los juegos se realicen tal como fueron programados, demandaron “respuestas
claras y soluciones inmediatas” y “respeto para los atletas y sus familias”.
Hicieron un llamado directo a la gobernadora Rocío Nahle y a la presidenta Claudia
Sheinbaum, así como a las autoridades deportivas y a la CONADE, “para que liberen los
recursos de inmediato y den una solución real y concreta, sin más aplazamientos ni
cancelaciones”
A ver si no les cuesta el cargo a Eugenio Chimal y a Crisanto Grajales, las dos destacadas
figuras del triatlón olímpico y mundial que tienen bajo su responsabilidad el Instituto
Veracruzano del Deporte, uno como Subdirector de Desarrollo del Deporte y el otro el área
de Calidad del Deporte, los cuales recibieron precisamente de la gobernadora Nahle “la
encomienda de impulsar un modelo de alto rendimiento, orden e innovación”.
