Punto de Vista.
Filiberto Vargas Rodríguez.
Prefacio.
Movimiento Ciudadano (MC) está dando pasos muy firmes en la construcción de
su plataforma para el proceso electoral municipal de Veracruz. *** Tiene presencia
significativa en los 212 municipios y está sacando su lista de candidatos sin
grandes complicaciones y con figuras muy competitivas. *** De esa labor se ha
encargado el coordinador estatal, Luis Carbonell de la Hoz, quien recorre la
geografía veracruzana sin descanso y se ha ganado el reconocimiento de la
directiva nacional de ese partido. *** La encomienda no es menor, pues MC se ha
destacado por su crecimiento sin alianzas, confrontando al mismo tiempo al
partido en el poder y al frente opositor que no le perdona que se haya negado a
sumarse a su estrategia. *** Una muestra del crecimiento de este partido es la
incesante adhesión de actores políticos de toda la entidad, que identifican en la ola
naranja los atributos para penetrar en la sociedad y consolidarse como una
importante opción electoral. *** Pero la tarea de Luis Carbonell apenas comienza.
Sabedor de sus capacidades, en cada una de sus visitas (es el dirigente partidista
que más ha recorrido la entidad este año), Jorge Álvarez Máynez le pone retos
más ambiciosos y a todos, el dirigente estatal ha respondido con resultados. *** A
diferencia de otras fuerzas políticas que se acostumbraron a la comodidad de las
alianzas coyunturales (con ellas es más fácil echar la culpa de sus fracasos a
otros), en MC se mantienen en su ruta para convertirse en una opción viable y
actual para los votantes. *** No los perdamos de vista.
El reto que enfrenta la actual gobernadora, Rocío Nahle, es mayúsculo. Veracruz
pasa por uno de sus peores momentos en rubros tan sensibles como la seguridad,
la economía y la salud, producto de un gobierno fallido que de por sí ya tenía ante
sí grandes obstáculos.
Pero a la par de esas dificultades, la gobernadora lucha por enderezar el timón de
un gobierno que se había acostumbrado a actuar sin rendir cuentas, a “irse por la
libre”, porque hasta el año pasado no había quién impusiera orden.
Así, Rocío Nahle cuenta con el respaldo del Poder Legislativo, donde le opera un
gran aliado como Esteban Bautista; tiene en el manejo financiero a funcionarios
que la han acompañado en otros proyectos. Los conoce y sabe de su lealtad.
Donde no las tiene todas consigo es en materia de seguridad.
Ya dio un paso importante al coordinar las tareas de seguridad pública con la
instancia federal, pero sigue cojeando en todo lo que se refiere a procuración y
administración de justicia. Ahí donde florece la impunidad y se expande la
corrupción.
Para arreglar las cosas en la Fiscalía General del Estado ya dio los primeros
pasos (este martes volvió a sonar fuerte la supuesta renuncia de Verónica
Hernández).
En el Poder Judicial el camino parecería más terso, pues la elección de jueces,
magistrados y ministros tendría que posibilitar que llegaran personajes afines al
actual gobierno estatal.
Pero no es así.
Quizá no le hayan informado aún a la gobernadora, pero la lista de aspirantes a
los cargos de magistrados de los Tribunales Colegiados de Circuito en Boca del
Río (última instancia en materia penal) está conformada por personajes que están
identificados por su cercanía y sus compromisos con sus enemigos políticos.
¿Quiere ejemplos?
En esas boletas aparecerá Óscar Luis Lozada Hernández, ese juez que no fue
capaz, en tres años, de citar a Miguel Ángel Yunes Márquez.
Otro caso similar: José Alfredo Gómez Reyes, abogado afín a la familia Yunes (la
de El Estero). Fue Fiscal Regional de Xalapa en el período de Jorge Winckler.
Y no se puede pasar por alto el caso de Ana Volga Moreno Escalante, quien fue
incorporada a la Secretaría de Gobierno, en el Centro de Análisis y Prospectiva
Política, por Éric Patrocinio Cisneros Burgos.
Fue jueza de control entre 2008 y 2019 en los Distritos de Coatzacoalcos y
Tantoyuca; pidió licencia para incorporarse al equipo del entonces secretario de
Gobierno. Incluso renuncio a su plaza en el Poder Judicial, para aprovechar los
beneficios que estaban por retirarles, pero en cuanto su jefe (Éric Cisneros) dejó el
cargo, recuperó su posición como jueza, gracias al respaldo que le concedió la
actual magistrada presidente del Tribunal Superior de Justicia, Lisbeth Aurelia
Jiménez Aguirre.
Todos estos abogados pasaron los filtros en el Senado de la República, en la
Comisión de Justicia, esa en la que el secretario es nada menos que Miguel Ángel
Yunes Márquez.
Están avisados. Luego no se sorprendan de que los asuntos que interesan al
gobierno estatal se topen con ese muro judicial.
Epílogo.
El lamentable accidente ocurrido en Veracruz el 17 de enero (en el que un autobús
del servicio urbano de la ruta “La Herradura” se estrelló contra la parte trasera de
un tráiler que estaba estacionado en la orilla de la carretera) abrió una herida de la
que está brotando mucho pus. *** Este martes Ricardo Tapia -el abuelo del joven
Brandon, quien era pasajero del autobús y perdió una pierna, además de que
tendrán que hacerle otras cirugías- anunció que recurrirá a la Fiscalía
Anticorrupción para que sean sancionados los responsables en las direcciones de
Tránsito y de Transporte Público, pues siguen ocultando la información acerca del
estatus de la concesión de ese autobús de pasajeros que operaba sin placas y sin
seguro. *** Es evidente que esa unidad trabajaba como “tolerada”, esto es, sin
concesión, pero con la anuencia (a cambio de su respectivo “moche”) del
coordinador del Transporte Público de Veracruz. Ya se están viendo las
consecuencias de esa irregularidad y el gobierno estatal deberá ser firme en las
sanciones a los responsables.
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