AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
En México, y particularmente en Veracruz, nunca se ha logrado ejercer el periodismo en las
mejores condiciones democráticas y de plena libertad.
Cuando el régimen autoritario y sus aliados del crimen organizado no atentan contra la
seguridad física de los comunicadores –en especial los más críticos–, éstos y sus medios se
enfrentan entonces al boicot comercial o al asedio del fisco.
En nuestro estado, desde la administración del ex gobernador priista Fidel Herrera Beltrán
(2004-2010), tuvo que crearse –a propuesta de José Pablo Robles Martínez, editor del
Diario del Istmo y de Imagen de Veracruz, y del extinto exdirector de la Facultad de
Comunicación de la UV, Ignacio Oropeza López– la Comisión Estatal para la Defensa de
los Periodistas, la cual fue desaparecida pese a su raquítico presupuesto por su sucesor
Javier Duarte, también del PRI, quien al año siguiente debió reinventarla como Comisión
Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) presionado por las
decenas de reporteros masacrados y perseguidos por sicarios de grupos criminales
enquistados en la entidad.
Con la llegada de Morena al poder en 2018, tanto en el Gobierno de la República como en
Veracruz se esperaba que la llamada Cuarta Transformación deveras iniciara el proceso de
reforma del régimen autoritario heredado por el PRI y el PAN, y que los mexicanos en
general –no solamente los periodistas– pudiéramos convivir en mejores condiciones
democráticas, de seguridad pública, bienestar social y estabilidad económica.
Pero, paradójicamente, hemos ido retrocediendo en todo tipo de garantías sociales y
políticas. Y ahora, en plena construcción del segundo piso de la 4T, estamos siendo testigos
de prácticas autoritarias que ni siquiera los regímenes del PRIAN que cohabitaron a partir
del fraude electoral de 1988 se atrevieron a llegar a los extremos de algunos gobernantes y
políticos morenistas.
Lo más aberrante lo estamos viendo en el estado de Campeche, “gobernado” –es un decir–
por Layda Sansores.
Y es que, anteayer, la jueza de control interina del Sistema penal oral y acusatorio del
estado, Ana Maribel de Atocha Huitz May dictó nuevas medidas cautelares contra el
periodista Jorge Luis González Valdez y el diario Tribuna, las cuales establecen que ambos
contarán con interventores designados por el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) para
revisar qué pueden publicar. Les prohibió de manera estricta referirse a la mandataria
morenista de Campeche.
Aunque se confirmó la suspensión definitiva de las medidas cautelares que consistían en la
prohibición por dos años para ejercer el periodismo a González Valdez y que se
suspendiera la publicación digital de Tribuna, De Atocha Huitz May expuso que “para
salvaguardar los derechos de la víctima (Sansores San Román)”, se determina la
intervención judicial de la plataforma, esto es, que un representante del TSJ conozca, antes
de publicarse, el contenido de las notas y comentarios. La persona designada debe autorizar
lo que se debe difundir respecto a la gobernadora.
Al periodista se le advirtió que deberá abstenerse de actuar, declarar u opinar sobre
Sansores San Román. Y que no escriba ni publique imágenes referentes a ella. Además, que
todo lo relacionado con publicaciones, comentarios, opiniones y declaraciones deben ser
supervisados y vigilados. La jueza puntualizó en su resolutivo que “no se impide la libertad
de expresión, pero hay que cuidar que no se lastime la dignidad de la víctima, o sea la
gobernadora”.
Además, la juzgadora ordenó que el periodista sea acompañado por el censor oficial cuando
grabe un programa, dé una conferencia u opine.
González Valdez también enfrenta una sentencia judicial por daño moral contra el director
estatal de Comunicación Social, Walther Patrón, a quien deberá pagar una indemnización
de 2 millones de pesos. Para garantizar el pago, la autoridad judicial ordenó que la casa del
periodista sea puesta en subasta pública.
Tal parece que estamos retrocediendo a la oscura época del Santo Oficio.
MÉXICO, EL PAÍS MÁS LETAL DE
AMÉRICA PARA LOS PERIODISTAS
Ayer, por cierto, la organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) publicó que México sigue
siendo el país más peligroso de esta región continental para ejercer el periodismo, al
documentar que de 13 comunicadores asesinados en América Latina en lo que va de 2025,
ocho eran mexicanos.
RSF apuntó que esta cifra de periodistas latinoamericanos muertos hasta ahora por su
profesión, supera a los 9 asesinados en todo el año anterior.
“Pese a los compromisos asumidos por la Presidencia y la implementación de mecanismos
de protección, México sigue siendo el país más peligroso de la región para los periodistas”,
señaló la organización.
En su informe, RSF destacó que “en julio, tres nuevos asesinatos en menos de una semana
aumentaron el saldo total a nueve muertes desde enero, de las cuales ocho están
probablemente relacionadas con su labor periodística”.
Entre los casos documentados, se encuentra el asesinato de Calletano de Jesús Guerrero,
quien estaba inscrito desde 2014 en un programa federal de protección tras recibir
amenazas.
Fue asesinado en enero en el Estado de México, “en circunstancias que revelan fallas en el
sistema oficial”.
Otro caso es el de Alejandro Gallegos de León, director de La Voz del Pueblo, quien
también fue asesinado en enero; su medio había publicado investigaciones sobre crimen
organizado en el centro-norte del país.
En Guanajuato, el 2 de marzo, Kristian Uriel Zavala Martínez, reportero de El
Silaoense.Mx, y Raúl Irán Villarreal Belmont, periodista del medio Observatorio
Ciudadano, fueron asesinados.
“Ambos investigaban sobre violencia estatal y desapariciones forzadas”, documentó RSF.
En mayo, en Acapulco, Guerrero, José Carlos González Herrera, director del medio digital
El Guerrero Opinión Ciudadana, fue asesinado por hombres armados mientras cubríatemas
locales sobre seguridad y política.
En Puebla, Salomón Ordoñez, fundador de Shalom Cuetzalan Producciones, fue asesinado
en junio; las autoridades investigan un posible vínculo con su labor como periodista local.
En Sonora, el 7 de julio, Ángel Sevilla, director del medio Noticias 644, fue asesinado
mientras circulaba en motocicleta; su medio era considerado “una fuente clave de
información en tiempo real sobre el deterioro de la seguridad”.
En Quintana Roo, el cuerpo del periodista de investigación Melvin García fue hallado el 8
de julio en avanzado estado de descomposición, RSF recordó que García había regresado a
la región tras exiliarse por amenazas previas.
El 9 de julio, en Acapulco, Guerrero, Ronald Paz Pedro fue asesinado a balazos pocos
minutos después de transmitir en vivo un video sobre un hundimiento en la ciudad.
Ante este panorama, RSF advirtió que en México “casi dos periodistas son asesinados cada
mes”, y remarcó que los crímenes ocurren incluso contra periodistas bajo protección oficial.
