· La necesidad de modernizar y fortalecer al sistema judicial mexicano
· Requiere una transformación de fondo para servir verdaderamente a la ciudadanía
· Cambios estructurales que cuestionan el equilibrio de poderes
Por Miguel Ángel Cristiani G.
Como es ya bien sabido que en la naturaleza del presidente Andrés Manuel López Obrador está en descalificar y ningunear a todos los que opinan o actúan diferente, esta mañana en su conferencia de prensa aseguró que el paro de los integrantes del Poder Judicial “es ilegal”, pero que éste ayudará al pueblo de México pues al no estar activos jueces, magistrados y ministros “tenemos cuando menos la garantía que no se dejará en libertad a delincuentes del crimen organizado y de cuello blanco”.
Mientras tanto los trabajadores del Poder Judicial – no los magistrados, jueces- iniciaron desde este lunes, un paro de labores para protestar por la llamada Reforma al Poder Judicial.
Que como tema central y de polémica trata de que los funcionarios del Poder Judicial sean electos por votación popular.
Hay que recordar que en los últimos años, el Poder Judicial de México ha sido objeto de intensos debates y propuestas de reforma. Desde la administración del presidente Enrique Peña Nieto hasta la actual gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, la necesidad de modernizar y fortalecer al sistema judicial mexicano se ha mantenido en la agenda política y pública. Ahora, con la reciente presentación de la Iniciativa de Reforma Constitucional al Poder Judicial por parte del Ejecutivo Federal, esta discusión entra en una nueva y crucial etapa.
La Iniciativa de Reforma Constitucional al Poder Judicial propuesta por el presidente López Obrador busca transformar radicalmente la estructura y funcionamiento de este poder del Estado. Entre los principales cambios planteados se encuentran: la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, la reorganización de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), la designación directa de jueces y magistrados por el Ejecutivo, y la creación de un nuevo Instituto de Defensoría Pública, entre otros.
Desde la perspectiva del Gobierno Federal, esta reforma es necesaria para combatir la corrupción, la impunidad y la falta de independencia que han caracterizado al Poder Judicial mexicano durante décadas. El presidente López Obrador ha señalado reiteradamente que el actual sistema judicial está «secuestrado» por intereses creados y que requiere una transformación de fondo para servir verdaderamente a la ciudadanía.
Sin embargo, la propuesta ha generado una fuerte controversia y rechazo por parte de diversos sectores de la sociedad civil, organismos autónomos, y algunos partidos políticos de oposición. Estos actores argumentan que la reforma representa una amenaza a la separación de poderes y a la autonomía del Poder Judicial, abriendo la puerta a una mayor injerencia del Ejecutivo en la administración de justicia.
Uno de los puntos más cuestionados es la eliminación del Consejo de la Judicatura Federal, un órgano colegiado encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los tribunales federales. Según los críticos, esta medida debilita los mecanismos de contrapeso y control sobre el propio Poder Judicial, concentrando un mayor poder en manos del presidente de la República.
Asimismo, la designación directa de jueces y magistrados por el Ejecutivo también ha generado preocupación, ya que podría comprometer la independencia judicial y propiciar un mayor alineamiento político de los operadores del sistema de justicia. Algunos analistas advierten que esto abre la puerta a la «judicialización de la política» y a un mayor riesgo de injerencia del Gobierno en los procesos judiciales.
Por otra parte, la reforma también plantea la creación de un nuevo Instituto de Defensoría Pública, que asumiría las funciones que actualmente desempeña la Defensoría Federal. Aunque el objetivo de mejorar el acceso a la justicia para los sectores más vulnerables es loable, existen dudas sobre la viabilidad y autonomía de este nuevo organismo, especialmente en lo relativo a su financiamiento y designación de funcionarios.
Es importante señalar que esta no es la primera vez que se intenta reformar al Poder Judicial en México. Iniciativas anteriores, como la Reforma Judicial de 1994 o la Reforma Constitucional de 2021, también buscaron modernizar y fortalecer al sistema judicial, con resultados mixtos. Ahora, la actual propuesta parece ir más allá, planteando cambios estructurales que cuestionan el equilibrio de poderes y la independencia del Poder Judicial.
En este contexto, es fundamental que el debate sobre la Reforma al Poder Judicial se dé de manera amplia, plural y transparente, con la participación de todos los actores relevantes, incluidos los propios integrantes del sistema judicial, los colegios de abogados, las organizaciones de la sociedad civil y la academia. Solo así se podrá encontrar un balance adecuado entre la necesidad de transformar y modernizar al Poder Judicial, y el respeto a los principios de división de poderes y Estado de Derecho.
Asimismo, es crucial que cualquier cambio se lleve a cabo de manera gradual y con un enfoque basado en evidencia, evitando medidas que puedan poner en riesgo la integridad y credibilidad del sistema de justicia. Una reforma apresurada o excesivamente radical podría generar más problemas de los que pretende resolver, socavando la confianza ciudadana en las instituciones.
En última instancia, la discusión sobre la Reforma al Poder Judicial en México trasciende las fronteras partidistas o ideológicas. Se trata de un tema fundamental para la consolidación del Estado de Derecho y la plena vigencia de los derechos humanos en el país. Por ello, es imperativo que este debate se lleve a cabo con responsabilidad, rigor y una visión de largo plazo, priorizando el interés público por encima de cualquier otro.
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