DE PRIMERA MANO
El bache denunciado cobró su primer víctima
Por Omar Zúñiga
Como no hay plazo que se llegue ni fecha que no se cumpla, se fue de la SEV
la comadrita Claudia Tello.
Al final, los yerros y la presión de la Sección 32 del SNTE, la más poderosa del
magisterio veracruzano, decidió que ya no la aguantaba más.
Un sinfín de desencuentros; el “fuera Tello” coreado por miles de maestros en
el Heriberto Jara, acompañados por los diputados Carlos Marcelo Ruiz y
Diego Castañeda coreando, con el puño en alto; de oficios sin respuesta, de la
toma de la SEV más reciente el pasado 13 de julio, y del episodio que terminó
de romper cualquier puente posible: ordenar que se le apagara el micrófono al
propio secretario general de la 32, Daniel Covarrubias López, en un foro que
se suponía de diálogo.
Ese gesto, más que cualquier cifra de rezago educativo, retrata el estilo con el
que Tello condujo la dependencia más grande y con el presupuesto más
abultado del gobierno estatal.
La gobernadora Rocío Nahle lo llamó “reacomodo estratégico” y no ruptura;
dijo que ella y Tello son “mujeres de movimiento” que han caminado juntas y
seguirán coordinadas. La comadrita se regresa al Senado, curul que dejó en
pausa para asumir la SEV, y en su lugar llega Raquel Bonilla Herrera, hasta
ahora senadora suplente, exdiputada federal en dos legislaturas por el distrito
de Poza Rica y una de las operadoras políticas más cercanas al grupo de la
propia Nahle en la zona norte del estado.
Aquí conviene no simplificar de más: Bonilla no llega sin oficio político; tiene
casi quince años de trayectoria dentro de Morena, ha sido enlace distrital, dos
veces diputada federal y hoy senadora; sabe negociar, sabe operar territorio y
sabe, sobre todo, a quién le debe la posición.
Lo que no tiene, en ningún renglón de su currículo público, es un solo día al
frente de un aula, de un sistema escolar o de una negociación con el
magisterio.
Su paso legislativo estuvo en las comisiones de Energía, Marina, Pesca y
Zonas Metropolitanas, no en Educación Pública.
Ahí sí, la pregunta obligada es si la lealtad al proyecto y la cercanía con la
gobernadora bastan para dirigir una Secretaría de la que dependen miles de
plazas docentes y administrativas, y el ejercicio presupuestal más voluminoso
del aparato burocrático veracruzano.
Porque el problema que deja la comadrita Tello no era solamente de trato o de
talante autoritario; la SEV llega a este relevo en medio del escándalo por los
557 millones de pesos desaparecidos de las cuotas escolares de la
Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), con tres exfuncionarios
detenidos y una fiscalía anticorrupción que promete más capturas.
Llega también con escuelas sin maestros por procesos de contratación
atorados, con Veracruz en los últimos lugares del país en rezago educativo
—dicho, cabe recordar, por la propia Tello—, y con una Sección 32 que no
ocultó su desconfianza hacia “los funcionarios sin sensibilidad ni conocimiento
educativo, puros improvisados” que, según denunciaron, llegaron con esta
administración.
La duda de fondo, entonces, no es si Bonilla es cercana a la gobernadora —de
sobra lo es—, sino si esa cercanía se traduce en capacidad de gestión frente a
un sindicato que ya probó que puede tumbar a una Secretaria en año y medio.
Quizá, tratándose de la 4T, el criterio de selección para un cargo de este calibre
no pasa por la experiencia técnica sino por la lealtad probada y la disciplina de
movimiento.
Si es así, el riesgo no desaparece con el cambio de nombre en la puerta de la
SEV: simplemente se traslada.
El tiempo dirá si Bonilla fue el remedio que necesitaba la SEV o si, como tantas
veces en la política veracruzana, el cambio de nombre resultó peor que la
enfermedad que decía curar, pero a juzgar por el inicio, se trata de una
operación política, que al final pagarán los de siempre: los jóvenes estudiantes,
que nada de culpa tienen.
Para documentar el optimismo…, hace apenas unos días El Informador
Express documentó cómo el Megabachetón, la obra federal presumida como
una de las inversiones carreteras más ambiciosas del sexenio en Veracruz, ya
mostraba parches y deterioro en la carretera federal 140, y que dejaron sin
atender un enorme bache a la altura de Dos Ríos, en el municipio de Emiliano
Zapata.
Lamentablemente, la denuncia dejó de ser una advertencia y se convirtió en
una tragedia: el domingo pasado murió un motociclista precisamente en ese
punto de la carretera Cardel-Xalapa, luego de accidentarse en el mismo bache
que ya habíamos señalado.
La víctima fue identificada como Omar Álvarez Salazar, joven que no perdió la
vida por una fatalidad inexplicable, sino porque una carpeta asfáltica en mal
estado se convirtió en una trampa mortal para quien circulaba por ahí.
Lo que era un tema de calidad de obra y de rendición de cuentas es, a partir de
este fin de semana, un asunto de responsabilidad sobre la pérdida una vida
humana.
Y aquí es donde el hilo, como siempre, se rompe por lo más delgado.
Ante un hecho de esta gravedad, lo mínimo que cabría esperar de la
gobernadora es un señalamiento directo a la SICT, en cambio, la respuesta
oficial fue un “exhorto” al alcalde de Emiliano Zapata para regular la venta de
alcohol en el paradero de Cerro Gordo.
Que quede claro: regular la venta de alcohol en esa zona es necesario, nadie lo
pone en duda, pero convertir ese exhorto en la respuesta institucional frente a
la muerte de Omar Álvarez Salazar, en un bache documentado es, cuando
menos, una forma de desviar la mirada de donde realmente debería estar
puesta.
Al joven lo mató una carretera federal que, según las propias cifras de la SICT,
forma parte de una inversión superior a los 2 mil 700 millones de pesos en el
estado, y que sin embargo no resistió ni un mes de lluvias antes de fallar.
Exhortar al alcalde Daniel Baizabal por un tema de venta de bebidas es, en
este contexto, la manera más cómoda de eludir a quien realmente tiene la
obligación de responder: la dependencia federal que ejecutó.
Es más sencillo señalar a la autoridad municipal, que carece de facultades
sobre la carretera federal, que exigirle cuentas al gobierno federal con el que se
guarda una relación de alineación política.
Las preguntas pendientes y que seguiremos planteando, son simples: ¿quién
va a responder por la muerte de una persona? ¿Habrá una revisión técnica del
tramo donde murió Omar Álvarez? ¿Se abrirá algún proceso para deslindar
responsabilidades?
Mientras esas preguntas no se respondan, cualquier exhorto sobre venta de
alcohol seguirá siendo, en el mejor de los casos, una cortina de humo; y en el
peor, una falta de respeto a la memoria de quien ya no puede reclamar nada.
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
