Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Lo sucedido en el reclusorio de Tuxpan sólo deja clara una cosa: el gobierno
estatal perdió el control en la zona norte, que hoy es el campo de batalla de dos
organizaciones criminales que decidieron medir fuerzas. ¿Las autoridades? “Que
ni se metan, porque este es nuestro territorio”. *** La guerra que protagonizan en
el norte de Veracruz el llamado “Grupo Sombra” y una facción del Cártel Jalisco
Nueva Generación (CJNG) se replicó en una prisión que gobiernan los propios
reos y que excede su capacidad. *** Hasta la tarde del domingo, el reporte oficial
era de un saldo de ocho internos fallecidos y 10 más heridos. Para ese momento,
con el respaldo del Ejército y de la Guardia Nacional, la policía estatal había
recuperado el control de la prisión y había trasladado a tres cabecillas a otros
reclusorios. *** No debemos perder de vista que incluso después de que fue
localizada sin vida la maestra y taxista Irma Hernández, cuando ya se había
“reforzado” la seguridad en aquella zona, un comando “levantó” a un taxista y
mató al pasajero que viajaba en su automóvil. *** Muy herido, el conductor logró
darse a la fuga y solicitar el apoyo de las autoridades, por lo que fue trasladado,
con custodia policiaca, a un hospital para su atención. *** Horas mas tardes, un
grupo armado penetró a la clínica para rematarlo. No lo consiguieron, pero
asesinaron a su padre que había acudido para acompañarlo en su convalecencia.
*** No basta con el discurso de que “no quedará impune”, o aquel de “nosotros no
pactamos con criminales”. La violencia criminal no cede y las fuerzas estatales
parecen incapaces. *** ¿Qué opina de eso el contralmirante Alfonso Reyes
Garcés? ¿No cree oportuno, diputado Adrián Ávila Estrada, que se le cite al titular
de Seguridad Pública para que acuda al Congreso y les hable a los veracruzanos
sobre sus estrategias de seguridad?
- No se preocupe, gobernadora, yo tengo algunos amigos en la prensa. Vamos a
imponer nuestra narrativa. A todos les quedará claro que la oposición está
derrotada y que están inventando una protesta social que no existe.
Más o menos en esos términos le vendieron a la gobernadora -sus “operadores”-
que podían minimizar el impacto de la movilización social a la que convocó
Movimiento Ciudadano (MC) en Papantla, en defensa del triunfo de su candidato,
Mariano Romero.
El boletín que reprodujeron las plumas al servicio de esos “operadores” aseguraba
que se trató de un “incipiente acarreo” patrocinado por el exalcalde de Tihuatlán,
Gregorio “Goyo” Gómez, “un narcopolítico a quien Romero le prometió la entrega
del municipio en forma incondicional”.
Con el viejo -y gastado- truco de tomar fotografías de momentos previos a que se
reuniera la totalidad de los manifestantes, los “defensores del triunfo de Morena”
pretendían convencer de que había sido muy poca la gente que había participado,
y que, por lo tanto, se trataba de “la derrota final” de quien compitió -y ganó- con el
respaldo del partido naranja.
La realidad fue muy distinta.
A pesar de que intentaron amedrentarlos con el despliegue de policías anti-
motines, con todo y el bloqueo que pretendieron imponer en los caminos de
acceso a la cabecera municipal (le apostaron al apoyo de los taxistas, pero éstos
siguen dolidos por el maltrato que recibieron del gobierno estatal), miles de
ciudadanos llegaron de las más alejadas comunidades para expresar su
descontento por lo que ellos consideran “un robo” a la voluntad popular.
Los pobladores de Papantla nunca estuvieron solos. El dirigente nacional de MC,
Jorge Álvarez Máynez, y el coordinador estatal de ese partido, Luis Carbonell de la
Hoz, encabezaron la marcha en la que también participaron Agustín Torres,
Secretario General del Comité Nacional; Benjamín Alamillo, Secretario Técnico;
Sergio Gil Rullán, diputado federal; Elena Córdova Molina, diputada local, y Dante
Alfonso Delgado, Presidente del Consejo Estatal de MC.
Todos ellos, además de las numerosas comitivas de las comunidades papantecas,
arroparon a Mariano Romero, quien superó en las urnas al candidato de Morena,
pero que, en un “recuento” amañado, le arrebataron mil votos para cambiar el
resultado de la elección.
Álvarez Máynez agradeció la confianza de un pueblo valiente que eligió, con
libertad y esperanza, a Mariano Romero y denunció el intento “grotesco” de
Morena por robar la elección:
“Nos quieren arrebatar mil votos en Papantla para torcer la voluntad del pueblo, y
no lo vamos a permitir. Ganamos con votos y vamos a defender este triunfo
ciudadano hasta el final”, dijo.
Luis Carbonell de la Hoz condenó que Morena haya traicionado los principios que
alguna vez defendió. Dijo que buscan consumar un fraude histórico en Papantla y
Poza Rica, porque saben que han perdido el respaldo popular.
“Los 600 mil votos que confiaron en Movimiento Ciudadano prueban que Morena
no es invencible, y desde Veracruz les vamos a demostrar que sí se les puede
vencer en cualquier municipio, estado o distrito (…) Seguiremos luchando,
presionando, tomando acciones. Porque esta voluntad no es solo de Movimiento
Ciudadano ni de Mariano Romero, es de los veracruzanos que exigen gobiernos
honestos y justos”.
No, definitivamente no fue una “asistencia raquítica” y tampoco fueron ciudadanos
“acarreados” de otros municipios. Fueron ciudadanos decididos a defender en la
calle el sentido de los votos que ellos depositaron en las urnas.
Epílogo.
Es un tema preocupante. Sabíamos ya de las graves irregularidades que se
presentaron en el “experimento” llamado “elección judicial”; conocimos estrategias
tan novedosas como ilegales (los famosos “acordeones”) y la impunidad que
imperó en esa práctica. *** Sin embargo, el panorama se oscurece aún más,
cuando la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación
ha decidido hacer su propia interpretación de la competencia y desconocer triunfos
legítimos de abogados que compitieron apegados a los términos de la
convocatoria. *** El miércoles 30 de julio los magistrados Mónica Soto, Janine
Otálora y Reyes Rodríguez Mondragón aprobaron por mayoría de votos los
proyectos que resuelven los expedientes SUP-JIN-339/2025, SUP-JIN539/2025,
SUP-JIN-730/2025 y SUP-JIN-817/2025. En su sentencia determinaron revocar
los acuerdos emitidos por el Instituto Nacional Electoral INE/CG571/2025 y
INE/CG572/2025, a fin de dejar insubsistentes las asignaciones y constancias de
mayoría de los candidatos hombres ganadores y asignar el cargo a la mujer más
votada en cada caso, entre otros efectos. *** Resulta escandaloso (por decir lo
menos) que especialistas en el arbitraje electoral pierdan de vista que su decisión
violenta las reglas previamente establecidas y, por lo tanto, les niega a los
ciudadanos factores fundamentales de la democracia, como son la certeza y
confianza. *** A pesar de que el INE -el órgano constitucionalmente encargado de
organizar y dar certeza a los procesos electorales- condujo la elección conforme a
los criterios previamente establecidos, el Tribunal Electoral pretende reinterpretar
las reglas y modificar los criterios de paridad, después de que el proceso ha
concluido y los resultados son del conocimiento público. *** Las reglas del juego
electoral no pueden modificarse una vez que la contienda ha terminado. Hacerlo
mina la confianza ciudadana y sienta un precedente peligroso.
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