AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Por quien lo escribe y el medio donde se publicó, llamó mucho la atención el comentario
final de ayer de Julio Hernández, columnista político estelar de La Jornada, el diario más
afín al régimen de la Cuarta Transformación.
“Entre la esperanza de los opositores de la 4T de que llegue un rayo estadunidense y
fulmine la estructura guinda y similares, y las negociaciones cedentes que una delegación
mexicana realiza en Washington (Ebrard, De la Fuente, Édgar Amador y Luz Elena
González), poca atención se presta al hecho de que la presión trumpista podría ser el punto
de apoyo que permitiera a la presidenta Sheinbaum deshacerse de personajes que le fueron
impuestos, como cuotas de compensación por el proceso de las corcholatas (Ricardo
Monreal en San Lázaro, Adán Augusto López Hernández en el Senado y el propio Ebrard
en Economía), o como continuidad administrativa en secretarías y direcciones importantes.
También ganaría mucho la Presidenta si se deshiciera de ciertos cargos partidistas y
reafirmara la condición personalísima del ejercicio del Poder Ejecutivo federal. ¡Hasta
mañana!”
Sin embargo, no se percibe –al menos todavía– que Sheinbaum se atreviera a tomar este
tipo de decisiones que implicaría romper con su antecesor. No cumple siquiera todavía un
año en la Presidencia y tampoco tiene aún el control de todos los hilos del poder. Pero,
como bien dice el autor de la columna política Astillero, existe “la esperanza de los
opositores de la 4T de que llegue un rayo estadunidense y fulmine la estructura guinda y
similares”.
Parece increíble que así como un voto, el del senador traidor del PAN, Miguel Ángel Yunes
Márquez, le abrió la puerta a Morena para hacerse del control absoluto del Poder Judicial,
ahora una confesión y las pruebas que pudiera aportar a la Fiscalía de Estados Unidos un
narcotraficante, Ovidio “El Ratón” Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán
Loera, pudiera dinamitar al brazo electoral de la 4T.
Los siguientes seis meses serán determinantes. El Departamento de Justicia de EU espera
que en ese lapso se logre confirmar, a través de inteligencia y pruebas independientes, que
lo dicho por el hijo del Chapo Guzmán es verídico y útil para construir otros casos. La
figura legal se conoce como “cooperating witness” (testigo colaborador), pero no se trata de
soltar nombres al azar: cada dicho debe resistir verificación judicial. Aunque el juicio se
lleva a cabo en la Corte de Chicago, las ondas expansivas de su declaración ya comienzan a
sentirse en México, sobre todo porque uno de los escenarios que ha comenzado a discutirse
es precisamente la posible implicación de políticos mexicanos, gobernadores y líderes de
Morena en sobornos o lavado de dinero, que podrían generar sanciones al partido guinda
por sus presuntos vínculos con cárteles del narcotráfico etiquetados por el presidente Trump
como “terroristas”.
La sentencia está programada tentativamente para enero de 2026, dependiendo de qué tan
efectiva y sólida resulte la cooperación de Ovidio Guzmán. Si lo que dijo se confirma y
lleva a nuevas detenciones, podría obtener una reducción de pena. Pero si mintió o exageró,
el acuerdo se romperá y enfrentará el escenario más duro: cadena perpetua.
Pero independientemente de lo que declare este hijo del Chapo, en la Organización de
Estados Americanos (OEA) y en la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
(CIDH) también poseen desde hace cuatro años un documento de 57 páginas que
entregaron los dirigentes nacionales del PAN, PRI y PRD en agosto de 2021, dos meses
después de las elecciones de gobernadores y diputados federales, el cual contiene el registro
de mil 66 delitos y agresiones de tipo político en casi todo el país, exponiendo
concretamente los casos ocurridos en siete estados, donde perdieron la vida 36 aspirantes a
un cargo de elección popular. En ellos se hace referencia a siete casos emblemáticos de la
violencia que grupos criminales ejercieron en Sinaloa, Estado de México, Guerrero,
Michoacán, Guanajuato, Veracruz y San Luis Potosí.
El documento contiene denuncias propias, notas periodísticas y datos de consultorías como
Lantia Intelligence, que señalan que 24 por ciento de los episodios de violencia fueron
cometidos por grupos armados en contra de políticos y electores.
“Durante meses, los avisos de amenazas, secuestros y asesinatos sufridos por los candidatos
y los aspirantes a esos cargos trajeron la advertencia de que la violencia y la coerción
criminal iban a estar presentes como nunca antes en estos comicios, los más grandes de la
joven democracia mexicana”, se señala en la denuncia.
Sostiene que “grupos armados secuestraron e inmovilizaron a equipos completos de
campaña, se apoderaron de casillas electorales y obligaron a los ciudadanos a emitir su voto
públicamente y por consigna”.
La coalición Va por México denunció que la coerción violenta y las amenazas, las muertes,
los secuestros y el control de las candidaturas por parte de los grupos delictivos, así como
su intervención activa en el proceso, estuvieron presentes todo el camino: durante las
precampañas de selección de candidatos, a lo largo de las campañas mismas, en la jornada
electoral y después de la elección.
Veracruz, según la consultora Lantia Intelligence, registró el mayor número de eventos de
violencia política durante el proceso electoral, con 51 casos.
Otra consultora, Etellekt, también colocó a la entidad veracruzana en el primer sitio en el
número de aspirantes y candidatos asesinados durante el proceso, con nueve ejecutados.
En Sinaloa, se documentó el secuestro de cerca de 100 personas, entre familiares y
colaboradores de algunos candidatos, el robo de urnas y la no apertura de 55 casillas por
amenazas del crimen organizado a los funcionarios responsables de su instalación.
En el Estado de México se reportaron 200 actos de violencia política el día de la elección.
Se documentó el caso de Zudikey Rodríguez, candidata de la coalición PAN-PRI-PRD a la
alcaldía de Valle de Bravo, quien fue privada de la libertad por sicarios de La Familia
Michoacana mes y medio antes de que se llevaran a cabo las elecciones.
En Guerrero, en la región de Tierra Caliente, sólo pudieron hacer campaña quienes
contaban con la autorización de los grupos criminales, según denuncias de militantes y
dirigentes de los partidos políticos.
En Michoacán se denunció que gente armada llegó a diversas casillas de municipios como
Múgica, Lázaro Cárdenas y La Huacana para amenazar a ciudadanos que estaban formados
y les advirtieron que tenían que votar por Morena y no por el PRD.
En Guanajuato, el proceso electoral se tiñó de sangre con el asesinato de dos candidatos a
presidentes municipales, entre otros políticos: el 25 de mayo pasado fue ejecutada Alma
Rosa Barragán Santiago, de MC, aspirante a la alcaldía de Moroleón.
Finalmente, en San Luis Potosí, la coalición documentó que en alrededor de 600 casillas se
“plantaron” presidentes y se falsificaron las actas.
En el documento entregado a la OEA y la CIDH se detalla que la violencia contra
candidatos sumó un total de 693 víctimas, en el periodo del 7 de septiembre de 2020 al 6 de
junio de 2021, lo que representa un incremento de 68% con relación a las 412 víctimas
contabilizadas en el proceso de 2017-2018.
En 102 asesinatos dolosos y 48 homicidios en grado de tentativa cometidos contra políticos
y aspirantes, la participación de comandos armados como autores materiales alcanzó 66%,
mientras que en 397 delitos no fue posible identificar a los agresores.
De esos 102 políticos que perdieron la vida, 36 aspiraban a cargos de elección, 31 buscaban
puestos a nivel municipal y 90% eran opositores a los alcaldes que gobiernan los
municipios donde ocurrieron los hechos.
¿Deveras sólo necesitan la declaración de Ovidio Guzmán para proceder contra los
narcopolíticos y narcogobernadores de Morena? ¿Sheinbaum, en realidad, se atrevería a
romper con su antecesor, Andrés Manuel López Obrador, y tomaría el control absoluto de
su gobierno y de su partido para reafirmar “la condición personalísima del ejercicio del
Poder Ejecutivo federal”, como se publicó ayer en la columna política estelar de La
Jornada? Muchos todavía lo dudan, pero en seis meses lo sabremos, cuando Ovidio
Guzmán sea sentenciado en la víspera del proceso electoral de 2027, en el que se elegirán
gobernadores en 16 estados y los 500 diputados federales del Congreso de la Unión,
además de otros cargos locales de representación popular.
Por lo mientras, acaban de reactivar la orden de aprehensión contra Hernán Bermúdez
Requena, ex secretario de Seguridad Pública durante la gubernatura de Adán Augusto
López, el actual líder del Senado.
A Bermúdez Requena lo vinculan con la organización criminal “La Barredora”, ligada al
Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y que originalmente era conocida como “La
Hermandad”, la cual operaba como un “cártel policiaco” dedicado al tráfico de drogas,
migrantes, trata de personas y extorsión en bares y antros.
“Ahí está saliendo toda la pudrición, hasta donde se tenga que llegar, a tope, el compromiso
de Javier May (Gobernador) es con los ciudadanos, no con delincuentes ni con la mafia.
Desde que llegó Javier May se ha estado limpiando la Secretaría de Seguridad Pública”,
declaró este domingo José Ramiro López Obrador, hermano de AMLO que se desempeña
como secretario de Gobernación en Tabasco.
