AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiméz
En el movimiento de la Cuarta Transformación (4T), algunos de sus líderes que vienen de
los grupos de izquierda parecen olvidar que después del fraude electoral de 1988 finalmente
lograron asumir la Presidencia de la República tras cinco sexenios de hartazgo popular por
la corrupción de los gobiernos del PRI y del PAN.
Pero, en estos siete años del cambio de régimen, su cantaleta de “no somos iguales”
comienza a decepcionar también a quienes de verdad creyeron que Morena era “la
esperanza de México”.
Ahí está el caso más reciente, el del presidente saliente del Senado, Gerardo Fernández
Noroña, quien difícilmente puede justificar la compra de una residencia en Tepoztlán,
Morelos, de mil 200 metros cuadrados, valuada en 12 millones de pesos.
El martes pasado, en una conferencia de prensa, Fernández Noroña no quiso dar detalles de
la supuesta hipoteca que está pagando, y en cambio arremetió en contra de los que dijo, sin
mencionar nombres, que han impulsado “una ofensiva mediática” en su contra, refiriendo
que son quienes promueven la intervención militar de Estados Unidos en México “y
quienes quisieran que los narcos que fueron enviados allá declararan en contra nuestra”.
El presidente del Senado, quien consiguió todos sus cargos de elección popular por el PT y
que ahora convenencieramente decidió afiliarse a Morena, reclamó a los periodistas que por
qué no critican también a los de la oposición, mostrándoles copias de las declaraciones
patrimoniales del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas; del coordinador
del tricolor en el Senado, Manuel Añorve, y de la senadora ex morenista y actualmente del
PAN, Lilly Téllez, entre otros, a los cuales señaló de tener en común que todas informan
que los titulares no poseen propiedades ni automóviles.
Pero Noroña se olvida que precisamente el electorado les dio su voto porque ellos
aseguraron que “no somos iguales” a los del PRIAN.
Su caso no es exactamente similar al del “general” Arturo Durazo Moreno, quien fungió
como director de Policía y Tránsito de la Ciudad de México en el sexenio presidencial de
José López Portillo (1976-1982), pero el repudio popular es el mismo. Y es que además de
otros escándalos, el “Negro” Durazo fue exhibido por la majestuosa construcción conocida
como el “Partenón”, por sus detalles del arte griego, que se mandó a edificar en la bahía de
Zihuatanejo, en el estado de Guerrero, aparte de otras dos mansiones de su propiedad
ubicadas en el Ajusco, al sur de la capital del país, con marcadas influencias suizas.
El Partenón fue decomisado luego de que el exjefe policiaco capitalino fue aprehendido en
1984, pero no se ha pudo vender debido a su mal gusto, su elevado costo y su identificación
como emblema de lo peor corrupción priista de aquella época. En agosto del 2011, el
gobierno estatal decidió donarlo a la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG). Sin
embargo, según Wikipedia, la propiedad es administrada por la Promotora de Turismo
(Protur), instancia que la considera un lastre debido al litigio que sostiene con la familia de
Durazo Moreno.
El caso más reciente de corrupción de la élite priista que gobernó el país durante más de 70
años fue el que protagonizó la actriz Angélica Rivera, quien desempeñó el papel de primera
dama en el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018). El escándalo de la mansión de La
Gaviota fue detonado durante una gira presidencial en China. El inmueble, ubicado en
Sierra Gorda 150 en Lomas de Chapultepec, marcó la credibilidad del presidente Peña
Nieto y de su esposa. Pero al menos esa revelación periodística –a diferencia de la reacción
de los morenistas señalados de enriquecimiento inexplicable– orilló a una serie de reformas
legales para crear el Sistema Nacional Anticorrupción y, de manera sorpresiva, ocasionó
que el gobierno mexicano revocara el 6 de noviembre de 2014 la licitación para construir el
tren de alta velocidad, México-Querétaro, que había ganado un consorcio de empresas
nacionales y extranjeras lideradas por China Railway Construction Corporation, una de
cuyas socias era casualmente la dueña legal de la polémica casa blanca: Constructora Teya,
del Grupo Higa, propiedad del empresario tamaulipeco Juan Armando Hinojosa Cantú, ex
consuegro del ex gobernador de Veracruz, Fidel Herrera Beltrán.
LA ÚLTIMA DE NOROÑA
Ayer, por cierto, el Ministerio Público federal adscrito a la Fiscalía General de la República
(FGR) acudió a la vieja casona de Xicoténcatl, la antigua sede del Senado, para tomar
declaración a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva y de la Comisión
Permanente del Congreso de la Unión, así como a su colaborador Emiliano González, luego
de la trifulca que protagonizó con el senador y dirigente nacional del PRI, Alejandro
“Alito” Moreno, al término de la penúltima sesión del órgano legislativo.
Aunque Fernández Noroña informó que acudiría a la FGR para presentar una denuncia,
finalmente los agentes del Ministerio Público federal se trasladaron a la Cámara Alta para
levantar las primeras declaraciones.
Fernández Noroña responsabilizó directamente al dirigente nacional del PRI y senador,
“Alito” Moreno, así como al senador Pablo Angulo y a los diputados Eruviel Alonso y
Carlos Gutiérrez Mancilla, de haberlo agredido físicamente de manera “premeditada”.
En conferencia de prensa, el legislador anunció que presentaría una denuncia penal por
amenazas de muerte, lesiones y daño en propiedad ajena, hechos que, dijo, también
afectaron a su colaborador Emiliano González, quien resultó herido mientras documentaba
los incidentes.
“Por supuesto que una vez presentadas las denuncias este asunto no puede quedarse ahí, y
vamos a solicitar el desafuero de los legisladores que nos agredieron físicamente. Es un
hecho sin precedentes en la historia legislativa del país”, afirmó.
Fernández Noroña subrayó que será la FGR la que determine los pasos legales a seguir y,
en su caso, solicite el retiro del fuero a los legisladores priistas involucrados.
El conflicto entre el presidente del Senado y el dirigente nacional del PRI escaló tras un
enfrentamiento en el Salón de Sesiones de la Permanente, donde legisladores de Morena
entonaban el Himno Nacional y, al concluir, se produjo el altercado que derivó en golpes y
empujones.
Ya se verá si Noroña logra conseguir el desafuero de “Alito” Moreno que la gobernadora
morenista de Campeche, Layda Sansores, y su Fiscalía Especializada en Combate a la
Corrupción no han podido obtener tras ratificar en julio pasado ante la Cámara de
Diputados una solicitud de declaración de procedencia en contra del dirigente priista, a
quien le imputan como ex gobernador (2015-2019) el uso indebido de atribuciones y
peculado por el probable desvío de 83 millones 508 mil pesos.
