Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
Este domingo 31 de agosto concluyó el período para el que fue designado Martín
Aguilar Sánchez como rector de la Universidad Veracruzana (UV). *** Su
permanencia en el cargo, aseguran especialistas en Derecho, es ilegal y tendrá
graves consecuencias jurídicas. *** Abogados de reconocido prestigio advierten
que la Junta de Gobierno no llevó a cabo el procedimiento establecido en la
legislación universitaria para designar al actual Rector y, por tanto, su cargo es
ilegítimo de origen. *** Las acciones que realice Martín Aguilar a partir de este
lunes carecerán de validez legal, en casos tan delicados como la firma de
documentos oficiales y la administración de recursos financieros. Tampoco tendrá
la representación legal de la Universidad. *** Denuncian que la Junta de Gobierno
violentó el interés superior del estudiante universitario, establecido en la Ley
General de Educación Superior, al privarlos de una participación efectiva en el
proceso de designación rectoral, decidiendo de manera arbitraria y fuera de toda
base legal. *** La periodista Peniley Ramírez lo explicó así: “En la UV, el rector
puede concursar por un segundo periodo, tras enfrentar a otros candidatos.
Luego, la Junta de Gobierno, máxima autoridad universitaria, decide. Pero
cualquier aspirante debe cumplir un requisito esencial: tener menos de 65 años
cuando se le nombre. Aguilar, el actual rector, cumplió 65 años en abril, me dijo
Norma Trujillo, su jefa de prensa. No cumple ese requisito”. *** La periodista
egresada de la UV, recordó que la Suprema Corte estableció que es
inconstitucional requerir edad para obtener un empleo. “Entonces, Aguilar pudo
ampararse. ¿Por qué no lo hizo? Lo busqué para preguntarle. Me dijo que hablara
con Trujillo, su jefa de prensa. ‘Él sabe que le pondrán trabas por la edad’, me dijo
ella. Sin embargo, terminar proyectos no valida saltarse las reglas, me dijeron
académicos y exmiembros de la UV, una comunidad que conozco porque allí
estudié mi licenciatura. En la UV perciben un clima ‘hostil’, muchos tienen miedo
de hablar y no entienden la decisión del rector para quedarse de este modo”. ***
No hay forma de que se justifique la prórroga que dicen haberle otorgado. La
justicia federal tiene ante sí un caso que pone en riesgo el marco jurídico que rige
a esa institución educativa. Mientras, la comunidad estudiantil no se quedará
cruzada de brazos.
La sesión en el Congreso del Estado está programada para las 6 de la tarde de
este lunes. Será solemne, pues en ella habrán de rendir protesta los magistrados
que obtuvieron su cargo en la elección judicial del pasado primero de junio.
A partir de ese momento la magistrada Rosalba Hernández será quien presida el
Tribunal Superior de Justicia, aunque en un escenario muy distinto al que se
conoce hasta ahora.
La semana pasada, en El Universal, el analista Salvador García Soto revisó las
condiciones en las que llegará el nuevo ministro presidente de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Ortiz y el escenario es casi idéntico al que
se presentará en el Poder Judicial de Veracruz.
El periodista apunta:
“A la presidencia de la Corte, que solía ser la cabeza de todo el Poder Judicial
Federal y tenía todas las facultades de mando y manejo del presupuesto y la
administración del sistema judicial, la descafeinaron totalmente y le quitaron la
mayor parte de sus atribuciones, el manejo presupuestal, el de vigilancia y
fiscalización de los jueces y hasta las normas de disciplina y sanciones que se
aplicaban desde el Consejo de la Judicatura, que también presidía el ministro o
ministra que presidía la Corte, y que ahora todas esas funciones que hacían fuerte
a la Presidencia de la Suprema Corte, han sido repartidas en dos nuevos órganos:
el de Administración y el de Disciplina”.
Casi idéntica es la circunstancia que vivirá Rosalba Hernández. De hecho, el
Pleno del Tribunal resolvió -sin darle voz ni voto a quien será magistrada
presidente- la conformación del Órgano de Administración del Poder Judicial del
Estado. Por supuesto, con personajes afines a quien hasta este domingo estuvo al
frente del Tribunal: Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre.
Y continúa García Soto:
“En los hechos, la Reforma Judicial sí vino a restarle facultades y capacidad de
mando a quien presida la Suprema Corte. Ya no será ni cabeza de todo el Poder
Judicial, ni tendrá capacidad de proponer el presupuesto, mucho menos manejar y
decidir sobre los recursos financieros de la Corte, que ahora decidirá el Órgano de
Administración que ni siquiera depende por completo del ministro o ministra
presidente. Y es que la reforma dice que dicho órgano, que decidirá el manejo del
presupuesto y los gastos de todo el Poder Judicial, además del manejo de todo el
personal y la carrera judicial, será integrado por 5 miembros, de los cuales uno es
propuesto por la Presidencia de la República, otro por el Senado y tres por el
pleno de la Corte, es decir por todos los ministros”.
Así se conformó acá el Órgano de Administración. Tanto el Congreso como el
gobierno estatal nombraron a una persona para que los represente. Con mucho
tino, Salvador García Soto se pregunta: “¿Por qué el Poder Ejecutivo y el Senado,
deben tener representantes en el órgano administrativo del Poder Judicial? ¿No
atenta eso contra la división de poderes y anula, de facto, parte de la autonomía e
independencia presupuestal y operativa que debiera tener la Corte y el resto de
los nuevos órganos judiciales?”.
Es de reconocer, sin embargo, que esa condición (la injerencia de los otros dos
poderes en la administración del Judicial) no es producto de la reciente reforma
judicial: ya existía y nadie antes la había cuestionado.
Otros rasgos de lo que será la presidencia del Poder Judicial fueron detallados por
García Soto:
“Y si en el tema de presupuesto y gasto el presidente de la Corte prácticamente
quedó anulado, en el manejo del sistema de disciplina judicial, que antes también
dependía de esa cabeza, ahora también queda excluido, igual que tampoco tendrá
el control del personal y las contrataciones, ni de la carrera judicial, que define las
asignaciones de jueces y magistrados en los temas de la justicia federal”.
Lo mismo sucederá con el Tribunal Superior de Justicia de Veracruz, que tendrá
su propio órgano de disciplina judicial que, por lo tanto, asumirá buena parte de las
funciones que hasta este domingo tuvo la presidencia.
Y remata el analista:
“¿Y entonces qué funciones le quedan a quien presida la Corte? En términos
reales y como quedó redactada la multicitada Reforma Judicial, prácticamente el
presidente de la Corte será el encargado de conducir las sesiones de pleno y
tratar de llegar a acuerdos con sus compañeros ministros para tomar las pocas
decisiones que le dejó la nueva reforma constitucional”.
Ese es el mismo escenario que encontrará Rosalba Hernández quien -dicho sea
de paso- no ha mostrado especial interés en disputar las facultades que le fueron
escamoteadas. Lo suyo -apunta- es lo jurisdiccional, la impartición de justicia, y su
papel será conducir las sesiones del Pleno para que se tomen determinaciones
apegadas a Derecho.
¿La dejarán hacerlo?
Epílogo.
El caso se presentó en Jesús Carranza, en el sur de la entidad. *** Un bebe con
muy poco tiempo de nacido presentaba un fuerte dolor que lo mantenía llorando.
Los médicos no encontraban la razón del malestar, por lo que familiares lo
trasladaron de urgencia a Coatzacoalcos. *** En un hospital de aquella ciudad
dieron con el problema: de uno de los oídos del bebé extrajeron dos gusanos
barrenadores. *** Poco han podido hacer las autoridades en Veracruz para
combatir el avance de esa plaga que empezó afectando al ganado bovino, pero
que ahora ataca a animales domésticos y hasta a seres humanos. “El sur está
infestado de la mosca que porta las larvas de ese gusano -comentó un productor
del sur de la entidad- los daños son irreversibles, no sólo a la ganadería, sino
también a los seres humanos. Todo por la pasividad de las autoridades y la
tolerancia de actos de corrupción”. *** ¿Hasta cuándo?
filivargas@gmail.com
