Por Miguel Ángel Cristiani G.
Hay palabras que, cuando se usan en política, terminan convertidas en ironía. “Regeneración” es una de ellas. Nació como promesa de limpieza moral, de ruptura con los vicios del pasado, de una nueva forma de hacer política. Hoy, a la luz de los datos, el término parece más bien un ejercicio retórico que una práctica verificable.
La investigación publicada por El Universal, sustentada en información del Instituto Nacional Electoral (INE), exhibe una contradicción que no admite matices: entre 2018 y 2026, Morena presupuestó más de 600 millones de pesos para su periódico Regeneración, pero apenas ha transparentado cinco contratos que suman poco más de 22 millones. El resto —más de 570 millones— se diluye en la opacidad.
No se trata de un asunto menor ni de un tecnicismo contable. Estamos hablando de recursos públicos, porque el financiamiento de los partidos políticos en México proviene del erario. Es decir, del bolsillo de los ciudadanos. Y cuando esos recursos no se explican con claridad, no hay narrativa ideológica que los justifique.
El problema no es solo la cifra, sino el patrón. Los dictámenes de fiscalización del INE han documentado irregularidades reiteradas: subvaluación de costos, omisión en la entrega de información, avisos tardíos para verificación de tirajes y, quizá lo más delicado, la reclasificación indebida de gastos editoriales como “Actividades Específicas”, cuando en realidad tenían contenido claramente electoral.
En 2021, por ejemplo, la autoridad detectó una subvaluación de más de 9.3 millones de pesos en la impresión del periódico. El precio reportado por ejemplar estaba por debajo del valor de mercado. ¿Error administrativo o estrategia deliberada? La pregunta sigue sin respuesta convincente.
A ello se suma la negativa —o incapacidad— del partido para detallar la distribución del periódico: cuántos ejemplares se imprimen, a dónde se envían, en qué fechas se entregan. Información básica para cualquier ejercicio de rendición de cuentas. La respuesta oficial fue acusar al INE de “cacería de gastos”. Una reacción que, más que aclarar, confirma la resistencia a la transparencia.
Pero hay un elemento aún más preocupante: el uso del periódico como herramienta de promoción política en contextos electorales. Entre 2020 y 2023, el INE determinó en varias ocasiones que los contenidos de Regeneración beneficiaban directamente a candidaturas y procesos como la revocación de mandato. En consecuencia, ordenó reclasificar esos gastos como de campaña. Morena no acató plenamente estas disposiciones.
Aquí es donde el discurso se rompe. Porque Morena llegó al poder con la bandera de combatir la corrupción y erradicar las prácticas opacas de los partidos tradicionales. Sin embargo, los hechos muestran que, al menos en este caso, ha replicado —y en algunos aspectos profundizado— las mismas conductas que criticaba.
No se trata de equiparar ni de absolver a nadie. Se trata de exigir congruencia. La ética pública no es selectiva ni depende del color partidista. Si se condena la opacidad en otros, se debe evitar en casa propia. De lo contrario, la autoridad moral se convierte en simulación.
El origen de Regeneración tampoco es irrelevante. Fundado en 2010 por Jesús Ramírez Cuevas, hoy vocero presidencial, el periódico ha sido una pieza clave en la construcción del discurso político del movimiento. Su función ha sido clara: comunicar, persuadir, posicionar. Nada ilegal en ello, siempre y cuando se haga con recursos transparentes y dentro del marco normativo.
El problema es cuando esa herramienta de comunicación se financia con recursos cuya trazabilidad es incompleta. Cuando no se puede explicar con precisión cómo se gastan cientos de millones de pesos. Cuando la rendición de cuentas se sustituye por argumentos políticos.
En términos legales, el Reglamento de Fiscalización del INE es claro: los partidos deben reportar de manera detallada el origen y destino de sus recursos, así como permitir la verificación de sus actividades. No es una concesión, es una obligación. Y su incumplimiento no es una falta menor: es una violación al principio de transparencia que sostiene la democracia.
Más allá de las posibles sanciones administrativas, el daño es político. Porque erosiona la confianza ciudadana en las instituciones y en los propios partidos. Y sin confianza, la democracia se debilita.
El caso de Regeneración debería ser una oportunidad para corregir, no para justificar. Para abrir la información, no para cerrarla. Para demostrar que la promesa de cambio no fue solo un recurso discursivo.
Porque al final, la verdadera regeneración no se imprime en papel: se construye con hechos verificables, cuentas claras y respeto al dinero público.
Y cuando un proyecto político que prometió limpiar la casa termina escondiendo las facturas, lo que se regenera no es la vida pública, sino las viejas mañas con nuevo membrete.
