Prosa aprisa
Arturo Reyes Isidoro
Tan sencillo como eso. Finalmente la gobernadora Rocío Nahle anunció que desde el
lunes en la tarde se empezó a pagar el bono navideño a los trabajadores del sector salud,
y ya no le dio más vueltas al asunto. Se sinceró. Reconoció que hubo “una falta de parte
de mi administración y hay que reconocer cuando las cosas no se están haciendo bien”.
Ni una alusión a la prensa crítica, que, con argumentos, la responsabilizó del problema así
como a su secretario de Finanzas. Ya no hubo ni zopilotes, ni buitres, ni carroñeros y ni
terroristas.
Bien, pues, que se haya resuelto el problema, y se escuchó y vio bien que reconociera
que el problema estuvo adentro, no afuera. Lo siguiente, que también se le reconocería,
sería que agotara todas sus gestiones para que la Fiscalía General del Estado retire los
cargos y deje en total libertad al periodista de nota roja, Rafael Lafita León Segovia, de
Coatzacoalcos, detenido el 24 de diciembre acusado, entre otros delitos, de terrorismo,
que aunque después se lo retiraron, de todos modos, por lo pronto, le dictaron prisión
preventiva domiciliaria por un año.
Lo pusieron preso por informar y defender causas justas
La Fiscalía nunca ofreció detalles por qué lo reprimió (ese es el término correcto), pero en
declaraciones al influyente diario español El País, en su edición México, nuestro
compañero narró que le agarraron ojeriza porque alguna vez presionó a las autoridades
ministeriales a investigar el caso de la violación de una niña, y en otra ocasión porque
ayudó a un grupo de prostitutas a manifestarse para que le devolvieran la custodia de sus
hijos a una de ellas.
Explicó que el cargo de encubrimiento por el que lo procesaron lo justifican las
autoridades por no avisarles cada vez que tenía un pitazo de sus fuentes –en su mayoría
choferes de taxi– si aparecía un cadáver o una narcomanta en las calles. Como duerme
con el teléfono siempre cerca para recibir esas llamadas, explica que no reporta a las
autoridades cuando recibe los avisos de forma inmediata para evitar que le impidan el
paso a la zona. “Yo llego rápido, transmito en vivo y lo que aquí dicen es que estoy
causando un terror”.
El País publicó que cuando en el lugar hay un narco mensaje impreso en una lona, Lafita
reporta todo su contenido sin censura, aunque incluya acusaciones de la supuesta
implicación de la policía de Veracruz en varios delitos. “La Secretaría de Seguridad
Pública es presuntamente quien está secuestrando o los que están poniendo las lonas.
Les molestó que yo dijera que son ellos”.
Pues sí, incomoda. Está preso por ejercer su labor como periodista, por informar, por
reflejar la realidad, que él no ha creado sino que es producto de la ineficacia del gobierno
para acabar con la delincuencia y la violencia, todavía más, para evitar sus causas. La
gobernadora debiera intervenir a su favor antes de que el problema le crezca (lo del
descarrilamiento del Tren Interoceánico a finales de 2025, lo del bono navideño y lo de
Nicolás Maduro distrajeron la atención, pero no tardan todos en retomar el caso de Lafita).
Ya cesaron a la fiscal regional que lo acusó
También debiera hacerlo para evitar la sospecha, el run run en Coatzacoalcos de que ella
ordenó el encarcelamiento porque quiere dar la idea de que ese puerto del sur es un
paraíso de seguridad gracias a que ahí tiene su residencia oficial, y que por ningún motivo
se puede dar la idea de que donde vive la gobernadora hay inseguridad y violencia; que
mandó encarcelar a Lafita para Inhibir al resto de reporteros de nota roja para que no
informen nada de muertos, desmembrados y decapitados.
Pareciera que ella y la fiscal general del estado, Lisbeth Jiménez, dieron un primer paso
ya para corregir el abuso, cuando este martes, sin hacer ruido, se supo que cesaron a la
fiscal regional, Karla Díaz Hermosilla, quien habría sido la causante de todo el problema,
pero también debieran ir por el juez de control José Guadalupe Nucamendi Albores, quien
validó la acusación sin más ni más y se convirtió en el cómplice del abuso.
La propia Sheinbaum está preocupada por el atropello
El problema escaló hasta la propia presidenta Claudia Sheinbaum, quien al finalizar 2025
e iniciar 2026 se ocupó del tema. En su conferencia mañanera del lunes 30 de diciembre,
fue contundente: “No sé por qué la Fiscalía (de Veracruz) usa el delito de terrorismo… no
ha habido una acusación por terrorismo en México, yo creo que nunca… la Fiscalía (es
decir, Lisbeth Jiménez) tiene que aclarar por qué usa este delito que nunca se ha usado
en México… sí, sería muy bueno que, mientras más pronto, explique la Fiscalía del
estado”, y proclamó que se debe garantizar la “libertad de expresión por encima de todo”.
El 2 de enero abrió el año volviendo al asunto. Dijo que las fiscalías estatales son
autónomas, “sin embargo, mi opinión, y nuestra opinión como Gobierno, es que por
encima de todo está la libertad de expresión”. Comentó que, incluso, le pidió a la
Secretaría de Gobernación que si es necesario el Mecanismo de Protección a Periodistas
se acerque o que si desean los periodistas acusados pueden acercarse para su
protección, e insistió: “Entonces, mi opinión es que la libertad de expresión está por
encima… Claro, si hay un periodista que cometió un delito, pues también es como
cualquier otra persona, pero si el asunto de fondo tiene que ver con la libertad de
expresión, siempre hay que elegir la libertad de expresión por encima de todo”.
Una buena lectura política hubiera tomado sus declaraciones como dos mensajes muy
claros: les estaba diciendo que lo dejaran en absoluta libertad. Pero, por lo que se vio, en
el Gobierno del Estado no hay nadie con alcances para haber descifrado esos mensajes y
haber intervenido para corregir el entuerto legal.
El tema deterioró más su relación con Rocío
Retomo, porque es un columnista con acceso a fuentes de primer nivel del Palacio
Nacional, lo que publicó el lunes por la tarde-noche mi compañero Filiberto Vargas
Rodríguez. Comentó que el enojo de la gobernadora Nahle ese día por la mañana era
también por el “affaire” de la acusación por terrorismo.
“¿Por qué le generó tanta molestia a la gobernadora ese suceso? Sencillo, porque
desbarató lo que trataba de reconstruir con mucho esfuerzo: su relación con la presidente
Claudia Sheinbaum”. Apuntó que “Rocío Nahle no es, ni ha sido, ‘la gran amiga’ de
Claudia Sheinbaum. Su candidatura y triunfo por el gobierno de Veracruz fue una decisión
–y operación– del ‘jefe’, Andrés Manuel López Obrador”. Dijo que ha habido actitudes de
la gobernadora de Veracruz que han provocado la ira de la presidente (él la escribe con
e), como cuando la llevó a Poza Rica poco después de las inundaciones y tuvo que
soportar los gritos y reclamos de la población. Hace otras consideraciones, y remata:
“Pero el caso del ‘periodista terrorista’ derramó el vaso. Cuentan que la nota rebasó las
fronteras y Claudia Sheinbaum tuvo que darle explicaciones al secretario de Estado del
vecino país del norte, Marco Rubio. ‘Estaba tan molesta con Rocío Nahle –narran– que
prefirió que fuera la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez (como la propia
presidente lo reveló en su conferencia de prensa), la que se comunicara a Veracruz para
conocer los detalles de ese nuevo ‘incidente´”.
Para el Mundial, Veracruz será ejemplo de represión a la prensa
Con esto último, por mi parte. A la presidenta Sheinbaum seguramente le preocupa que
ahora que vendrán muchos visitantes de otras latitudes por el Mundial de Futbol y que los
ojos del mundo deportivo y turístico estarán puestos en nuestro país se diga que se
persigue a la prensa en México, y pongan como ejemplo a Veracruz, pero su
preocupación parece que nadie la entiende en el estado.
