Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
La gobernadora Rocío Nahle lo tuvo que admitir: el penal de Tuxpan, el mismo en
el que se suscitó un motín hace apenas un mes, que dejó como saldo a nueve
personas fallecidas, ahora ha sido blanco de “bombardeos”. *** En su conferencia
de prensa de casi cada lunes, la gobernadora dio a conocer que “se realizan
inspecciones en todos los penales de la entidad” tras el motín en Tuxpan y hechos
violentos ocurridos en otras cárceles. *** Desde el reciente fin de semana se
reportó el uso de drones para lanzar artefactos explosivos, y al respecto Rocío
Nahle aclaró que no hubo internos trasladados a hospitales, pues no hubo
“personas lesionadas que requirieran atención médica”. *** En el primer ataque, la
noche del sábado, el secretario de Gobierno admitió que fueron lanzados tres
explosivos, pero ningún detonó, pero el domingo se registró un nuevo bombardeo
y de los tres artefactos lanzados, uno sí explotó. *** La gobernadora prometió que
la Secretaría de Seguridad Pública -área responsable de los reclusorios de la
entidad- dará los detalles de la revisión que se realiza en cada centro penitenciario
y de los hechos de violencia que se han registrado en semanas recientes. *** Ya
va siendo hora de que el titular de seguridad Pública dé la cara, no para que hable
de sus estrategias contra la delincuencia, sino de las medidas que ha adoptado a
partir de que han quedado en evidencia los actos de corrupción (complicidad) de
elementos de esa corporación con la delincuencia organizada. *** ¿Será que no
los ve, ni los oye?
El desempeño ético del órgano electoral de Veracruz (OPLE) está en dudas. Ha
sido exhibida su ineficacia en la operación de la elección extraordinaria del Poder
Judicial, y también se ha hecho notar una postura tendenciosa en la elección
municipal.
Y los integrantes del tribunal estatal electoral también ha demostrado que no les
importa pisotear las leyes que rigen su actuación, con tal de favorecer al partido en
el poder.
La magistrada Tania Celina Vásquez Muñoz, voz discordante del Tribunal Electoral
de Veracruz (TEV), mostró su desacuerdo con el desempeño del OPLE en el
proceso electoral judicial y, sin titubear, llamó a sus consejeros a mejorar su
desempeño.
“Durante el proceso electoral controvertido (del Poder Judicial local) se
identificaron diversas anomalías que fueron denunciadas y que consistieron, entre
otras, en la tolerancia frente al uso de acordeones destinados a orientar o dirigir el
voto ciudadano, lo que constituye una vulneración directa a la libertad del
sufragio”, apuntó.
Por otra parte, el dirigente nacional de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez
Máynez, denunció la ilegal injerencia de la gobernadora de Veracruz, quien –
asegura- presionó a los magistrados electorales para fallar a favor de Morena en
el caso de la elección municipal de Poza Rica.
“La indebida presión de la gobernadora Rocío Nahle dobló al Tribunal Electoral de
Veracruz y pudo más que la ley. El momento para pedir un recuento es después
del cómputo. Morena no lo hizo, pues hubiera evidenciado que alteraron paquetes
electorales ya computados por el OPLE”.
El dirigente partidista mostró la fracción décima del artículo 233 del Código
Electoral de Veracruz, en el que claramente se establece que “si al término del
cómputo se establece que la diferencia entre el candidato presuntamente ganador
y el ubicado en segundo lugar es igual o menor a un punto porcentual, y existe la
petición expresa del representante del partido o candidato que postuló al segundo
de los candidatos antes señalados, durante o al término de la sesión, el consejo
respectivo deberá realizar el recuento de votos en la totalidad de las casillas”.
El caso es que Morena no pidió “durante o al término de la sesión” el recuento de
votos, por lo que ese recurso quedó fuera de norma y debió ser invalidado, tanto
por el OPLE como por el TEV, pero ambos organismos pasaron por alto esa
violación procesal.
Apenas un día antes, el mismo Tribunal Estatal le ordenó al OPLE expedir una
nueva constancia de mayoría a la magistrada Rosalba Hernández, pues determinó
que la interpretación del órgano electoral no fue la correcta.
El TEV también revocó la constancia de mayoría como magistrado de la Sala
Constitucional del Tribunal Superior de Justicia a Jonathan Máximo Lozano
Ordóñez, pues quedó demostrado que hubo conflicto de intereses a partir de la
participación de María Fernanda Sánchez Rubio, consejera del OPLE y esposa del
candidato.
Ineficacia en algunos casos, pero evidente tendencia en otros, lo cierto es que
tanto el OPLE como el TEV quedaran exhibidos por su inclinación a favorecer a
Morena o a las figuras votadas con clara cercanía a esa organización política.
Epílogo.
Un vuelco importante se dará en las próximas horas en el caso del regidor noveno
del ayuntamiento de Córdoba, quien enfrenta un proceso penal en el que ha
quedado cuestionada la actuación del juez de control. Pronto se conocerán los
detalles. *** Y a propósito de la justicia en Veracruz, la magistrada Rosalba
Hernández dialogó este lunes con comunicadores, a quienes expresó su
determinación por mejorar en las tareas de administración de justicia. *** A partir
del primero de septiembre, Rosalba Hernández asumirá la presidencia del Tribunal
Superior de Justicia de Veracruz por los próximos dos años.
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