Prosa aprisa
Arturo Reyes Isidoro
Se escuchó bien el diputado presidente de la Comisión de Vigilancia del Congreso del
Estado, Miguel Guillermo Pintos Guillén, quien luego de recibir el informe del Órgano de
Fiscalización Superior (ORFIS) del estado, que señala un presunto daño patrimonial en el
último año del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez por 2 mil 372 millones 867 mil 596
pesos, dijo que no se protegerá a nadie. “Nosotros vamos por la transparencia y la
rendición de cuentas, ese es nuestro objetivo”.
Se escuchó bien porque la mayoría de los implicados en las irregularidades detectadas y
observadas, exfuncionarios públicos estatales, presidentes municipales en funciones a
punto de concluir sus cuatrienios, y otros de organismos paramunicipales, son de Morena,
y porque el diputado Pintos Guillén es uno de los hombres más cercanos a la
gobernadora Rocío Nahle, lo que hace pensar que ella le dio luz verde para no cubrir con
el manto de la impunidad a nadie, así se trate de alguien de su partido.
Si lo anterior es importante, también es destacable el papel central que juega en todo esto
la titular del ORFIS, Delia González Cobos, por el trabajo profesional que realizó, que se
refleja en el informe que entregó al Congreso, pero además porque hace valer la
autonomía del organismo y porque no se ha parado en tratar de justificar y proteger a los
partícipes, lo que necesariamente alcanza al exgobernador García Jiménez, quien es
responsable por acción o por omisión.
El miércoles, la maestra González Cobos entregó su informe correspondiente a la Cuenta
Pública 2024, un documento amplio y suficiente, totalmente documentado, como se puede
comprobar en el sitio oficial del ORFIS, donde se pueden consultar los detalles. El balón
lo dejó ahora en la cancha del Congreso, que deberá determinar si lo aprueba a más
tardar el 31 de este mes, que si lo hace, los entes observados tendrán una última
oportunidad para presentar la documentación que cubra y salve las anomalías, porque de
otra manera serán denunciados ante el Tribunal de Justicia Administrativa o la Fiscalía
General del Estado, según el alcance de los ilícitos cometidos.
La fiscalización a fondo, realizada por el órgano, pone al gobierno de Rocío Nahle ante la
gran oportunidad de demostrar que sí es diferente, que va a proteger los intereses de los
veracruzanos, porque el dinero desviado, mal utilizado o robado es el que pagan los
contribuyentes para que se los devuelvan en obras y servicios públicos, y que está
decidido a llevar hasta sus últimas consecuencias la consigna de no mentir, no robar y no
traicionar que tanto cacarean su partido y el Gobierno federal, porque los involucrados
mintieron en sus cuentas públicas, porque robaron, sin duda alguna, y porque traicionaron
su causa, que gracias a ellos puede causar un serio tropiezo en las elecciones de 2027.
Rocío está en la misma posición de la línea que ya marcó la presidenta Claudia
Sheinbaum de no tolerar la corrupción en su gobierno y en el de su antecesor Andrés
Manuel López Obrador, cuando dio el visto bueno para actuar contra altos mandos
navales y funcionarios y exfuncionarios aduaneros ligados a una red que alcanza al
exsecretario de Marina, Rafael Ojeda, implicados en el contrabando de combustible para
evadir impuestos, mejor conocido como huachicol fiscal. Parece que Nahle ya dio el
primer paso para imitarla cuando, seguramente enterada del hallazgo de la Auditora
General, Delia González Cobos, no frenó que se hiciera público el informe de la Cuenta
Pública 2024, que lleva implícitos nombres y apellidos de los responsables.
Es muy significativo el hecho porque ni ella ni el líder cameral Esteban Bautista
Hernández se frenaron al considerar que seguir adelante significaba llevarse entre las
patas (para usar una expresión popular) al exgobernador Cuitláhuac García Jiménez,
quien sin duda permitió la mala actuación de sus subordinados, pues, igual que como
Adán Augusto López con su secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, que
comandaba el grupo criminal La Barredora, era imposible que no estuviera informado lo
que estaba sucediendo. Desde ahí se tiene que reconocer y aplaudir la decisión de la
gobernadora Nahle, aunque no se podrá celebrar nada hasta que no se actúe contra
quienes atentaron contra el patrimonio de los veracruzanos y se les obligue a devolver lo
que desviaron o robaron.
La auditoría confirmó lo que ya se sabía y que se vino exhibiendo en los medios, que en
el gobierno de Cuitláhuac hicieron un cochinero con las obras emblemáticas de su
sexenio: la reconstrucción del estadio Luis “Pirata” Fuente en Boca del Río, el Acuario de
Veracruz, al que cambió el nombre por Aquarium, y el Nido del Halcón, inmueble
deportivo en Xalapa, sin concluir, obras que, no cabe otra explicación, las utilizaron para
robar recursos en contubernio con empresarios, para irse forrados al terminar el sexenio.
Incluso durante la campaña de la hoy gobernadora, sonó fuerte la versión de que la
Procuraduría Estatal del Medio Ambiente estaba utilizando como pretexto la remodelación
del Acuario para desviar recursos diciendo que eran para la campaña.
Otro detalle es que de los 197 ayuntamientos también con daño patrimonial, la mayoría de
sus alcaldes son de Morena, por lo que también resulta significativo que desde el palacio
de gobierno o la sede del Congreso no hayan buscado proteger a ninguno aunque sean
de su partido. En la sede legislativa creen que los presidentes municipales se confiaron y
no se pusieron al corriente, no obstante que el ORFIS les advirtió que estaban mal y que
debían poner en orden sus cuentas y documentos, porque en la pasada legislatura
diputados los protegieron y pensaron que la iba a ser lo mismo con la actual Legislatura.
Las dependencias que causaron presunto daño patrimonial fueron la Secretaría de
Educación y Cultura (SEV), la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP), la
Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), la Secretaría de Medio Ambiente (SMA) y la
Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural y Pesca (Sedarpa), cuyos titulares fueron,
respectivamente, Víctor Vargas Barrientos, impuesto por su antecesor Zenyazen Escobar
García, Elio Hernández Gutiérrez, Guillermo Fernández Sánchez, Juan Carlos Contreras
Bautista y Evaristo Ovando Ramírez, puros peces gordos, todos cercanos a Cuitláhuac
García.
Si se sienta el precedente de que la gobernadora Nahle no decide u ordena proteger a
alguno de los ahora implicados, entonces seguramente sus colaboradores pondrán sus
barbas a remojar. De ahí la importancia de que respalde el trabajo de la Auditora General,
González Cobos.
Sheinbaum encabezará acto de la Armada este sábado en el puerto jarocho
Una vez más, la presidenta Claudia Sheinbaum estará en el puerto este sábado para
encabezar el acto por los 204 años del nacimiento de la Armada de México y los 201 años
de la promulgación de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824.
El acto será en la Macroplaza del puerto y la acompañará la gobernadora Rocío Nahle. Se
espera un importante mensaje de la titular del Poder Ejecutivo Federal.
