AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Los tiempos electorales –así ha sido siempre– son tiempos de llevar agua a los molinos.
Muchos grupos sociales y políticos se suben a la cresta de las promesas, para presionar a las
autoridades con todo tipo de peticiones. Y claro, muchos actores, de diferentes niveles,
buscan sacar raja al calor del rejuego político. Se esconden tras bambalinas, pero utilizan
maquinarias de presión. Este es el caso de la manifestación que se está cocinando para este
lunes 26 de mayo, en Xalapa.
Un grupo de sindicatos, que curiosamente recibieron grandes beneficios de la
administración estatal pasada, integrados en La Federación Unión de Sindicatos
Magisteriales del Estado de Veracruz (LFUSMEV) –nombre que utilizan pomposamente
para tratar de inflar su representación, que cuenta sólo con unos 3 mil 500 agremiados–,
organizan la “Marcha por la Dignificación del Sistema Educativo Veracruzano”.
Los líderes de estos ocho sindicatos son los mismos que hace algunos meses bloquearon la
Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) en rechazo al programa “Regreso a las aulas”
impulsado por la gobernadora Nahle para que los maestros dejaran las grillas sindicales que
tanto le cuestan al erario estatal, afectando la calidad educativa.
Así como lo lee, Avith Moctezuma Uscanga, secretario general del Gremio Nacional de
Trabajadores de la Educación (GNTE), el mismo que admitió que percibe ingresos
mensuales por más de 41 mil pesos sin acudir a las aulas; Tonatiuh Paredes Rangel,
Secretario general del SIRMA, que fue calificado “de docente a millonario” en varias
publicaciones periodísticas; Daneskiu Domínguez Meléndez, de SIVETSE; Octavio Rivera
Flores, del LMV; José Ignacio Ortiz Reyes, del ASTEV; Gustavo Abel Cadena Carrasco,
del SMMV; Víctor Hugo Suárez Ávila, del SATEBAEV y José Luis Moreno Landa, de
INSISTE, quieren nuevamente ejercer presión contra la mandataria estatal y las autoridades
educativas.
Estos líderes sindicales, con una representación de apenas unos 3 mil 500 agremiados,
quieren imponer una agenda de negociaciones para medrar con el presupuesto público.
Quieren imponer un contrato colectivo de trabajo sobre sindicatos, como el SNTE, con más
de 100 mil agremiados, con los que la secretaria de Educación, Claudia Tello Espinosa,
mantiene una buena relación y han aceptado las nuevas disposiciones para laborar en pro de
los educandos veracruzanos.
Lo que ha llamado la atención también es que su pliego petitorio lo enviaron a un
funcionario de tercer nivel y no a la gobernadora o a la propia titular de la SEV, lo que
genera sospechosismo del origen de esta manifestación.
Estos líderes magisteriales no han entendido el reciente mensaje de la gobernadora, de que
son tiempos de ponerse a trabajar, dejando atrás la vieja política del “zopiloteo”. La jefa de
las instituciones en Veracruz fue muy clara: lo urgente, lo importante por ahora es asegurar
la estabilidad del proceso electoral, no así las agendas de intereses personales como las que
cargan estos líderes magisteriales que han sido identificados con actores políticos del PAN
o del llamado Clan del Estero, encabezado por el exgobernador Miguel Ángel Yunes
Linares.
¿Hasta dónde pretenden llegar? ¿Lo permitirá la gobernadora Nahle, quien ya ha reiterado
categóricamente que no habrá cambios en su gabinete y que mantendrá en sus cargos lo
mismo al encargado de la política interna, Ricardo Ahued, que al subsecretario de
Gobierno, José Manuel Pozos Castro, y a la propia secretaria de Educación, Claudia Tello
Espinosa?
LA OPACIDAD DE DENISSE
Desde hace dos semanas, el columnista Mario Maldonado, del diario El Universal, había
revelado sobre la reunión que habían sostenido días antes los dirigentes de Morena con
gobernadores y líderes parlamentarios en la Secretaría de Gobernación, los cuales fueron
convocados para informarles los nombres de los candidatos y las candidatas que, según se
dijo en dicha encerrona, son quienes tienen más posibilidades de ganar y quienes
supuestamente tienen el visto bueno de Palacio Nacional.
De acuerdo con la versión que obtuvo Maldonado, la lista de ungidos para la Suprema
Corte de Justicia de la Nación eran, en ese orden: Lenia Batres, Yasmín Esquivel, Sara
Irene Herrerías, Loretta Ortiz y María Estela Ríos González, por parte de las mujeres; y
Hugo Aguilar Ortiz, Irving Espinosa Betanzo, Giovanni Figuero Mejía y Arístides Guerrero
García, por parte de los hombres.
Para la Sala Superior del Tribunal Electoral: Claudia Valle Aguilasocho y Gilberto de
Guzmán Bátiz García.
Y en cuanto a las propuestas para el Tribunal de Disciplina Judicial los enlistados eran Eva
Verónica De Gyves, Indira Isabel García, Celia Maya, Bernardo Bátiz y Rufino H. León
Tovar.
O sea que en esta última lista no aparece la magistrada veracruzana Denisse de los Ángeles
Uribe Obregón, pese a la intensa y onerosa campaña que ha realizado por todo su estado
natal y las entidades de la república mexicana.
Por cierto, Uribe Obregón tampoco aparecía hasta ayer entre los candidatos a dicho tribunal
del Poder Judicial de la Federación que sí han hecho pública su declaración 3 de 3,
documento que incluye su situación patrimonial, intereses y cumplimiento fiscal.
A seis días de la elección sólo siete de los 38 candidatos al nuevo Tribunal de Disciplina
Judicial han cumplido con esta demanda de organizaciones de la sociedad civil, según
publicó ayer el diario La Jornada.
El diario capitalino señaló que los únicos aspirantes que ya transparentaron esta
información son María Elisa Vera Madrigal, Jazmín Gabriela Rivera Reyes, Jorge Isaac
Lagunes Leano, Fany Lorena Jiménez Aguirre, Bernard Abigail Díaz de León, Juan Pedro
Alcudia Vázquez e Indira Isabel García Pérez.
La publicación de estas declaraciones forma parte de una iniciativa conjunta de los comités
de participación ciudadana (CPC) de los sistemas nacional y estatales Anticorrupción, en
coordinación con la organización Transparencia Mexicana. El objetivo es promover la
rendición de cuentas entre quienes buscan ocupar cargos en el Poder Judicial,
especialmente ante el proceso electoral del primero de junio, en el que serán elegidas las
tres magistradas y dos magistrados que integrarán el Tribunal de Disciplina Judicial, entre
otros cargos.
El nuevo organismo anticorrupción tendrá un papel fundamental en la supervisión del
actuar judicial, pues se encargará de investigar y, en su caso, sancionar a los juzgadores
acusados de mal desempeño o malas prácticas.
Por ello, los CPC han señalado que es necesario que la ciudadanía cuente con información
clara y verificable, más allá de la propaganda electoral.
Aunque esta declaración es obligatoria para servidores públicos desde 2016, aún no lo es
para aspirantes a cargos de elección, quienes solo deben presentarla de manera voluntaria.
¿Nos podría decir Denisse a los votantes por qué ella no lo ha hecho?