Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Con el argumento de que ellos no son “como los de antes”, el gobernador de
Veracruz, Cuitláhuac García se toma libertades que expresamente prohíbe la ley
electoral. *** El Órgano Público Local Electoral (OPLE), sin embargo, se limita a
emitir una “medida cautelar” que consiste en ordenarle al mandatario estatal que
retire de sus redes sociales un video que elaboró desde Casa Veracruz, en el que
anunció que la ingeniera Rocío Nahle había sido elegida (a pesar de no ganar el
proceso interno) precandidata al gobierno de Veracruz. *** La Comisión
Permanente de Quejas y Denuncias del OPLE acordó que era “procedente” la
aplicación de la medida cautelar al gobernador, en relación con la “vulneración de
los principios de imparcialidad y equidad de la contienda electoral”. *** Le ordenó
al titular del Ejecutivo estatal que, en un plazo no mayor a 24 horas, “realice las
acciones y gestiones necesarias para eliminar la publicación”, alojada en la cuenta
oficial de Facebook del mandatario. *** La falta -aseguran los expertos- amerita
algo más que esa medida. Es materia para una denuncia penal, que tendría que
ser radicada en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales. *** Por lo pronto,
hay otras denuncias en las que se señala al gobernador Cuitláhuac García y a
personal de su equipo de trabajo, de violar las restricciones electorales con el afán
de favorecer a la precandidata de su partido. *** Es momento de que é árbitro
electoral muestre firmeza en sus decisiones, o la elección se le saldrá de las
manos.
* * *
En el año 2018, en vísperas de las elecciones que le dieron la oportunidad de
llegar a la presidencia, Andrés Manuel López Obrador asistió a la Convención
Bancaria y ahí lanzó una amenaza que sigue latente hasta nuestros días:
“Después del primero de julio, yo me voy a Palacio Nacional o a Palenque,
Chiapas (a su rancho). Si se atreven a un fraude, me voy también a Palenque y a
ver quién va a amarrar al tigre. Quien suelte al tigre, que lo amarre. Yo no voy a
estar deteniendo a la gente luego de un fraude electoral. Así de claro”.
Este fin de semana, en la cabecera municipal de Lerdo de tejada, tuvimos una
minúscula demostración de lo que podría suceder si “se suelta el tigre”.
La noche del viernes, Brando de Jesús Arellano Cruz, de 27 años, le llamó a su
padre Delfino Arellano:
– Papá, me viene siguiendo una patrulla, voy para la casa de mi abuela.
El joven alcanzó a llegar. Detuvo su vehículo en la calle Luis Echeverría de la
colonia Paulino Ortiz. Sin embargo, los policías que lo perseguían le dispararon. Al
menos dos balas penetraron la ventanilla trasera del vehículo, una de ellas le dio
en el cuello y provocó su muerte.
Su padre, Delfino Arellano, un profesor muy conocido en la ciudad, llegó segundos
después y tras eludir a los policías llegó hasta el vehículo. Trató de reanimarlo,
pero era demasiado tarde.
“Logré pasar y mi hijo quedó inconsciente, ya había perdido la vida, un disparo en
la yugular por la espalda, de manera artera, mi hijo ya había parado su carro y aun
así ellos abrieron fuego”, narró más tarde el padre.
Eran cuatro los policías municipales, quienes viajaban en una patrulla con
logotipos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).
En el sitio se reunieron decenas de pobladores, que empezaron con un reclamo a
los uniformados, hasta convertirse la discusión en un linchamiento. La llegada de
elementos de la policía estatal evitó que los policías municipales fueran ejecutados
por la gente. Aún así, resultaron con severas heridas, lo que obligó a que los
trasladaran a un hospital.
Los ciudadanos, coléricos, quemaron la patrulla y se trasladaron al Palacio
Municipal, al que también le prendieron fuego.
La Secretaría de Seguridad Pública del estado (SSP) se apresuró a aclarar que
los autores de ese acto criminal no eran elementos de su corporación y que la
participación de la policía estatal sólo se dio para evitar el linchamiento de los
uniformados.
No es del todo verdad. Aunque Lerdo de Tejada mantiene en su estructura un área
de seguridad pública municipal, ésta es controlada, en lo operativo, por los
mandos estatales. Esto, a raíz de que, en 2021, fueron detenidos cinco elementos
de esa corporación, acusados de desaparición forzada.
Los padres de Brando Arellano, lo mismo que otros pobladores de Lerdo,
denunciaron: es “común” que los policías municipales se dediquen a asaltar a
cualquier vehículo que transite durante la noche. Los detienen, los amenazan con
inventarles cargos (sembrarles drogas o armas) y terminan exigiéndoles dinero
para dejarlos ir.
Esto es, sin duda, consecuencia del abandono en el que se encuentran los
cuerpos policiacos, producto una política de seguridad a nivel federal, que optó por
“los abrazos” en lugar de “los balazos”.
El presupuesto para seguridad que se ejercía en los estados, hasta antes de la
actual administración federal, se integraba de las partidas del Fondo de
Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) y, hasta el 2020 (porque el
gobierno federal lo eliminó), el subsidio del Programa de Fortalecimiento para la
Seguridad (Fortaseg).
De 2018 a 2022, en términos reales, el FASP se mantuvo estancado y el Fortaseg
desapareció.
En 2018 el FASP tuvo un presupuesto de 6 mil 989 millones de pesos y para 2022
fue de 7 mil 988 millones, mientras que el Fortaseg pasó de 5 mil millones de
pesos en 2018 a 4 mil millones en 2021 y para 2022 ya no se le asignaron
recursos.
En presupuesto de Egresos para 2023 el Congreso le asignó 8 mil 786 millones de
pesos al FASP.
Es evidente que los recursos no sólo son insuficientes para atender las
necesidades básicas de un cuerpo de policía, sino que se reducen de manera
significativa, mientras la mayoría de los delitos de alto impacto continúan en
ascenso o se mantienen en niveles extremadamente altos.
El gobierno federal falló, además, en el cumplimiento de los artículos transitorios
de la ley que dio origen a la Guardia Nacional, en los que se establece que en un
periodo de cinco años se debían fortalecer las policías locales. Concretamente se
ordena “fortalecer capacidades operativas e institucionales”.
Nada de eso ha sucedido.
Hoy una familia en Lerdo de Tejada llora la muerte de un joven inocente, que fue
víctima de las criminales omisiones de nuestras autoridades.
* * *
Epílogo.
Y el sur de la entidad se volvió a sacudir este domingo, con la noticia de que dos
reconocidos ganaderos, los hermanos Cristian y Oswaldo Vázquez Feria, fueron
encontrados sin vida en sus corrales de la comunidad Arroyo Zacate, del municipio
de Playa Vicente, a un lado de la carretera federal Palomares-Tuxtepec. *** Las
autoridades asumen que los ganaderos fueron víctimas de un ataque homicida,
por lo que iniciaron las investigaciones. *** El Instituto Nacional Electoral (INE) dio
a conocer que en el estado de Veracruz se permitirá que emitan su voto aquellas
personas que se encuentran privadas de la libertad en algún reclusorio, pero que
no han sido sentenciadas. *** Lo preocupante de esto, es que calculan que en las
cárceles de esta entidad hay al menos ¡4 mil 500 reos sin sentencia! ¿Dónde
quedó, entonces, el principio fundamental de la presunción de inocencia?
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