KAIRÓS
Francisco Montfort Guillén
El gobierno quiere meterle mano al sistema electoral vía el Congreso. Su promotora y vocera oficial no ha precisado sus propósitos centrales. No sabemos qué pretende hacer con el sistema electoral, que incluye no solo al ente organizador de los comicios y al tribunal especializado en el ramo, sino también a los partidos políticos y a los poderes de gobierno. Qué es lo que busca: ¿Renovarlo? ¿Mejorarlo? ¿Cambiarlo? ¿Transformarlo? Solo su peinador lo sabe.
Porque el Camarada Comisario Responsable de la Junta de Notables Morenistas, pretende hacer cambios a su antojo y ya le salieron algunos socios respondones, por cierto, ninguno de los camaradas de la Junta de Notables. La Máxima Camarada apenas ha declarado que, para hacerle caso a su querido “pueblo bueno”, (aunque en realidad, únicamente pretende obedecer una vez más los caprichos de su Camarada Jefe Absoluto) quiere que las elecciones cuesten menos, aunque entre esos costos a reducir metió la idea de rasurar el número de diputados y senadores plurinominales, lo cual no debiera entrar en el capítulo de rebajar los costos electorales, pues los legisladores electos sin hacer campañas no generan costos significativos. En fin, que ya se le salieron del huacal sus socios camaradas del Partido de Trabajo y del Partido Verde.
Las reducciones de los costos propiamente electorales significarían apenas mejorar una parte del funcionamiento institucional del sistema electoral: de sus trabajos de mantenimiento del padrón electoral más los trabajos preparativos, la jornada electoral y las posteriores disputas legales para modificar/aceptar triunfos y derrotas mediante los famosos recursos.
Y los cambios legales serían menores, solo con el fin de ajustar al alza la productividad laboral de las instituciones oficiales electorales y sobre todo de los partidos políticos. Implicaría reducir los tiempos de precampañas y campañas, los tiempos gratuitos de radio y televisión, reducir los aumentos automáticos anuales de las prerrogativas y ajustar al mínimo las prebendas presupuestales de los partidos en años sin elecciones. Pero sobre todo se tendría que buscar la maximización de la eficiencia y la legalidad de los gastos de los partidos, con medidas contables (sistemas de costos, de manejos financieros, de administración de recursos humanos y materiales, principalmente); con sistemas de evaluación de resultados, incluidos la primera auditoría por parte del INE a las cuentas de los partidos, para agilizar la legalidad de los resultados; y una segunda auditoría con un órgano especializado autónomo para dar cuenta de la legalidad plena del recibo y manejo de los recursos financieros de origen oficial y contribuciones de particulares. Y a través de este organismo dar publicidad plena a la sociedad de los resultados electorales vis a vis de todos los recursos recibidos.
Unas mejorías en este sentido serían bien vistos por los contribuyentes pues además de mejorar el sistema electoral, ayudarían seguramente a realizar la rendición de cuentas de estas entidades públicas, que es el elefante en la sala de las carencias de transparencia y rendición de cuenta del uso de los recursos públicos que pertenecen a todos los ciudadanos.
También serían bien recibidos algunos otros cambios del sistema electoral que rebasarían el campo estricto de la reducción de costos y significarían una remodelación. Por ejemplo, la prohibición a los candidatos electos de saltar de partido en partido, una vez legalizados los resultados de las campañas y la asignación de diputaciones y senadurías, según la elección, así como regularizar los casos de alianzas entre partidos, sin que las personas electas puedan, a capricho, cambiar de partido político, sino hasta la siguiente elección, aunque si pudieran declararse independientes, pero sin formar parte formal, legal de otras siglas partidarias.
Algo más que se podría hacer para remodelar el sistema electoral es regresar al espíritu republicano de las libertades federales, y desaparecer los OPLES para reconstruir, con mejores y más restrictivas leyes, los organismos electorales verdaderamente estatales. Porque el paso del IFE al INE no significó más que una centralización política, más burocrática, más costosa y menos libertaria, al tiempo de privar de un derecho a las entidades estales en su soberanía federal.
¿En qué momento se encuentra nuestra democracia actualmente? Casi en su desaparición. En el de una vulnerabilidad peligrosa. Para muchos, la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión equivalió a un Golpe de Estado, más aún si consideramos las grandes ilegalidades de la elección de la señora Sheinbaum. Esta fragilidad institucional queda muy clara con el libro editado por la UNAM y coordinado por María Marván, Jesús Orozco y Diego Valadés “La inconstitucionalidad de la sobrerrepresentación en el Congreso de la Unión”. Como dice Macario Schettino “la consecuencia lógica es que ninguna de las decisiones del Congreso actual tiene validez legal, empezando por la destrucción del Poder Judicial…vivimos en una ilusión jurídica” (Fuera de la Caja. Derrumbe. El Financiero, febrero 16, 2026).
El presente mexicano es ominoso. Resulta imposible querer evocar teorías sobre la democracia cuando el problema más grave para nuestra vida interna es la alianza estructural entre el crimen organizado y las estructuras de gobierno, en todos sus niveles, pues ya codeterminan la composición institucional de nuestro Estado. Un problema que no se puede resolver con la estrategia simplificadora de una lucha entre policías y ladrones.
Precisamente, una visión compleja de nuestra realidad implica, primero, reconocer que estamos inmersos en una economía globalizada, interdependiente, con centros de poder nunca vistos, ahora en plena lucha por la hegemonía mundial, que nos obliga a redefinir nuestra idea de nación y de hegemonía. Y,
precisamente, nos determinan a recuperar, sobre todo, la hegemonía y dominio político sobre nuestro propio territorio como inicio, principio y fin del principio de gobernabilidad para tratar de recuperar, y poner nuestro futuro, en nuestras propias manos.
Si la señora Sheinbaum quiere disminuir los costos de las elecciones tiene que pensar, seriamente, en renovar el sistema electoral. Construir, primero, el andamiaje que impida al crimen organizado determinar los triunfos de sus candidatos. Así, partido que postule a un candidato con ligas con el crimen organizado pierde en automático su registro en los municipios donde cometa este ilícito, o en las circunscripciones electorales de diputado y/o senador, o en el estado en donde postule a un candidato a gobernador apoyado por el crimen organizado y, finalmente, el registro nacional si la campaña presidencial de su candidato es financiada por los criminales.
Además, puede publicar una ley de excepción para remover de sus puestos actuales a presidentes municipales y gobernadores que han ganado sus elecciones gracias a los apoyos del crimen organizado. Si lo hace tendrá el apoyo de todos los mexicanos, aunque en las consultas para <<realizar sus reformas>> no dialogue ni incluya otras propuestas de la mayoría de los ciudadanos que no votan por ella y su partido.
francisco.montfort@gmail.com
