ALPIE23JUNIO2025
AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Desde el pasado viernes 20 de junio, los siete integrantes que finalmente quedaron en la
Junta de Gobierno (JG) de la Universidad Veracruzana (UV) tenían listo el acuerdo que
aprobaba la prórroga de Martín Aguilar Sánchez como rector hasta agosto de 2029. Sin
embargo, el comunicado lo hicieron oficial este lunes 23.
Solamente fue firmado por Juan Manuel Pinos Rodríguez y Diana Folger Pérez Staples
como presidente y secretaria, respectivamente, de la JG, y por Ernesto Isunza Vera, José de
Jesús Franco López, María Adela Monreal Gómez, Héctor Vázquez Leal y Alan Jesús
Morgado Bustos, el único con grado académico de maestro, pues todos los demás poseen
distintos títulos de doctorado.
Los nombres y firmas de las doctoras María Angélica Buendía Espinosa y Haydee Zizumbo
Ramírez ya no aparecieron porque renunciaron como miembros de la JG días antes de que
se tomara esta polémica decisión que tiene dividida a la comunidad universitaria, ya que
según las cifras oficiales del órgano colegiado sobre la consulta convocada para decidir si
se le debía otorgar o no la prórroga al actual titular de la Rectoría, de los 2 mil 839
alumnos, pasantes y graduados, personal académico, autoridades, funcionarios, empleados
de confianza, personal administrativo, técnico y manual que participaron en modalidad
presencial y digital en las cinco regiones universitarias, el 59.07 por ciento se manifestó a
favor y el 40.93 por ciento en contra.
La mayor participación se dio en la zona universitaria de Xalapa, donde participaron 1,311;
en la zona Veracruz-Boca del Río los participantes ascendieron a 640; en Orizaba-Córdoba,
384; en Coatzacoalcos-Minatitlán, 314, y, en Poza Rica-Tuxpan, 190.
Con una serie de tecnicismos jurídicos y exaltando algunos de los logros descritos en el
balance de su rectorado 2021-2025 que les presentó, los siete miembros de la Junta de
Gobierno resolvieron mañosamente justificar la prórroga otorgada al doctor Aguilar
Sánchez para que no fuera impugnado para este segundo periodo por incumplir con el
requisito legal de la edad.
Así, pues, en su opinión, “resulta procedente el trámite de solicitud de prórroga de la
vigencia del nombramiento de la persona titular de la Rectoría de la Universidad
Veracruzana”, aludiendo a diversos artículos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, de la Constitución Política para el Estado de Veracruz y de la Ley de
Autonomía, de la Ley Orgánica y del Estatuto General de la UV, así como del reglamento
interno de la Junta de Gobierno y disposiciones de la máxima casa de estudios.
Y puntualizan que “la Junta de Gobierno al aceptar a trámite la solicitud de prórroga atiene
la existencia de la misma dentro de legislación Universitaria, la cual en ningún momento
debe entenderse como sinónimo de reelección, ya que su significado es completamente
diferente. Con el presente trámite no se trata de designar un nuevo rectorado sino de
determinar la viabilidad de extender el ya vigente desde el primero de septiembre de dos
mil veintiuno, por un periodo más”.
Sin embargo, ninguno de los tres ex rectores de la era autónoma de la UV que le
antecedieron a Martín Aguilar –Víctor Arredondo Álvarez (1997-2004), Raúl Arias Lovillo
(2004-2013) y Sara Ladrón de Guevara (2013-2021)– intentaron prolongar por esta cómoda
vía de fast-track su permanencia en la Rectoría.
Los tres permitieron que la Junta de Gobierno lanzara la convocatoria abierta para que otros
académicos aspirantes participaran. Ellos, a diferencia de Aguilar Sánchez, sí cumplían con
la edad requerida y no quisieron cargar con el estigma de “espurios”.
Y vaya descrédito y repudio que se han echado encima los siete miembros del órgano
colegiado que forzaron la prórroga del actual rector, empezando por su presidente, el
médico veterinario Juan Manuel Pinos Rodríguez. ¡Qué diferencia con la actitud ética y
congruencia del doctor Rafael Velasco Fernández, ex rector de la UV que en 1997 presidió
la primera Junta de Gobierno, o del doctor José Sarukhán, ex rector de la UNAM, quienes
resistieron fuertes presiones ejercidas desde las altas esferas del poder y que tampoco se
prestaron como ahora para este tipo de componendas de grupúsculos políticos y seudo
académicos que quieren seguir medrando con el cada vez más disminuido prestigio y los
escasos recursos financieros de la máxima casa de estudios de los veracruzanos!
EXIGEN LA DISOLUCIÓN
DE LA JUNTA DE GOBIERNO
Por lo mientras, el polémico dictamen de la Junta de Gobierno ha desatado una oleada de
protestas. Los tres académicos que públicamente habían manifestado su aspiración de
registrar sus candidaturas para suceder al actual rector –Marisol Luna Leal, Jorge Manzo
Denes y Rafael Vela–, lanzaron ayer mismo una convocatoria a la comunidad universitaria
y a la sociedad en general para una conferencia de prensa y una “marcha pacífica”,
programadas para este miércoles 25 de junio a las 10:00 y 11:00 horas en la escalinata de la
Rectoría de UV.
Pero, por otra parte, la académica Rosalba Viveros, a través de la plataforma
www.change.org, comenzó a recaudar firmas para pedir la disolución de la Junta de
Gobierno por violar los principios básicos de la autonomía universitaria.
En su petición, expuso la siguiente causa:
“La Junta de Gobierno de la Universidad Veracruzana (UV) ha aprobado una prórroga
ilegal e ilegítima para que el rector Martín Gerardo Aguilar Sánchez permanezca en el
cargo hasta 2029, a pesar de que ya ha superado la edad límite establecida y sin respetar el
procedimiento ordinario de renovación rectoral que debe incluir convocatoria abierta y
participación plural.
“Esta decisión se tomó en medio de opacidad, falta de transparencia y sin la consulta real y
democrática de la comunidad universitaria, generando un clima de desconfianza, división y
crisis institucional. Además, existen denuncias sobre el manejo opaco de recursos y la
percepción de que el rector busca únicamente jubilarse con el salario de rector, sin un
verdadero compromiso con la universidad.
“La prórroga viola los principios básicos de autonomía universitaria porque limita la
pluralidad, la rendición de cuentas y la participación democrática, poniendo en riesgo la
estabilidad y el prestigio de nuestra máxima casa de estudios.
“Fundamentos legales que respaldan nuestra exigencia:
“1.- El artículo 3° constitucional, fracción VII, reconoce la autonomía de las universidades
públicas para gobernarse a sí mismas, pero esta autonomía debe ejercerse conforme a la ley,
con respeto a principios democráticos, transparencia y legalidad.
“2.- La Ley General de Educación Superior establece que las universidades autónomas
deben respetar sus leyes orgánicas y normatividad interna, y que los procesos legislativos
relacionados deben respetar irrestrictamente su facultad de autogobierno
“3.-La Junta de Gobierno es un órgano interno de autogobierno responsable de nombrar y
remover al rector, pero debe hacerlo mediante procesos incluyentes, participativos y
transparentes; cuando falla en estas funciones, pone en riesgo la autonomía y la estabilidad
institucional
“4.- La autonomía universitaria no ampara actos arbitrarios ni ilegales. En casos de
violaciones graves a la ley o a la autonomía, el Congreso del Estado tiene facultades para
legislar y supervisar la organización universitaria, incluyendo la posibilidad de modificar o
disolver órganos que vulneren la normatividad y el interés público universitario.
“Por todo lo anterior, exigimos a la Cámara del Congreso del Estado de Veracruz que tome
constancia de esta grave situación y proceda a disolver la actual Junta de Gobierno, órgano
que ha perdido legitimidad y que ha actuado en contra de los intereses de la comunidad
universitaria y del bienestar de la UV.
“¡Firma para defender la autonomía, la transparencia y la democracia en la Universidad
Veracruzana!”
Hasta las 10 de la noche de ayer llevaban más de 315 firmas verificadas por la plataforma
www.change.org.