Prosa apriza
Arturo Reyes Isidoro
Resulta bastante extraño que la reforma a la Constitución Política del Estado de Veracruz
en materia de Revocación de Mandato, aprobada el pasado 7 de julio por el pleno de la
LXVII Legislatura, no la presentó Morena a través de alguno de sus diputados, sino el
Partido Verde Ecologista de México (PVEM) por vía del coordinador de su bancada,
Marcelo Ruiz Sánchez, incondicional hasta el grado de la sumisión del palacio de
gobierno.
De tanta trascendencia, ya que tiene que ver con una posible consulta a los veracruzanos
para determinar si la gobernadora Rocío Nahle debe continuar en el cargo o no, llama la
atención que la medalla por el nuevo ordenamiento, plagado de candados para
obstaculizar hasta donde se pueda o evitar de plano la opinión de los electores, no se la
haya colgado el partido guinda y le haya dejado el mérito a su aliado, al que en cambio
ningunea cuando de repartir candidaturas se trata.
Los diputados Ana Rosa Valdés, del PRI; Enrique Cambranis e Indira Rosales, del PAN;
Elena Córdova, de MC; y Héctor Yunes, independiente, votaron en contra. El dirigente
estatal priista, Adolfo Ramírez, dijo dos días después que analizarían la posibilidad de
presentar una controversia constitucional para echar abajo la reforma, pero se quedó en
el intento, y no fue sino hasta este martes 14 cuando Movimiento Ciudadano informó que
presentará una acción de inconstitucionalidad a través de sus dirigentes nacional y
estatal, Jorge Álvarez Máynez y Luis Carbonell de la Hoz, respectivamente.
La Suprema Corte le tiró dos reformas a Cuitláhuac
El columnista consultó a exdiputados que, por ejemplo, le dieron palo al entonces
gobernador Cuitláhuac García Jiménez y le echaron al cesto de la basura su reforma
electoral en noviembre de 2020, que invalidó totalmente la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, así como a especialistas en el tema, y todos coincidieron en que si MC
fundamenta bien el recurso que impondrá y la Corte, ahora en manos de Morena, respeta
la Constitución, la nueva reforma será invalidada. Esa posibilidad explicaría porqué
Morena no se expuso presentando la iniciativa de reforma. Si se da, el palo será para
Ruiz Sánchez y su partido.
En aquella malograda reforma de Cuitláhuac, también trató de blindar a los funcionarios
de elección popular para que su permanencia no fuera sometida a consultar popular. Pero
la Corte igual le dio palo el 31 de enero de 2023 cuando echó abajo la reforma al artículo
11 de la Constitución local, que establecía que podían ser considerados veracruzanos
“mexicanos nacidos fuera del territorio del estado con hijos veracruzanos o con una
residencia efectiva de cinco años”, porque entonces con eso quería allanar la llegada de
Rocío Nahle a la gubernatura.
El tema enfrenta a Gobierno del Estado vs. Manuel Huerta
El tema de la revocación de mandato provocó un abierto enfrentamiento entre el Gobierno
del Estado, a través del Subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castro, contra el
senador Manuel Huerta Ladrón de Guevara, además de una división de gran calado
dentro de Morena, a solo unos días de que se inicie el proceso interno para empezar a
perfilar a quienes serán sus candidatos a diputados federales. Sobre el asunto, la
gobernadora ha repetido que no le quita el sueño ni la distrae, pero lo cierto es que la
reforma que se acaba de hacer se retardó lo más que se pudo y además con serias
restricciones.
Quienes opinan que la Corte echará abajo la reforma si se apega a Derecho, recuerdan
que el ordenamiento local se sale del marco normativo federal, y preguntan si Ruiz
Sánchez no se asesoró bien al presentar su iniciativa o de plano le ordenaron que solo
pusiera su nombre a un texto que le dieron ya hecho y que tal vez ni siquiera leyó. El caso
llegó a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien en su conferencia mañanera del 9 de julio
ofreció: “Hay que revisar, reviso con la Consejera Jurídica si es que se está limitando la
participación de la ciudadanía o sencillamente se acota alguna circunstancia”.
El senador quiere una legislación que facilite la consulta
Lo que extrañó también fue una embestida del subsecretario de Gobierno, José Manuel
Pozos Castro, en contra del senador Manuel Huerta, luego de que el sábado pasado, en
conferencia de prensa en el puerto de Veracruz el senador dijo que debe haber una
legislación que permita facilidades para que se acceda al mecanismo tanto de revocación
como de ratificación.
De hecho, no cuestionó el acotamiento de dos meses a uno para reunir las firmas para
pedir la consulta y puso como ejemplo su caso de que en corto tiempo se puede lograrlo.
Recordó que en 15 días consiguió medio millón de firmas para que su partido “escuchara”
al pueblo y lo pudiera postular como candidato a la gubernatura.
“Las leyes deben ser para facilitar los sentimientos de la Nación, del pueblo; yo en ese
sentido me pronunciaré porque haya más facilidades para que el pueblo encuentre más
canales de participación ciudadana”.
Pero su postura es desde noviembre del año pasado
Sin embargo, su postura no es nueva. Desde el 3 de noviembre de 2025, hace ocho
meses, declaró en conferencia de prensa que podría solicitar al Congreso local una
reforma constitucional para homologar la Ley de Revocación de Mandato estatal con la
federal, vigente desde 2022, con el propósito de que ese ejercicio de democracia directa
se aplicara también en la entidad.
Expresó entonces que su intención respondía a una petición ciudadana y recordó que el
Congreso local tenía la obligación de legislar, que el tema no era de los medios sino una
ley. Informó que incluso ya se había reunido con el titular de la Jucopo, Esteban Bautista
Hernández, y con la presidenta de la Mesa Directiva, Naomi Gómez Santos, para pedirles
que trabajaran el tema.
En aquella fecha argumentó que la revocación ayuda a fortalecer a los gobiernos; que no
debilita, al contrario, que ratifica el respaldo ciudadano; que la figura de revocación de
mandato pertenece al pueblo; que un principio democrático de Morena es el pueblo pone
y el pueblo quita; que cuando un gobierno no sirve, el pueblo tiene derecho a decidir; y
que la revocación no es un mecanismo de castigo sino una herramienta para fortalecer la
legitimidad de los gobernantes.
Pozos Castro lo embiste y lo pone como lazo de cochino
Él nunca ha mencionado por su nombre a la gobernadora Nahle y se ha ocupado del
tema porque le han preguntado los reporteros, pero en el gobierno han dado por hecho
que lo que dice lleva dedicatoria, y se han puesto el saco. Extrañó entonces la embestida
de Pozos porque por qué ahora y no antes, y también, por lo menos al columnista,
extrañó porque no es el estilo de actuar del Subsecretario y las palabras del texto que
publicó, o que lo hicieron firmar y publicar, no corresponde al de su lenguaje que se le
conoce.
No bajó a Huerta de desleal, traidor, de “dobles y hasta triples juegos”, de grilla barata, de
calumniador, amargado, frustrado e inseguro, de misógino y desafortunado, además de
desbocado. Solo faltó que le dijera de qué va a morir. Un lenguaje más propio de Esteban
Ramírez Zepeta, y además con un argumento que se cae por sí solo, pues dice que las
declaraciones del senador son sobre temas que no están a discusión ni del pueblo ni de la
legalidad y que la gobernadora cuenta con toda la legitimidad que le dan los más de 2
millones de votos de quienes la eligieron, lo que hace preguntar entonces para que
ocuparse de él y de lo que dice.
La Gobernadora ni deslinda al Gobierno ni lo desautoriza
Manuel envió acuse de recibo. Dijo que no caería en provocaciones y que confiaba en
que la gobernadora no estuviera detrás para no abonar a una confrontación interna. “Al
menos yo no lo voy a hacer”. Pero desde el viernes pasado por la noche cuando empezó
a circular la versión de Pozos, extraña que la gobernadora no haya deslindado al gobierno
de lo que dijo y que tampoco lo haya desautorizado. La confrontación, entonces, está muy
clara. Ahora falta que si se llega a caer la reforma le echen la culpa también.
En Morena no hay quien meta orden
En medio de toda esta batahola revocatoria ha quedado expuesto también que en Morena
no hay quien llame y meta al orden, ni la presidenta Claudia Sheinbaum, ni la dirigente
nacional Ariadna Montiel y ni la secretaria de Gobernación Rosa Icela Rodríguez. En los
gobiernos priistas era el presidente, el dirigente del PRI o el gobernador quien procuraba
la unidad y metía al orden a todos. Ahora, entre los morenistas, es un sálvese quien
pueda, y como en las mejores (o peores) funciones de lucha libre, de dos a tres caídas sin
límite de tiempo, se dan hasta con las sillas metálicas cercanas al ring. Que siga, pues, el
espectáculo. Máscara contra cabellera.
No se publicará esta columna los próximos 15 días
Lector, como decían en el beisbol, esto se está poniendo bueno, pero por compromisos
contraídos aprovecharé el periodo vacacional para ausentarme a partir de este jueves y
durante las próximas dos semanas.
