AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
La relación entre la presidenta Claudia Sheinbaum y Ricardo Monreal –excoordinador de
Morena en el Senado y actualmente líder de la bancada guinda en la Cámara de Diputados
del Congreso de la Unión– se deterioró desde la debacle electoral en 2021 del morenismo
en la Ciudad de México, gobernada entonces por la ahora titular del Ejecutivo federal.
El jefe del clan familiar que actualmente gobierna Zacatecas está consciente que después de
agosto del año entrante, cuando concluya su gestión como diputado federal, muy
difícilmente sería invitado a ocupar un relevante cargo administrativo acorde a su estatura y
trayectoria política en el gobierno de la República. Por eso, en charlas con algunos de sus
alumnos de la UNAM a los que imparte clases de derecho constitucional, ha deslizado que
está por “jubilarse políticamente”.
En los últimos días, en su estado natal que desde hace cinco años gobierna su hermano
David, no sólo han arreciado las pugnas de los grupos internos de Morena y sus aliados por
la disputa de la candidatura al gobierno estatal, sino que ha irrumpido también una célula
del Cártel de Sinaloa –cuyo cofundador Ismael “El Mayo” Zambada acaba de ser
sentenciado a cadena perpetua en una Corte de Nueva York– que, en un video, amenaza al
mandatario zacatecano tras adjudicarse la masacre de diez personas cuyos cadáveres
aparecieron el sábado anterior. Cinco fueron localizados en la carretera federal 54
Zacatecas-Saltillo, mientras otros cuatro fueron hallados en las proximidades de una clínica
del IMSS en el municipio de Morelos, y la última víctima fue encontrada en la ruta
Zacatecas-Durango.
En la grabación, que circuló anteayer en redes sociales, le dicen al gobernador David
Monreal “ahí está lo que nos encargó”, y advirtiéndole: “Queremos dejarle claro que, si
usted nos traiciona, en los pactos que tenemos no solo con usted, también con sus
corporaciones, usted y toda su descendencia van a acabar igual o peor”, expresó el supuesto
vocero de la célula delictiva.
“Aquí no matamos a inocentes como están tratando de hacer ver en los medios de
comunicación”, exclamó, señalando que sólo “fue un pequeño golpe de autoridad”.
El escenario dantesco se da en la víspera de la sucesión gubernamental, de la cual fue
obligado a bajarse el senador Saúl Monreal, el menor de los 14 hermanos, por el veto contra
el nepotismo electoral impuesto por Morena a sugerencia de la presidenta Sheinbaum.
Sin embargo, el clan de los Monreal ahora estaría impulsando para la gubernatura a la
diputada federal Verónica Díaz, quien fue esposa de Luis Enrique Monreal Ávila, con
quien procreó dos hijos que se apellidan Monreal Díaz, por lo que sus adversarios sostienen
que se le debería aplicar el candado del nepotismo porque tiene un vínculo familiar en
segundo grado con el actual mandatario estatal.
Si bien son varios los interesados en la Coordinación para la Defensa de la Cuarta
Transformación, en opinión de algunos politólogos como Noé Hernández Cortez, de la
Universidad Autónoma de Zacatecas, la disputa real por la gubernatura será entre Verónica
Díaz, por su cercanía con el gobernador saliente, su excuñado, y Ulises Mejía, por su
vinculación con la presidenta Sheinbaum, a quien en 2023-2024 le coordinó su precampaña
presidencial en el estado.
En una reciente entrevista que este lunes publicó el diario El Universal, Mejía Haro, ex
alcalde de Zacatecas y actual diputado con licencia, afirmó que no se identifica como parte
del equipo político de los Monreal, que por años ha controlado Zacatecas. En cambio, sobre
sus compañeros aspirantes del PT, Geovanna Bañuelos, y del Partido Verde, Carlos Puente,
aseveró que los ve como compañeros de proyecto.
Y cuando le preguntan sobre lo que hoy requiere Zacatecas, Mejía responde: “La gente pide
mayor atención a la seguridad, si bien se ha hecho un esfuerzo en la disminución de
algunos delitos, por ejemplo, los homicidios, todavía hay preocupación en el traslado en las
carreteras, hay preocupación de quienes se dedican al ganado, quienes están en un comercio
o quienes son constructores, entonces, en el tema de seguridad jamás debemos levantar
bandera blanca. Tenemos que seguir coordinándonos, así como lo hace nuestra presidenta
Claudia Sheinbaum de la mano de Omar García Harfuch, el secretario: atención a las
causas, hacer uso de la tecnología, de la inteligencia Artificial y algo que es fundamental: la
contención”.
¿Quedó claro por dónde va la sucesión estatal de 2027 y la nacional de 2030?
ACUSACIÓN CONTRA ERNESTO RUFFO ESTÁ
PRENDIDA ‘CON ALFILERES’: GÓMEZ-MONT
Con un retraso de más de una hora, inició la tarde-noche de ayer martes la audiencia en la
que una juez de distrito en materia penal federal, adscrita al Centro de Justicia del penal
máxima seguridad del Altiplano, determinará la situación jurídica del ex gobernador de
Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y de siete coacusados a quienes se les imputan
delincuencia organizada y delitos relacionados con hidrocarburos, ya que presuntamente
forman parte de una red de tráfico y contrabando de combustibles al país.
En punto de las 18 horas, la juez Alejandra Ramírez de la Vega, que conoce de la causa
253/2026, dio inicio a la diligencia que, por segunda ocasión, se declara como privada, por
lo cual no tuvieron acceso los representantes de los medios de comunicación ni el público.
La determinación de cerrar la diligencia fue a petición del Ministerio Público ya que
durante el desarrollo de la misma, se daría a conocer la identidad de otros implicados en
esta red que aún no han sido capturados.
Según publicó anoche en su edición digital el diario La Jornada, la audiencia se realizó bajo
la modalidad de videoconferencia, por lo que a la sala 1 de diligencias del Centro de
Justicia del Altiplano solo se presentó la juez que conoce de la causa penal y personal
auxiliar del juzgado, así como cuatro de los imputados recluidos en este penal, pero tanto el
ministerio público como los defensores de los imputados participarían a distancia,
conectados por videoconferencia, lo mismo que los otros tres implicados.
A Ruffo Appel, quien fue el primer gobernador de oposición electo que hubo en el país, se
le acusa de ser integrante de esta red de tráfico de combustible de Estados Unidos a
México, a través de su empresa Ingemar.
Junto con el ex panista y ahora miembro del nuevo partido Somos México, están
acusados Ricardo Thompson Navarro, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña
Rosales, accionistas de la empresa Internacional de Fundentes, así como Adriana Magali
Bárcenas Guillén, de Logística Ferroviaria Fargo. También Armando Riestra Fernández,
dueño de la compañía Servicios Aduanales JR, quien ya había sido detenido en enero y los
agentes aduanales Juan Hermilo Chávez Rodríguez y Antonio Barrientos.
Durante la audiencia que inició la tarde de este martes, se escucharán los alegatos de cada
uno de los abogados defensores de los imputados, además de que se desahogarán pruebas
de descargo que cada uno presente, de tal forma que se espera que la diligencia pueda ser
tan larga o más que la del viernes pasado cuando se le hizo saber a cada uno de ellos los
hechos que se le imputan.
Esa primera audiencia inició la tarde del viernes y terminó al mediodía del domingo, es
decir que duró poco más de 30 horas, con tres breves recesos.
De ser así, sería hasta la noche de este miércoles o la mañana del jueves cuando se conozca
si Ernesto Ruffo y sus coacusados son vinculados a proceso penal o se les deja en libertad
por falta de pruebas.
Tras la primera vista de las 19 cajas con información relacionada con un presunto caso de
huachicol de combustible que salpicó al ex gobernador bajacaliforniano, su abogado y ex
compañero de partido, Fernando Gómez-Mont Urueta, estimó que la acusación contra
Ruffo está prendida “con alfileres”, según declaró al diario Reforma.
Gómez-Mont Urueta fue secretario de Gobernación de 2008 a 2010 en la administración
del ex presidente Felipe Calderón y es el menor de los 13 hijos que procreó Felipe Gómez
Mont, cofundador y uno de los ideólogos del Partido Acción Nacional (PAN).
