AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Hace dos años y medio, el martes 5 de septiembre de 2023, en su conferencia mañanera de
Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que el relleno
sanitario que sustituiría al tiradero a cielo abierto de Las Matas, que desde 1997 ha recibido
cientos de miles de toneladas de desechos sólidos de los municipios de Coatzacoalcos,
Minatitlán y Cosoleacaque, se ubicaría finalmente en Nanchital, lo que las autoridades
estatales y municipales del sur de Veracruz se negaban a informar ante la manifiesta
inconformidad de sus habitantes.
Y es que antes del anuncio del mandatario no sólo hubo protestas en Nanchital sino
también en Jáltipan, donde igualmente se consideró ubicar ese mega basurero.
Pero, hasta la fecha, no han podido darle solución a este grave problema de salud pública.
El jueves 11 de septiembre del año pasado, la Procuraduría Federal de Protección al
Ambiente (Profepa) informó oficialmente que los días 22 y 23 de abril del 2025 había
realizado una inspección en las instalaciones del relleno sanitario en la que se observaron
diferentes irregularidades, mismas que se pidieron corregir en un tiempo determinado. Ya,
en 2023, lo había declarado en estado de emergencia ecológica, por lo que dictaron medidas
correctivas urgentes. Sin embargo, dos años después, al hacer una inspección, se verificó
que éstas no se cumplieron, por lo que el 4 de septiembre pasado se le dio continuidad al
procedimiento administrativo que derivó en el cierre total del tiradero y la aplicación de una
multa de 18 millones 102 mil 400 pesos por incumplimientos en la normatividad ambiental
en el manejo y disposición de residuos.
Cosas del destino –pero también por la ineptitud del ex gobernador Cuitláhuac García y de
su operador político Eric Cisneros, el ex secretario de Gobierno–, este complicado caso
tendrá que ser resuelto ahora por la gobernadora Rocío Nahle, quien, como se recordará,
primero como senadora de Veracruz, tras ganar la elección de 2018, gestionó desde octubre
de ese año el proyecto del relleno sanitario metropolitano. Después, como influyente
secretaria de Energía, Nahle buscó el apoyo de Josefa González-Blanco, quien duró menos
de seis meses como titular de la Secretaría de Medio Ambiente, pues en mayo de 2019
renunció tras el escándalo que protagonizó al retrasar 38 minutos un vuelo comercial de la
Ciudad de México a Mexicali, Baja California. Después fue enviada a Londres, donde
acaba de ser sustituida en la Embajada del Reino Unido por Alejandro Gertz Manero, ex
Fiscal General de la República.
En este proyecto, a Nahle no le fallaron solamente sus operadores políticos en Veracruz
sino hasta su compadre Arturo Quintanilla Hayek. De hecho, este fue el primer conflicto
político que enfrentó como gobernador Cuitláhuac García tras el violento rechazo del
pueblo de Chinameca, donde inicialmente se proyectaba instalar en ese municipio sureño
de la sierra de Soteapan el nuevo relleno sanitario.
Al trascender que la beneficiaria de este proyecto era la familia Quintanilla Hayek, dueña
de la empresa Gravas del Sureste –en cuyo terreno de 127 hectáreas se pretendía ubicar el
centro integral de tratamiento de residuos sólidos–, Nahle tuvo que admitir que
“efectivamente él (Arturo Quintanilla) es mi compadre, pero no tengo ninguna injerencia en
el asunto”, refiriéndose al megaproyecto del relleno sanitario regional.
Al cancelarse el proyecto original en Chinameca, surgió entonces como segunda opción el
municipio de Nanchital. Pero la alcaldesa de Morena en funciones, Esmeralda Mora
Zamudio –a cuya hija Karla Lizeth Rosas Mora nombró primero Nahle en diciembre de
2024 como directora de Atención a la Población Vulnerable, del DIF estatal, y luego titular
del Colegio de Bachilleres del Estado de Veracruz (Cobaev), en el que permaneció solo de
febrero a junio de 2025–, tampoco supo operar políticamente para concretar esta relevante
obra, cuyo terreno de 30 hectáreas para este relleno sanitario se lo compraron en 80
millones de pesos al empresario y ganadero Roque Gabriel Ávalos Chao, ex síndico del
PAN-PRD y frustrado aspirante a esa alcaldía sureña.
La semana pasada, integrantes de organizaciones ambientalistas denunciaron en la prensa
local que camiones de basura siguen entrando a Las Matas a depositar desechos pese a la
clausura de la Profepa.
Tania Maldonado, directora de EcoKaans, declaró al diario El Liberal del Sur que La Matas
“es un foco de infección muy grave, genera enfermedades y representa un riesgo
constante”. Y señaló que “en temporada de calor se registran incendios y se cierra la
carretera por seguridad. Remediar no significa enterrar la basura”, puntualizó.
¿Dará un manotazo la gobernadora Nahle?
DUARTISTAS APANICADOS
La semana pasada nos comentaban que algunos ex colaboradores del ex gobernador Javier
Duarte andaban apanicados.
Quizá se deba a la audiencia que este lunes iba a tener el ex mandatario veracruzano preso
todavía en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México, y que ayer un juez federal aplazó
por tercera ocasión.
Según publicó anoche el diario Reforma en su edición digital, Duarte de Ochoa estaba por
ser imputado por un nuevo caso de desvío por 5 millones de pesos promovido por la
Fiscalía General de la República (FGR) que pretende mantener al ex gobernador más
tiempo en prisión.
Sin embargo, los abogados del ex priista no se presentaron a la diligencia, por lo que el juez
de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, Gustavo Aquiles
Villaseñor, acordó posponerla para el próximo jueves a las 09:15 horas.
En la audiencia de este lunes, el ex mandatario explicó al juez que sus abogados Pablo
Campuzano y Gerardo Hope no comparecieron porque estaban internados en el Hospital
ABC, uno por infección renal y el otro convaleciente de una intervención quirúrgica por un
supuesto tumor en el páncreas.
Pero el juez Aquiles Villaseñor no se dio por satisfecho y expresó que podría ser una
estrategia dilatoria, pues recordó que en noviembre y diciembre del año pasado se difirió la
misma audiencia, con la justificación de que Duarte tenía COVID y uno de sus defensores
estaba fuera del país.
Por ello, advirtió que si el próximo jueves no acuden sus abogados, designará a los
defensores públicos federales como sus representantes legales, para llevar a cabo la
audiencia de imputación.
El nuevo caso que le imputan al ex gobernante veracruzano es por el delito de peculado,
derivado de un presunto desvío de 5 millones de pesos del Fondo para el Apoyo a Personas
con Discapacidad, registrado en el 2012.
Como se recordará, Javier Duarte fue extraditado en 2017 de Guatemala y condenado a 9
años de prisión por asociación delictuosa y lavado de dinero, sanción penal que cumplirá el
próximo 15 de abril.
Pero en caso de ser procesado y de que le impongan la prisión preventiva, no podrá salir del
Reclusorio Norte.
