AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez.
Tuvo poco revuelo en Veracruz, pero el caso es escandaloso. Se trata de “Los teléfonos de
Sergio Carmona”, una serie de tres capítulos publicada por Código Magenta, basada en los
archivos de los teléfonos celulares del empresario tamaulipeco que fue asesinado en una
barbería de San Pedro Garza García, Nuevo León, en noviembre de 2021.
El medio digital regiomontano, que dirige el experimentado periodista Ramón Alberto
Garza García, tiene en su poder comunicaciones, documentos bancarios, contratos,
conversaciones de WhatsApp, videos e imágenes que se cruzan con reportes de la Unidad
de Inteligencia Financiera (UIF), bitácoras de vuelo e información de las autoridades de
inteligencia de México y de Estados Unidos para exhibir los vínculos de la élite política de
la 4T con quien fuera el empresario más importante de la importación ilegal de combustible
en México.
Uno de los nombres que aparece es el de Gabriela Jiménez, fundadora de la organización
‘Que Siga la Democracia’, quien en diciembre de 2021 entregó al INE 1 millón 42 mil
firmas para que el órgano electoral organizara en abril de 2022 la consulta de revocación de
mandato promovida por el presidente López Obrador, misma que ahora es una de las
principales aliadas de la precandidata presidencial morenista Claudia Sheinbaum.
Según las bitácoras de vuelo de la aeronave Hawker con matrícula XB-PND, propiedad de
Sergio Carmona, dicho avión fue utilizado por el entonces senador y actual gobernador de
Tamaulipas, Américo Villarreal, así como por el dirigente nacional de Morena, Mario
Delgado, entre muchos otros.
Código Magenta reseña que la información de los teléfonos perdidos muestra la red de
contactos directos de Sergio Carmona, quien a principios del 2021, meses antes de que lo
ejecutaran, financió campañas políticas de Morena por 500 millones de pesos y que en ese
año obtuvo al menos 1,500 millones de pesos en contratos federales asignados a Grupo
Industrial Permart y Grupo Industrial Joser.
Carmona consolidó su poder en 2019, en los primeros meses de la actual administración
obradorista, cuando Ricardo Peralta, administrador General de Aduanas, designó como
administrador de la aduana de Reynosa a su hermano Julio Carmona, quien huyó a Estados
Unidos inmediatamente después del asesinato del empresario y se reunió con funcionarios
del aparato de inteligencia y de justicia norteamericano.
Código Magenta refiere que Julio Carmona explicó que el gran negocio estaba en la
evasión de impuestos: una red de importadores con permisos especiales otorgados por la
Secretaría de Energía, a cargo entonces de Rocío Nahle, que se dedica al tráfico de
combustible. En los documentos oficiales, declaran la mercancía transportada como aceites
y omiten el pago de una cuota fija por litro de gasolina establecida en la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios.
El medio digital dirigido por Ramón Alberto Garza señala, además, que la Secretaría de
Energía, que durante cinco años encabezó Nahle, facilitó el crecimiento de esta industria, al
congelar los permisos de importación de combustible en México y asignarlos únicamente a
figuras con conexiones políticas. Actualmente, según precisa Código Magenta, sólo existen
ocho permisos vigentes de importación de gasolina en el país.
En su primera entrevista con agentes estadounidenses, Julio Carmona habló de que las
ganancias de su hermano en el negocio ilegal de huachicol eran de 360 millones de pesos al
año, de acuerdo a documentos revisados por Código Magenta.
Sin embargo, la publicación consigna que reportes de inteligencia norteamericanos estiman
que esta cifra está subestimada, por mucho. El tamaño de la industria de trasiego de
combustible es significativamente mayor y su magnitud explica por qué Sergio Carmona se
convirtió en uno de los operadores financieros más relevantes de las estructuras electorales
de la 4T.
La versión periodística señala que autoridades de inteligencia encontraron una discrepancia
entre los datos de exportación de gasolina de Estados Unidos a México registrados por el
Buró de Información del Departamento de Energía norteamericano, EIA por sus siglas en
inglés, y los datos de importación de gasolina reportados por la Agencia Nacional de
Aduanas de México.
La conciliación de estas cifras muestra que, conforme fue avanzando el sexenio del
presidente López Obrador, fue creciendo la brecha entre los registros del gobierno
estadounidense y los datos del gobierno mexicano.
Expertos con conocimiento del asunto consultados por Código Magenta estiman que, con
base en esta diferencia, quedaron sin declarar 94 mil 391 millones de litros de gasolina
entre enero de 2019 y agosto de 2023.
Considerando la cuota fija por litro establecida en el Artículo 2, Fracción I, Inciso D de la
Ley del IEPS (es decir 4.06 pesos en 2019, 4.18 en 2020, 4.3192 en 2021, 4.6375 en 2022 y
4.9987 en 2023) la omisión total de impuestos por importación de gasolina fue de 418 mil
142 millones de pesos.
Esta es la verdadera magnitud del negocio del huachicol, una cifra que representa casi el
doble que el presupuesto anual de la Secretaría de la Defensa Nacional, puntualiza el medio
digital, el cual documenta que, en México, el trasiego ilegal de combustible representa un
negocio de alrededor de 4 mil 200 millones de dólares al año, es decir, dos veces el flujo
operativo anual de una compañía del tamaño de Cemex, la principal empresa cementera
mexicana asentada en Monterrey.
Este monto explica gran parte del financiamiento paralelo de las campañas políticas de la
4T, una operación que es posible gracias a la construcción de estructuras electorales
paralelas a Morena que no son sujetas al escrutinio ni fiscalización del INE, tal como la
organización ‘Que Siga la Democracia’, de Gabriela Jiménez, o la ‘Alianza Patriótica de la
4T’, fundada por Ricardo Peralta, quien como administrador General de Aduanas designó a
un ejército de funcionarios en puertos y puntos fronterizos que han permitido este negocio
cuyo modus operandi requiere de la anuencia y complicidad del gobierno federal. Y es que,
a pesar de la intervención de las Fuerzas Armadas en el sistema aduanal, la administración
del presidente López Obrador ha sido omisa con la fiscalización del huachicol.
Código Magenta apunta que la importancia de esta industria ilegal y sus consecuencias
políticas representan un foco rojo para el aparato de seguridad y justicia de Estados Unidos.
“El Estado Profundo norteamericano está preocupado por la intervención del crimen
organizado en el proceso democrático de México”, remarca, y refiere que en noviembre del
2023, los congresistas texanos Henry Cuéllar y Vicente González, del Partido Demócrata, y
el republicano Dan Crenshaw, que está promoviendo la designación de los cárteles
mexicanos como organizaciones terroristas, enviaron una carta a la Representante
Comercial de Estados Unidos, Katherine Tai, pidiendo acciones contundentes para
presionar a México a detener el tráfico ilegal de combustible.
La carta de los tres congresistas estadounidenses cita un video del 16 de octubre de 2023,
en el que presuntos miembros del Cártel del Noreste obligan a conductores de pipas a
desechar combustible en un terreno baldío. El huachicol es una industria multimillonaria
que le permite a los cárteles extraer rentas mediante el cobro de piso por las rutas de tráfico.
El medio digital concluye que el extinto empresario Sergio Carmona era apenas un sólo
caso de un fenómeno mucho más amplio que llega a lo más alto del poder político en
México.
¿Hablará en su campaña de este tema doña Rocío Nahle, la ex secretaria de Energía que
ahora contiende por la gubernatura de Veracruz? Políticamente sería lo recomendable para
ganarse la confianza de los votantes veracruzanos, pues por el momento ha despertado
suspicacias las super camionetas en las que se mueve con su comitiva, vehículos de modelo
reciente que han sido valuadas por la oposición –según los precios actuales en el mercado
automotriz– en 16 millones 824 mil 400 pesos en total.