AL PIE DE LA LETRA.
Raymundo Jiménez.
A la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador solamente le faltan 103
días para concluir y, hasta hora, no se ve que el Sector Salud –al menos el de Veracruz,
donde al gobierno del también morenista Cuitláhuac García le restan menos de seis meses–
esté igual o mejor que el de Dinamarca.
Ayer, la periodista Claudia Montero, del medio digital alcalorpolitico.com, reportaba el
grave deterioro de los servicios de Salud en la entidad donde Morena acaba de arrasar en
los comicios federales y locales del pasado 2 de junio: no hay pago a proveedores ni
compra de insumos y medicamentos pese a que fluyen los recursos de la Federación y del
Estado al IMSS-Bienestar; se posponen cirugías y no hay acciones de higiene y
mantenimiento, y el Centro Estatal de Cancerología (CECAN) carece de fármacos
oncológicos, por lo que los pacientes tienen que recurrir a la asociación civil AHTECA
(“Ayúdame Hermano Tengo Cáncer”), que preside la señora Anita Chedraui Obeso,
hermana de los empresarios Antonio y Alfredo Chedraui, dueños de la cadena de tiendas de
autoservicio que lleva su apellido paterno.
A finales de septiembre del año pasado, el diputado local priista Marlon Ramírez Marín
denunció públicamente que había detectado un esquema para desviar recursos en al menos
18 dependencias del Gobierno del Estado, y que tan solo en la Secretaría de Salud se habían
descubierto operaciones irregulares por mil 593 millones 700 mil pesos,
El ex dirigente estatal del PRI detalló que en SESVER habían sido beneficiadas 50
empresas creadas en los primeros cuatro años de la administración cuitlahuista; que existía
colusión con otras empresas por medio de representantes legales; que de 2019 a 2022 se
otorgaron 160 contratos por un monto de mil 87.1 millones de pesos, de los cuales 94
contratos fueron por adjudicación directa por un monto de 315.3 millones, y otros 66 se
asignaron por invitación por la suma de 771.8 millones de pesos.
El legislador del Revolucionario Institucional señaló que existían 190 contratos por igual
número de personas físicas por 506.3 millones de pesos y que 44 personas físicas resultaron
ser beneficiarias de programas sociales con una asignación 122.8 millones, y otros eran
empleados del gobierno estatal cuando se dieron los contratos.
Expuso casos como el de Bethy Torres Hernández, de 23 años de edad, empleada de
SESVER, quien recibió un contrato por un millón 92 mil 799.99 pesos; o Misael Carmona
Medina, de 24 años, beneficiario de Jóvenes Construyendo el Futuro, al que le asignaron
22.9 millones de pesos en contratos; así como una lista de personas físicas con contratos
para mantenimiento en la pandemia 2019-2020, por 136.4 millones de pesos.
Mencionó además el caso de DICIPA, S.A. DE C.V., empresa que fue vetada para recibir
contratos en todo el país, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el
11 de enero de 2023. “Cuatro meses después se le asignaron contratos por más de siete
millones de pesos”, acusó Ramírez Marín, quien reveló que semanas antes le había
expuesto esta situación al entonces secretario de Salud, Gerardo Díaz Morales, quien le
ofreció acompañarlo a la Fiscalía General del Estado y a la FGR para que presentara
formalmente las denuncias, pero desafortunadamente el funcionario falleció el 29 de
agosto.
El legislador priista advirtió que en estos presuntos actos de corrupción estaban implicadas
las secretarías de Finanzas y de Salud, así como la Contraloría General del Estado, ya que
la Subsecretaría de Administración y Finanzas de Sefiplan y la Dirección de
Administración de SESVER son las que tienen la responsabilidad de registrar a los
proveedores, saber si tienen la capacidad, y son las que dispersan el dinero, lo radican a las
dependencias y son ejecutoras del gasto.
“A lo mejor ahí encontraremos la explicación de por qué hay más de 17 mil bardas pintadas
en todo el estado, y por qué hay miles de espectaculares en todo el territorio veracruzano”,
sentenció Marlon Ramírez, quien destacó que en cuatro años de esta administración habían
pasado tres titulares de la Secretaría de Salud, pero nunca ha cambiado el área
administrativa, y que, “hasta el día de hoy, no hay una sola observación por parte de la
Contraloría”.
Ante la denuncia pública del priista, el gobernador Cuitláhuac García exhortó a todos los
que tuvieran pruebas de algún desfalco o malversación de recursos en la Secretaría de Salud
a que interpusieran las denuncias ante las instancias correspondientes.
El mandatario veracruzano lo atribuyó a la efervescencia por las elecciones y reviró que
hay quienes solo buscan reflectores con declaraciones superficiales, pero insistió en que
esperaba que se interponga una denuncia formal si es que están las pruebas.
¿Sabrá algo de esto el doctor Roberto Ramos Alor, el primer secretario de Salud (diciembre
2018-mayo 2022) y ahora flamante diputado federal electo de Morena por el distrito urbano
de Coatzacoalcos, uno de los morenistas más allegados a la gobernadora electa Rocío
Nahle?
LOS NEGOCIOS DE FALLITO
FARARONI; ¿NAHLE LO SABE?
¡Escandalazo! Cuentan que el año pasado, a inicios del mes de octubre, el diputado
morenista Rafael Fararoni, presidente de la Comisión de Vigilancia, junto con el Secretario
de Fiscalización del Congreso Local, estuvieron llamando a muchos alcaldes de las zonas
sur, centro y norte del estado para “ofrecerles” limpiar sus cuentas públicas.
De acuerdo con esta versión que circula en el Palacio Legislativo, con todo el descaro los
citaban en una oficina del edificio de la avenida Encanto, de Xalapa, donde supuestamente
les pedían hasta el 10% del presunto daño patrimonial a las arcas municipales.
Según aseguran, existe evidencia de lo que se comenta. Hay una anécdota de que llegó un
alcalde que no tenía nada que solventar, a lo que lo increparon y le preguntaron que quién
lo había invitado, a lo que el edil respondió que nadie, que sólo andaba acompañando a
otros ediles. Y, con todo el descaro, le dijeron que no traía daño, pero que si podía
“apoyarlos con algo y luego se ponían a mano”, a lo que el munícipe los mandó por un
tubo.
Uno de los tantos alcaldes que nos aseguran que sí cayeron en su juego es el de Perote,
quien les habría entregado la cantidad de 800 mil pesos, y al que, por cierto, no le
cumplieron con lo pactado.
Se comenta que viene la historia completa, donde figura también gente cercana al
presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
Habrá que ver qué opina la gobernadora electa Rocío Nahle de lo que les imputan a los
diputados locales.
Según nos dicen, ya en una ocasión varios alcaldes se quejaron con la entonces candidata
de las extorsiones de las que eran objeto de parte de varios legisladores vivales.
Esta historia continuará…
ALCALDESA DE SAN ANDRÉS
TUXTLA EN GRAVE PROBLEMA
Por cierto, la que se metió en un serio problema legal es la alcaldesa de San Andrés Tuxtla,
María Elena Solana Calzada –confrontada políticamente con el diputado local Rafael
Fararoni–, la cual fue retenida ayer durante cuatro horas arriba de una patrulla de la Guardia
Nacional (GN) cuando intentaba huir, vestida con uniforme de policía municipal, de los
locatarios del mercado 5 de Febrero que se manifestaron para reclamar justicia por la
muerte del comerciante José Luis Zapata Páez, quien fue asesinado a golpes por policías
municipales la mañana de ayer, tras la supuesta instrucción de la munícipe morenista de
“hacerlo entrar en razón”.
De acuerdo con una versión difundida extraoficialmente desde el Congreso estatal, los
locatarios del mercado se plantaron frente al Palacio Municipal de San Andrés Tuxtla para
exigir que la alcaldesa fuera detenida y presentada a la Fiscalía Regional de Justicia para
responder por las acusaciones en contra de los policías municipales por el asesinato del
comerciante.
Debido a la enorme cantidad de ciudadanos y manifestantes que protestaban, el personal del
ayuntamiento optó por pedir el apoyo de la Guardia Nacional (GN) para resguardar las
oficinas municipales y permitir que la alcaldesa saliera resguardada para evitar que la
agredieran. El personal de seguridad decidió que la alcaldesa Solana Calzada se vistiera con
uniforme de la policía municipal, para intentar pasar desapercibida por los manifestantes
que rodeaban el Ayuntamiento.
Sin embargo, los manifestantes se percataron que dentro de la patrulla de la GN se
encontraba la alcaldesa sanandrescana y rodearon la camioneta durante cuatro horas, hasta
que llegaron refuerzos de la corporación federal, así como elementos de la Secretaría de
Seguridad Pública, para escoltar a la edil hasta las instalaciones de la Fiscalía Regional.
La alcaldesa María Elena Solana caminó varias cuadras portando el uniforme de policía
municipal, un casco y un pasamontañas, en medio de los gritos de la multitud: “¡Asesina!”,
“¡Que la lleven a la Fiscalía!” y “¡Justicia!”. A pesar de que iba resguardada por varios
elementos de Seguridad Pública, la edil tuvo que soportar que le lanzaran botellas de agua,
latas y bolsas con basura.
De acuerdo con la versión de los locatarios del Mercado 5 de Febrero, de San Andrés
Tuxtla, el conflicto inició cuando elementos de la Policía Municipal enviados por la
Alcaldesa, el Director de Gobernación Municipal y el Director Jurídico del Ayuntamiento
detuvieron de forma arbitraria a Jorge Luis Zapata Páez, un locatario del lugar, por
inconformarse junto con otros comerciantes al intento del gobierno municipal de reiniciar
las obras de remodelación del inmueble debido a que la obra está detenida por un amparo
promovido desde el 2022.
Debido a la fuerza excesiva con la que sometieron los policías municipales a Zapata Páez,
éste falleció minutos después en el Hospital Civil Dr. Bernardo Peña, en la misma ciudad
de San Andrés Tuxtla, lo que enardeció a los comerciantes, trabajadores del mercado y
ciudadanos sanandrescanos.
