Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Desde los tiempos de Cuitláhuac García, ya con Verónica Hernánde como titular
de la Fiscalía de Veracruz, el gobierno estatal insistía en que Gregorio “Goyo”
Gómez Martínez, exalcalde de Tihuatlán, era la cabeza de una organización
criminal. *** Se acabó aquella administración y ha transcurrido un año de la actual,
y no han conseguido una sentencia firme contra el “Goyo” Gómez. Lo único que
ha quedado confirmada es la fuerte influencia política de este personaje en el
norte de la entidad. *** Desde su casa, donde se encontraba detenido a partir de
una medida cautelar de prisión domiciliaria, “Goyo” Gómez operó en las
elecciones municipales del año pasado y le asestó fuertes golpes a los candidatos
de Morena y sus aliados. *** Esos “pecados” no podían quedarse sin castigo.
Mediante una “chicanada”, la Fiscalía consiguió que sin que mediara una
audiencia, un juez autorizara el traslado del “Goyo” Gómez, desde su prisión
domiciliaria, hasta una celda en el penal de Pacho Viejo. *** Con el pretexto de
que se había detectado un supuesto derrame de hidrocarburos muy cerca de la
casa del “Goyo” Gómez, la Fiscalía de Investigaciones Ministeriales envió el oficio
FGE/FIM/114/2026 y el Juez de Proceso y Procedimiento Penal Oral de Xalapa,
Álvaro Vázquez Campa, ordenó la modificación de la medida cautelar de
resguardo domiciliario por la de prisión preventiva justificada. *** El juez determinó
que el reingreso de Gregorio Gómez al penal de Pacho Viejo era una medida
“necesaria” para prevenir daños a la salud de los residentes, del personal de
Seguridad Pública que lo vigila y del propio acusado. *** “Goyo” Gómez enfrenta el
proceso penal 115/2024-J por su probable intervención en el delito de homicidio
doloso calificado. La vigencia de la nueva medida cautelar se fijó hasta el 7 de
marzo de 2026.
La noche del jueves de la semana pasada, el joven periodista Carlos Leonardo
Castro fue asesinado a balazos por sujetos que ingresaron a un restaurante
propiedad de la familia de la víctima, en la transitada avenida 20 de Noviembre de
Poza Rica.
El ataque se dio en momentos especialmente delicados para el gobierno de Rocío
Nahle. Apenas un par de semanas antes se había exhibido a nivel nacional la
detención de un comunicador de Coatzacoalcos, a quien la Fiscalía de Veracruz le
atribuía la comisión del delito de “terrorismo”, hecho que fue descalificado por la
presidente Claudia Sheinbaum, al grado de que las autoridades en Veracruz (la
gobernadora primero y más tarde la fiscal general) retiraron esa imputación al
periodista Rafael León Segovia, aunque fue vinculado a proceso por otros dos
delitos, lo que le dio elementos al juez de control para imponerle la medida
cautelar de prisión domiciliaria.
Y mientras se debatía sobre si la detención de Rafael León había sido un acto de
represión, en Poza Rica -municipio que mantiene los altísimos niveles de violencia
de los últimos años- se registró el ataque contra el joven periodista, quien en 2024
había gestionado el protocolo de protección a periodistas que ofrece el gobierno
federal, a partir de un conflicto que se presentó con elementos de la policía
municipal de Poza Rica, durante una cobertura informativa.
La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, confirmó que se
le había asignado protección, pero aclaró que le fue retirada cuando Carlos Castro
optó por abandonar la ciudad de Poza Rica. Meses después volvió -explicó la
funcionaria- pero ya no solicitó que le fuera reasignada la protección.
Frente a la crisis política que esto le ha generado, la gobernadora Rocío Nahle
optó -como lo ha hecho en casos similares- por mandar a sus esbirros a dar la
cara. En esta ocasión le tocó esa tarea a la nueva titular de la Fiscalía General del
Estado (FGE), Lisbeth Aurelia Jiménez, quien se limitó a cantinflear con la lectura
de un comunicado que no comunicó absolutamente nada.
“Informó” que se había iniciado una carpeta de investigación (lo que resulta obvio
y es su obligación), que “no se descarta ninguna línea de investigación” (con lo
que evitan admitir que no tienen idea -o no quieren rebelar- sobre el origen del
ataque), que “las indagatorias se desarrollan con apego a la legalidad, al debido
proceso y al respeto de los derechos humanos”, lo que ya está incluido en el
“machote” de todos sus comunicados; que hay una “estrecha coordinación”
Fiscalía General de la República (FGR) y la Secretaría de Seguridad y Protección
Ciudadana, así como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (lo que es
otra obviedad y nada aclara sobre los hechos) y, finalmente, que “las
investigaciones continuarán hasta el esclarecimiento de los hechos, con el objetivo
de que no haya impunidad”.
Nada, pues, que resultara en alguna señal sobre las razones y los responsables
del ataque.
En momentos de tanta tensión en la relación entre Rocío Nahle y la prensa
adquiere mayor relevancia lo expresado por la gobernadora, quien aseguró que en
la entidad hay libertad de expresión “en exceso”.
Epílogo.
El gobierno estatal ha acumulado una buena cantidad de “temas pendientes”,
asuntos que requieren de la pronta intervención de las autoridades, pero por
incapacidad o por indolencia, han fallado en sus objetivos. *** La atención de
salud, la seguridad y la reparación de las vías terrestres de comunicación son
claros ejemplos de eso. *** Otro tema en el que el gobierno de Veracruz ha fallado
(y es muy evidente) es el combate a la plaga del Gusano Barrenador de Ganado
(GBG), que ha llevado a los productores de la entidad a una severa crisis, pues las
reses de Veracruz están vetadas en la mayoría de los estados del norte. *** Es por
eso por lo que suena a burla lo publicado este fin de semana por el secretario de
desarrollo Agropecuario, Rodrigo Calderón Salas. En sus redes sociales se puede
leer: “En Tuxpan, con la honrosa representación de nuestra gobernadora Rocío
Nahle, participé en la reunión, organizada por Agricultura, con autoridades de los
tres niveles de gobierno, asociaciones ganaderas y organismos de sanidad
animal, para atender temas relacionados con la ganadería. Juntos, revisamos
avances y acordamos nuevas estrategias para reforzar las acciones zoosanitarias,
con un plan estratégico de prevención, control y erradicación de la miasis por
GBG”. *** Dice el funcionario que revisaron “avances” en el combate al gusano.
Seguramente se refería a los avances que ha conseguido la plaga, pues ya llegó a
Tamaulipas y está claro que eso tiene que ver con los fallidos protocolos
zoosanitarios implementados en Veracruz. *** Contrario a lo que dicta el sentido
común, en diciembre la dependencia a cargo de Rodrigo Calderón ya no les
renovó sus contratos a los inspectores de ganadería. ¿Cómo pretende -entonces-
frenar el avance del gusano?
filivargas@gmail.com
