AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Ayer, por tercera vez consecutiva, Morena maniobró para impedir que en la sesión de este
miércoles en la Comisión Permanente se debatiera el caso del ex secretario de Seguridad
Pública de Tabasco, Hernán Bermúdez Requena –el prófugo líder del grupo criminal La
Barredora–, y el que fuera su jefe, el exgobernador Adán Augusto López Hernández,
actual coordinador de los morenistas en el Senado.
En vez de sofocar el escándalo prefieren seguirlo prolongando. Se equivocan si le apuestan
a la amnesia colectiva. Precisamente ayer, en Puebla, fue detenido Ángel Javier “N”, un
objetivo prioritario en Tabasco por sus nexos con Bermúdez Requena y porque le imputan
por lo menos 10 homicidios en esa entidad sureña. Y, hace una semana, en el Aeropuerto
Internacional de Guadalajara, Jalisco, fue capturado Ulises Pinto, alias “El Mamado”, un ex
integrante de la desaparecida Policía Federal que hasta el 22 de diciembre de 2023 fue uno
de los hombres de mayor confianza de Bermúdez, pues su relación habría terminado tras la
ejecución de 11 personas en Villahermosa. Las víctimas eran presuntos miembros del
Cártel del Golfo que disputaba el control territorial a La Barredora.
Por eso es que Adán Augusto sigue y seguirá en el ojo del huracán. Anteayer, martes 29, el
sitio Breitbart News, identificado como una de las plataformas más alineadas con la agenda
del presidente Trump, publicó un reportaje destacando las acusaciones del ex gobernador
interino de Chiapas, Willy Ochoa, quien señaló que la organización criminal tabasqueña
operó con total impunidad durante el sexenio del morenista Rutilio Escandón (2018-2024),
cuñado del líder del Senado.
En el texto, Ochoa acusa omisión o incluso complicidad del gobierno estatal en la
expansión de La Barredora, cuyos orígenes están vinculados a Tabasco y su despliegue en
Chiapas –según denuncias respaldadas en documentos militares filtrados– habría
comenzado en 2019. El reporte retoma esta narrativa para apuntalar la percepción de
infiltración criminal en la política mexicana, particularmente en momentos en que
Escandón funge como cónsul en Miami, cargo diplomático que podría conferirle protección
ante potenciales investigaciones.
Pero esta cobertura se enmarca en un contexto geopolítico más amplio: la estrategia de
Trump para presionar al gobierno mexicano a intensificar su combate contra los cárteles.
Recientemente, sectores del Partido Republicano promovieron iniciativas para designar a
los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras, al tiempo que se
amenaza con la imposición de tarifas comerciales si México “no hace lo suficiente”.
Que este caso haya sido retomado por medios alineados con Trump no solo amplifica su
visibilidad, sino que eleva el tema al terreno de la agenda bilateral, con implicaciones que
van más allá del ámbito mediático. La narrativa que vincula a Escandón con la
permisividad criminal podría convertirse en una herramienta política en el discurso
electoral republicano y en las futuras presiones diplomáticas hacia México.
El caso de Escandón sirve al régimen de Trump como pieza discursiva dentro de una
campaña más amplia para destacar presuntos casos de corrupción y debilidad institucional
en el gobierno mexicano, reforzando un discurso que justifique acciones unilaterales por
parte de Estados Unidos en temas de seguridad fronteriza y cooperación binacional. La nota
de Breitbart, más allá de informar, busca articular estos intereses políticos con un enfoque
en la seguridad nacional y la lucha contra el narcotráfico, uno de los temas clave del
proyecto del mandatario republicano hacia 2026.
El ex gobernador interino lanzó una acusación frontal: La Barredora, brazo armado de un
grupo criminal, operó en Chiapas con impunidad desde 2019, bajo el mandato de Rutilio
Escandón. Y lo hizo, asegura, al amparo del silencio de las autoridades estatales, que nunca
reconocieron su presencia ni activaron acciones contundentes para frenar su expansión.
Según Ochoa, la organización criminal bajo la protección del entonces secretario de
Seguridad Pública, Hernán Bermúdez Requena, penetró territorio chiapaneco sin
resistencia, estableciendo células en municipios clave del norte y oriente del estado:
Reforma, Pichucalco, Juárez, Palenque, Ocosingo y Benemérito de las Américas. Estas
zonas, estratégicas por su conexión con rutas de trasiego y su debilidad institucional, se
convirtieron en enclaves donde La Barredora –respaldada por ex militares y ex
funcionarios– consolidó actividades de narcotráfico, extorsión, robo de combustible y trata
de personas.
Sin embargo, a pesar de las acusaciones sobre presunta omisión o complicidad frente a la
operación de La Barredora en Chiapas, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)
mantiene su respaldo institucional a Rutilio Escandón, actual cónsul general de México en
Miami. Nombrado a finales de 2024 por el gobierno de Claudia Sheinbaum, Escandón fue
presentado como un perfil con experiencia política y administrativa, capaz de atender a la
comunidad migrante en el sur de Florida.
Hasta el momento, no se ha planteado oficialmente su remoción. La SRE no ha emitido
pronunciamiento alguno en relación con las acusaciones difundidas en medios como
Breitbart ni con los señalamientos del ex gobernador Willy Ochoa. La Cancillería tampoco
ha reconocido que exista una investigación en curso contra Escandón ni ha activado algún
mecanismo para reevaluar su designación diplomática.
Legalmente, su destitución es posible, pero requeriría una instrucción directa del Ejecutivo
federal, una causa formal justificada o la intervención del Senado en caso de faltas graves.
Pero la Cámara alta sigue siendo liderada por su cuñado Adán Augusto, donde la oposición
ni siquiera ha logrado que se debata sobre los vínculos del ex gobernador de Tabasco con
su ex jefe policiaco prófugo.
‘ALITO’ MORENO LOS DENUNCIA
Y MORENA REACTIVA SU DESAFUERO
Por cierto, ayer, el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, Alejandro “Alito”
Moreno Cárdenas, denunció penalmente ante la Fiscalía General de la República (FGR),
por sus presuntos vínculos con el crimen organizado, al ex presidente Andrés Manuel
López Obrador, al secretario de Organización de Morena, Andrés Manuel López Beltrán; al
senador Adán Augusto López Hernández, al secretario de Educación Pública, Mario
Delgado; al ex director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlet Díaz;
al ex secretario de Seguridad Pública de Tabasco, Hernández Bermúdez Requena, y a los
gobernadores morenistas de Sinaloa, Rubén Rocha Moya; de Tamaulipas, Américo
Villarreal; de Campeche, Layda Sansores; de Baja California, Marina del Pilar Olmedo, y,
de Sonora, Alfonso Durazo.
“A todos ellos los señalamos por presuntos vínculos con el crimen organizado. Están
ligados, entre otras cosas, a esquemas de huachicol, uso de dinero sucio en campañas y el
nombramiento de funcionarios con antecedentes criminales”, afirmó el dirigente nacional
priista.
Ayer mismo recibió respuesta Moreno Cárdenas, pues trascendió que la Sección Instructora
de la Cámara de Diputados, que preside el morenista Hugo Eric Flores, reactivará el
próximo viernes el proceso de desafuero contra el senador y dirigente priista.
El proceso de desafuero será reactivado luego de que la Fiscalía Anticorrupción de
Campeche presentó la semana anterior una solicitud para desaforar al ex gobernador priista,
al que le imputa un presunto desvío de más de 83 millones de pesos.
