NORMALIZAR LA VIOLENCIA.

Mar 19, 2024 | Columnas

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Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Llegó a tal nivel la desesperación en el equipo de campaña de Rocío Nahle por la
exhibición de la exorbitante -y, a todas luces, ilícita- fortuna de la candidata, que
sus asesores terminaron por sujetarse del único clavo disponible, aunque éste
estuviera forrado con excremento; esa fue única alternativa “coherente” que
encontraron para tratar de frenar su aparatosa caída. *** Resulta que fue la
versión del exgobernador Javier Duarte (delincuente confeso) la que mejor encajó
entre las múltiples incongruencias que difundieron para tratar de contener los
ataques en redes sociales por la ostentosa mansión que habita la zacatecana en
uno de los más exclusivos fraccionamientos de Boca del Río. *** Y tan absurdo
resulta que un delincuente maneje la estrategia mediática de la candidata al
gobierno de Veracruz, como que utilicen, para “contragolpear” a su más fuerte rival
(Pepe Yunes) la versión de otro delincuente confeso: Emilio Lozoya, quien
pretendió venderle al gobierno federal la “valía” de la información que poseía y
aseguró que había “comprado” la voluntad de diputados federales y senadores
priistas (entre los que estaba Pepe Yunes) para que aprobaran la reforma
energética, durante la gestión de Enrique Peña Nieto. *** Todo (tanto la
argumentación de que “sólo renta” la mansión en la que vive y la de las “maletas
de dinero” que Lozoya dijo haber repartido) sin una sola prueba. *** Por el
contrario, para denunciar la corrupción de Rocío Nahle están las pruebas:
escrituras de los terrenos, permisos de construcción y las observaciones -que
permiten presumir el desvío de miles de millones de pesos- que ha hecho la
Auditoría Superior de la Federación (ASF) a la faraónica e inútil refinería de dos
Bocas. *** ¿Quieren hablar de corrupción?
* * *
Y de pronto llegó a mi mente aquella expresión, muy mexicana: “no me gusta decir
que se los dije… pero se los dije”.
Apenas en mi colaboración de ayer, en mi papel de pitoniso, escribí: “Le anticipo:
este martes, en conferencia de prensa, el gobernador les jurará a los
veracruzanos que ‘no habrá impunidad’, que este acto criminal (los cuerpos
desmembrados, arrojados en el centro de Cazones) es producto ‘de la guerra
entre bandas criminales’ y que “se ordenó el envío de personal de la Guardia
Nacional y del Ejército para reforzar la seguridad en aquella zona”.
Y, ¿qué creen?
Cuitláhuac García dijo este martes que los restos humanos arrojados en el centro
de Cazones de Herrera corresponden a dos personas del sexo masculino, y que la
principal línea de investigación se relaciona con una disputa de grupos del crimen
organizado por control de territorios. “Pensamos que es la respuesta que ahora,

que el grupo que pretende operar en Tuxpan, le responde (sic) a los que operan
en Poza Rica; es el área de Poza Rica y Cazones”.
Dijo que la Fiscalía ya identificó a las dos víctimas desmembradas, que sufrieron
un “levantón” (esto es, que fueron privadas de la libertad) desde días previos en el
municipio vecino de Álamo Temapache y que “se dedicaban a la venta de droga”.
No dijo nada (ahí sí fallé) de reforzar la seguridad en la zona. Quizá porque otras
zonas de la entidad lo mantienen ocupado.
Ahí está el caso del extremo sur de la entidad. En Coatzacoalcos, la noche del
lunes un hombre (identificado como un “checador” de una línea de autobuses) fue
asesinado justo en una parada de camiones. Cerca de las 8 de la noche varios
sujetos dispararon en su contra, en el paradero de la avenida Universidad a la
altura de Soriana El Palmar.
La noche de ese mismo lunes, en Acayucan, un hombre y una mujer fueron
baleados en una calle cercana al centro comercial Chedraui. Ambos caminaban
por la calle Ramón Corona, entre la avenida Enríquez y la calle Juan Sarabia en el
barrio La Palma, cuando varios individuos les dispararon.
El varón cayó en la banqueta, mientras que la dama alcanzó a correr, pero fue
alcanzada media cuadra más adelante.
Hace apenas un par de semanas el propio gobernador había presumido que había
un descenso en la incidencia de homicidios dolosos en la entidad, pues “sólo” se
registraron 20 asesinatos entre la última semana de febrero y la primera de marzo.
El gobernador de Veracruz se mostró orgulloso de “conseguir” que en el 2023 la
entidad registrara menos de mil homicidios dolosos; fueron 966 asesinatos en el
año, lo que representa más de 80 por mes.
Justo lo dijo Pepe Yunes, el aspirante al gobierno de Veracruz, en una visita a
Orizaba, el pasado 11 de marzo:
“No podemos aceptar la violencia como parte de nuestro día a día (…) Hay una
estrategia fallida -si es que la hay-; creo que no hay estrategia a nivel estatal ni a
nivel federal y quienes pagan los costos de esa omisión son los ciudadanos”.

* * *

Epílogo.
En la Universidad Veracruzana (UV) tampoco están contentos con la expresión: “la
ley es la ley”. Cuando ésta se contrapone a los intereses de quien dirige los
destinos de esa casa de estudios, es momento de modificarla. *** Ya se trabaja en
el “cabildeo” para que se apruebe una propuesta reforma a la Ley Orgánica de la
UV, que será presentada en la sesión del Consejo Universitario General el próximo
viernes. *** De ser aprobada en sus términos dicha propuesta y si el Congreso
local vota a favor, el actual rector Gerardo Martín Aguilar Sánchez podría
reelegirse en el 2025. *** En estos momentos, antes de dicha reforma, la Ley
Orgánica de la UV impone como condición para ser elegido rector, ser mayor de
30 años y menor de 65 años, al momento de su designación. Martín Aguilar está
por cumplir 66 años, por lo que ya no calificaría para un segundo período… a
menos -claro está- que para entonces la Ley diga otra cosa. *** Que siempre no.
Que la titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) Verónica Hernández, dio
marcha atrás y decidió no remover a la coordinadora de la Fiscalía especializada

en Delitos contra la Familia, Roberta Ayala Luna. ¿La razón? Que eso significaría
darles la razón a los medios de comunicación. Lo bueno es que no nos leen.
filivargas@gmail.com