Por Miguel Ángel Cristiani G
Las filas interminables frente a los centros de salud no son una postal de eficiencia
gubernamental, sino el retrato tardío de una omisión criminal. Hoy, los noticieros muestran
padres angustiados buscando una vacuna que debió aplicarse hace años, mientras el
sarampión —una enfermedad prevenible, controlada y prácticamente erradicada— vuelve a
instalarse en México como si el tiempo hubiera retrocedido varias décadas.
El brote no cayó del cielo ni es producto de una conspiración biológica. Tiene causa,
responsables y consecuencias. Y la causa es tan simple como brutal: no se compraron ni se
aplicaron las vacunas cuando debió hacerse. Entre 2022 y 2025, el Congreso aprobó 62 mil
939 millones de pesos para vacunación. De ese monto, 44 mil 457 millones no se
ejercieron. Siete de cada diez pesos destinados a proteger la vida de niñas y niños se
quedaron archivados en la burocracia, atrapados entre la incompetencia administrativa, la
indolencia política y una peligrosa normalización de la negligencia.
El resultado está a la vista. Casi 10 mil casos de sarampión en activo. Más de una cuarta
parte concentrados solo en enero y febrero. Una enfermedad altamente contagiosa —una
persona puede infectar hasta a 18 más— con una tasa de mortalidad de uno por cada cien
casos y secuelas graves que incluyen ceguera, sordera y daño neurológico. No es un
resfriado mal atendido. Es una amenaza real, tangible y evitable.
Lo más alarmante no es solo el brote, sino el terreno fértil que se le dejó. Apenas seis de
cada diez niñas y niños en México cuentan con su esquema completo de vacunación. Eso
significa millones de menores expuestos por una cadena de decisiones —o indecisiones—
tomadas lejos de los consultorios y demasiado cerca de los escritorios. Cuando el Estado
falla en su obligación más básica, que es prevenir el daño, el discurso triunfalista se vuelve
obsceno.
Conviene decirlo con todas sus letras: esto no es un debate ideológico ni un pleito
partidista. Es un asunto de salud pública y de responsabilidad de Estado. La vacunación es
una de las políticas públicas más costo-efectivas de la historia moderna. Cada peso
invertido ahorra tratamientos, hospitalizaciones y muertes. No ejercer ese presupuesto no es
austeridad: es abandono.
El problema no empieza ni termina en la tesorería. También es de planeación, seguimiento
y rendición de cuentas. Durante años, México fue referente regional en cobertura de
vacunación. La cartilla nacional —hoy relegada— permitió durante décadas un control
efectivo. La transición mal ejecutada hacia sistemas digitales inconclusos dejó vacíos que
nadie se tomó la molestia de cerrar. La consecuencia es un país que no sabe con precisión
quién está protegido y quién no.
Por eso las propuestas que hoy se ponen sobre la mesa no son ocurrencias, sino urgencias.
Un Registro Nacional de Vacunación digital, funcional y obligatorio, permitiría saber en
tiempo real qué niña o niño está cubierto. Recuperar y modernizar la cartilla electrónica
desde el nacimiento daría continuidad al seguimiento médico. Blindar el presupuesto de
vacunación —no solo aprobarlo, sino garantizar su ejercicio— cerraría la puerta a la
simulación. Y los informes públicos trimestrales aportarían algo escaso en este país:
transparencia verificable.
Nada de esto viola la ley ni la ética. Al contrario, las fortalece. La Ley de
Telecomunicaciones y Radiodifusión, así como el marco de derechos humanos, obligan a
informar con veracidad y a proteger la dignidad de las personas, especialmente de la
infancia. Ocultar, minimizar o maquillar cifras es una forma de violencia institucional.
Nombrar el problema y exigir soluciones es un deber cívico.
No se trata de linchar funcionarios ni de explotar el miedo. Se trata de asumir que las
decisiones presupuestales tienen consecuencias humanas. Que cada vacuna no comprada es
una puerta abierta a la enfermedad. Que cada peso no ejercido puede traducirse en una
cama ocupada o en un duelo evitable.
La salud pública no admite pretextos ni discursos tardíos. Cuando el Estado falla en
prevenir, la factura se paga con vidas, y esa deuda no se cancela con conferencias ni con
filas improvisadas frente a los centros de salud.
El sarampión no regresó por accidente: volvió porque alguien decidió – ya saben
quién- no hacer su trabajo y hoy la infancia mexicana está pagando el precio.
