AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Al que cada vez se le complica más su forzada permanencia en la Rectoría de la
Universidad Veracruzana (UV) es al doctor Martín Aguilar.
Y es que Aguilar Sánchez no solo sigue resistiendo el creciente repudio de un amplio
segmento de la comunidad universitaria que está en contra de su ilegal prórroga de cuatro
años que le aprobaron sus incondicionales de la Junta de Gobierno, sino que ahora –según
trascendió en el primer círculo de la Rectoría– se habría sumado también la presunta
presión de la gobernadora Rocío Nahle que pretendería imponerle un emisario de su
absoluta confianza en la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), sin reparar en la
autonomía universitaria.
De acuerdo con el Artículo 44 de la Ley Orgánica de la UV, la SAF es responsable de
coordinar la adecuada administración de los recursos humanos, financieros y materiales, para
proporcionar apoyo y servicio eficiente a las áreas que contribuyen directamente a los fines de
la UV, así como de planear, supervisar y vigilar la operación financiera de la Universidad.
Entre sus responsabilidades se encuentran: Integrar y formular el proyecto de presupuesto de
egresos que debe presentar ante el Consejo Universitario; Convocar y presidir la Comisión de
Presupuestos del Consejo Universitario General; Gestionar la obtención de los recursos
necesarios para cubrir los egresos; Establecer los lineamientos, normas y políticas de carácter
general para la integración y ejercicio del presupuesto, así como para el control de los ingresos
y egresos que generen por algún concepto, las entidades académicas y dependencias de la UV;
Negociar el monto de los subsidios que otorga la Secretaría de Educación Pública (SEP) y el
Gobierno del Estado; Vigilar que se adquieran y suministren oportunamente los bienes que
requieran las dependencias de la Universidad para su buen funcionamiento, dentro de los
límites presupuestales autorizados; Presentar los reportes financieros que sean requeridos por
la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) y la Contraloría General del Gobierno del
Estado, así como, presentar en coordinación con la Dirección de Planeación Institucional, los
informes que le sean requeridos por la SEP; Coordinar sus actividades con los Vice-Rectores
en el ámbito de su competencia, así como con los Secretarios de Administración y Finanzas
Regionales; Vigilar el correcto cumplimiento de los contratos colectivos de trabajo firmados
con las distintas organizaciones sindicales, así como los demás ordenamientos aplicables.
Preocupado por la presunta presión de Nahle y la endeble situación financiera de la UV, el
Rector se reunió el domingo pasado con el dirigente sindical del personal académico
(Fesapauv), Enrique Levet Gorozpe, quien al día siguiente partió hacia la Ciudad de México
para cabildear con algunos diputados federales, entre ellos el veracruzano Javier Herrera
Borunda, presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación e
hijo de su extinto amigo, el exgobernador Fidel Herrera Beltrán.
El martes, Levet Gorozpe, como dirigente también de la Confederación Nacional de
Trabajadores Universitarios (CONTU), fue recibido por el diputado del Partido Verde, Oscar
Bautista Villegas, secretario de la Comisión de Presupuesto, y por el vicecoordinador de la
bancada de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar. El líder de la Fesapauv, acompañado de otros
miembros de la CONTU, entregaron individualmente al par de legisladores un documento en
el que se plantea un análisis de la situación financiera de las universidades, de las pensiones y
jubilaciones de las casas de estudios, para lo cual demandan “etiquetar recursos del fondo
U081, el rezago salarial y, la falta de reconocimiento de plantillas laborales (sic)”.
Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior (Anuies) presentó ese mismo día a la Cámara de Diputados su propuesta de gasto
para 2026, en la que solicitan una ampliación de 12 mil 100 millones de pesos, así como el
inicio del proceso gradual de recuperación del subsidio en términos reales, que acumula una
pérdida de más de 50 mil 400 millones de pesos desde 2019.
En el contexto de la discusión del Paquete Económico del próximo año, el secretario
general ejecutivo de la Anuies, Luis Armando González Placencia, entregó además un
anexo en el que detalló que, para 2026, se prevé un recorte de 584.2 millones a las
instituciones de educación superior, ya que en 2025 se aprobó un monto de 196 mil 280.3
millones de pesos y el proyecto actual del Ejecutivo federal prevé 195 mil 696.1 millones
para el año entrante.
Según la estimación de la Anuies, su petición de ampliar el monto en 12 mil 100 millones
permitirá contar con un gasto total de 207 mil 798 millones de pesos.
González Placencia explicó a la comisión que el aumento en el presupuesto de las
universidades busca atender tres prioridades: un incremento que permita cubrir el alza de
precios estimada en 4.8 por ciento anual, e iniciar una mínima recuperación ante la pérdida
inflacionaria.
También busca fortalecer la formación de docentes, avanzar en el saneamiento financiero
de las universidades públicas que presenten proyectos de restructuración de sus contratos
colectivos de trabajo y robustecer sus fondos de pensiones.
Pero el secretario general ejecutivo de la Anuies añadió que en el proyecto de presupuesto
para 2026 únicamente se considera un aumento de 1.5 por ciento respecto del año en curso
para el Instituto Politécnico Nacional (IPN) –cuyo director es el químico bacteriólogo
parasitólogo y doctor en Biomedicina Molecular, Arturo Reyes Sandoval, amigo cercano de
la presidenta Claudia Sheinbaum–, mientras que el Programa Subsidio Ordinario para las
universidades públicas tendrá un recorte de 3 mil millones de pesos.
¿Será que la gobernadora Nahle podría abogar al menos por la UV ante la Jefa del
Ejecutivo federal?
FRAUDE POR 25 MILLONES DE
PESOS EN EL PODER JUDICIAL
Siguen ventilándose los malos manejos financieros y administrativos de la Magistrada ex
presidenta del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, Lisbeth Aurelia
Jiménez Aguirre, quien, en presunta complicidad con las nuevas autoridades
administrativas del Poder Judicial estatal, habrían cometido un fraude que rondaría los 25
millones de pesos por la realización de un “inventario de mobiliario”.
En estos presumibles hechos delictivos, según información en nuestro poder, habrían estado
involucrados la actual directora general de Administración, Diana Adivedh Cruz Villegas;
Antonio Sobrevilla Castillo, responsable del Fondo Auxiliar, y Víctor Luis Priego López,
entonces Secretario General y ahora feliz integrante del nuevo Órgano de Administración
Judicial.
La empresa que realizó dicho levantamiento de Mobiliario al Poder Judicial del Estado de
Veracruz se denomina Auditoría Integral EZA, S.C., con dirección en Lázaro Cárdenas
número 12, ubicada en el corazón de Banderilla, municipio conurbado a la capital
veracruzana. El inmueble, sede de esta empresa, se encuentra deshabitada y es una casa sin
repello, sin pintura, una casa de vecindad, con cinco medidores, localizada en el famoso
pueblo chicharronero.
Desde ahí, en lo que parece ser una empresa fachada, se facturaron 25 millones por un
levantamiento que fue realizado por jóvenes sin experiencia, quienes fueron contratados
bajo el esquema de “servicio social”.
Este Despacho –que cobró 25 millones de pesos, insistimos– se encuentra registrado en el
Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS) como prestador de
servicios profesionales.
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ya abrió una investigación por el uso
indebido de estos recursos y el veredicto se dará a conocer en el Informe Final de la
Auditoría a la Cuenta Pública 2024 a finales de este mes de septiembre, ya que el origen de
estos recursos corresponde a gastos federalizados.
Y así sigue operando el Poder Judicial, con nombres de responsables que saltan a la vista:
Diana Adivedh Cruz Villegas, Antonio Sobrevilla Castillo, Víctor Luis Priego López, Alma
Rosa Flores Ceballos y María del Socorro Hernández Cadena, entre otros.
¿Quién los detendrá ahora que se sienten “autónomos”, dueños del Poder Judicial, señores
y señoras de horca y cuchillo? ¿Con estos administradores morenistas, para qué quieren
enemigos? El desastre y la pudrición viene de dentro, no cabe duda.
