Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
En el barrio, allá donde “la vida no vale nada”, es frecuente escuchar aquella
expresión: “de que lloren en mi casa, mejor que lloren en la suya”. *** Eso debe
haber pensado el exsecretario de Educación y hoy diputado federal Zenyazen
Escobar: “nada pasó por mi oficina, que investiguen a la Oficial Mayor”. *** Algo
así respondió el legislador cuando se le cuestionó sobre los contratos que le
fueron entregados -por asignación directa- a la empresa “Soluciones y Milagros”,
sin que demostrara, siquiera, que tenía el perfil para el que era contratada. *** “De
las 32 secretarías de Educación que hay en el país, sólo la de Veracruz tiene una
Oficialía Mayor, donde se hacen las contrataciones a empresas, entonces nada
pasa por el secretario, yo no vi, nada de eso”, argumentó el secretario. *** La que
no debe estar muy contenta con esas declaraciones es, por supuesto, la titular de
esa oficina en la pasada administración estatal: Ariadna Selene Aguilar Amaya. ***
En efecto, a ella le corresponden las tareas administrativas de una dependencia
especialmente compleja, como es la Secretaría de Educación, pero -contrario a lo
que alega el diputado federal- entre sus atribuciones como titular de esa
dependencia está la de “representarla legalmente” (artículo 12, fracción II de la
Ley Orgánica del Poder Ejecutivo) y “celebrar, en la esfera de su competencia,
contratos en los términos señalados por esta ley y demás leyes del Estado”
(fracción XII del mismo artículo). *** Zenyazen Escobar era el titular de la
dependencia y, aunque eso no le resta responsabilidades a la Oficial Mayor, él
tuvo que velar por que se hiciera un buen manejo de los recursos públicos
asignados a esa Secretaría. *** Su actitud más bien sugiere un afán de “escurrir el
bulto” y echarle la bolita a una servidora pública que operaba bajo sus órdenes.
Puede sonar a una perla de Perogrullo, pero lo dicho por Alejandro Moreno
Cárdenas, dirigente nacional del PRI tiene sustento: las escasas posibilidades de
triunfo de la oposición en Veracruz pasan por la exigencia de construcción de
alianzas. Si unidos su potencial es escaso, separados es aún peor.
El dirigente nacional del otrora poderoso PRI le aventó la bolita al Partido Acción
Nacional (PAN). Dijo que depende de esa organización política confirmar o, en su
caso, rechazar una posible coalición con el PRI en las elecciones municipales de
Veracruz.
“El PRI quiere coalición, está trabajando con la coalición; claro que estamos
trabajando y claro que estamos construyendo. ¿De quién depende ahora la
coalición? De Acción Nacional”.
Alejandro Moreno entiende que la atención de su partido debe estar centrada este
año en dos eventos: las elecciones municipales de Durango y de Veracruz y que la
tarea que les corresponde es fortalecer el diálogo con otras fuerzas políticas para
presentar proyectos competitivos.
“Hemos venido trabajando, las dirigencias locales han venido trabajando. El PRI
es un partido con vocación en la construcción de acuerdos, de diálogo, el PRI es
pilar fundamental en la construcción de la coalición nacional, y hoy estamos
trabajando”.
Ya el dirigente nacional priista tiene un bosquejo de lo que se podría construir en
coordinación con el PAN. La alianza estaría centrada, en principio, en 52
municipios, aunque aclaró que el PRI está listo para postular candidatos en los
212 municipios del Estado.
“Si vamos en coalición, sumamos nuestro voto, pero el PRI está listo para
competir solo en los 212 municipios. El tiempo habrá de determinar las alianzas.
Hay ánimo en la militancia priísta de participar, de trabajar en equipo, y eso nos
anima”, afirmó.
Moreno Cárdenas dejó en claro que él es respetuoso de las decisiones que tome
el PAN, pero insistió que luchar por separado los hace menos competitivos.
“Nosotros respetamos la vida interna de cada partido. ¿Qué tiene el PRI? El
trabajo y la fortaleza para que, para tener mayor competitividad, vayamos en
coalición. Necesitamos una propuesta seria y deberá presentar la propuesta el
PAN. Nosotros queremos la coalición y separados nos hace ser menos
competitivos. No estamos obligados a lo imposible, si no se quiere, ¿cómo le
hacemos? Estamos listos para competir solos en los 212 municipios”.
Son momentos de definiciones. Es verdad que cualquier medición que contrate
Acción Nacional le mostrará que los números de sus candidatos bajan si se les
asocia con el PRI, pero lo que no considera las encuestadoras es el trabajo a nivel
de piso, en las colonias, en las comunidades, donde la estructura priista suma.
Dividir las propuestas municipales es prácticamente entregarle el estado a Morena
y sus aliados. Las fuerzas opositoras deben entender que es momento de sumar,
si no quieren sufrir el mismo destino que el PRD.
Epílogo.
No terminan de entender que la justicia que es lenta no es justicia. *** El Pleno de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió finalmente (después de
más de seis años) la controversia constitucional promovida por el Poder Judicial
de Veracruz en contra de los Poderes Ejecutivo y Legislativo, por la promulgación
de la Ley Número 11 de Austeridad, publicada en la Gaceta Oficial del Estado el
28 de diciembre de 2018. *** En su resolución, la SCJN aprobó una medida para
reducir las percepciones económicas de los magistrados locales, asegurando que
no deben ser superiores el salario del Presidente de la República. *** La Ley
Número 11 y el oficio SFP/189/2019, emitido por la Secretaría de Finanzas y
Planeación el 8 de enero de 2019 fueron impugnados por el Poder Judicial estatal,
que solicitó la invalidez de las disposiciones al considerar que vulneraban su
autonomía financiera. *** Los ministros declararon “parcialmente procedente” la
controversia e invalidaron algunas disposiciones de la ley, mientras confirmaban la
validez de otras que, a su juicio, no vulneraban principios constitucionales como la
división de poderes y la autonomía presupuestaria. *** La discusión giró
principalmente en torno al artículo segundo de la Ley de Austeridad local, el cual
fue validado al no impedir que el Poder Judicial diseñe libremente su presupuesto,
siempre que respete el límite salarial establecido en la Constitución,
principalmente en lo referente al salario del titular del Ejecutivo. *** Sin embargo, la
Corte determinó la invalidez de los artículos tercero, cuarto y partes del noveno de
la misma ley, argumentando que estas disposiciones imponían restricciones
desproporcionadas al ejercicio de la autonomía presupuestaria del Poder Judicial.
*** Entre los límites invalidados estaban aquellos que restringían la creación de
plazas, la gestión de recursos y la contratación de servicios.
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