AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Luego de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijera que Claudia
Sheinbaum está “muy asustada”, culpando al gobierno mexicano de “haber perdido el
control del país”, asegurando que “los cárteles controlan a México”, la mandataria
morenista respondió que su homólogo estadounidense “no está bien informado, se lo he
dicho a él personalmente, no es algo que lo diga por primera vez”.
“El Estado mexicano existe, ya lo dije aquí el otro día cuando vino el Secretario de
Seguridad de Estados Unidos, que estuvo aquí y que se refirió a los grupos delictivos. Yo le
dije: hay Estado mexicano y hay cabezas de instituciones del Estado además de la
Presidenta”, afirmó Sheinbaum en su conferencia de ayer, en la que defendió
vehementemente a su gabinete de seguridad.
“Aquí tiene usted por ejemplo a Omar García Harfuch, que estuvo a punto de perder la vida
por un grupo delincuencial y que después de ese ataque decidió seguir entregando su vida
al servicio público y al pueblo de México”.
“Aquí tiene usted al General Secretario Trevilla que recientemente en un operativo para la
detención de uno de los líderes más buscados de un grupo de la delincuencia organizada
lamentablemente y tristemente perdieron la vida más de 30 hombres y mujeres, con esa
dificultad y todos los días está dedicado a la protección de México y es cabeza de una de las
grandes instituciones del Estado mexicano”.
“Y aquí tiene usted al Almirante Secretario que todos los días protege los mares, las costas
y que está personalmente atendiendo la seguridad y aquí están los resultados, porque hay
resultados, disminución de 46% de homicidio doloso, se lo enseñé en una hoja, le dije
‘mire, disminución de 70% de entrada de fentanilo a Estados Unidos por tierra, un
memorándum de entendimiento con las instituciones de Estados Unidos para trabajar
coordinadamente’”.
Pero García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, en la conferencia de
prensa realizada el 5 de mayo pasado en la sede de la novena Zona Militar en Culiacán,
negó que el gobierno federal haya tenido o tenga “indicios” de supuestos vínculos entre el
gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el crimen organizado, como
acusa Estados Unidos, asegurando que siempre hubo coordinación en materia de seguridad
en el estado, sin obstrucciones. Sin embargo, la mayoría de los sinaloenses tienen otra
opinión del mandatario estatal con licencia. Además de que, en Washington, ya deben tener
las versiones de Los Chapitos y de Ismael “El Mayo” Zambada, líderes de las dos facciones
del Cártel de Sinaloa que se entregaron desde julio de 2024 a las autoridades
estadounidenses y a los que en los comicios de 2021 se les atribuyó haber secuestrado a
toda la estructura electoral del PRI en los comicios en los que resultó electo Rocha Moya.
En cuanto al secretario de Marina, Almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, está bajo
sospecha, por la red delictiva de introducción ilícita de millones de litros de combustible
procedente de Estados Unidos a través de las aduanas de Tampico y Altamira, de
Tamaulipas, en la que han sido implicados dos altos mandos marinos, sobrinos políticos de
su antecesor, el ex secretario Rafael Ojeda Durán, uno de los cuales, el vicealmirante
Manuel Roberto Farías Laguna, actualmente preso en el Centro Federal de Readaptación
Social número 1, Altiplano, en el Estado de México, ha enviado siete cartas a Sheinbaum,
reclamándole en la última, fechada el pasado 1 de junio, en el mero Día de la Marina
Nacional, que “se me señala como culpable, cerrando los ojos para no ver quién de entre
sus compañeros de partido están los verdaderos culpables y responsables”.
En dicha misiva, con copia al secretario de Marina, el vicealmirante encarcelado afirma que
“me encuentro vinculado a proceso porque se me inculpó con un video anónimo de
YouTube, esa es la prueba con la que se me inició el proceso legal y se me sigue negando el
acceso pleno a mi propia defensa, se oculta información esencial mientras se construye una
narrativa pública, donde tanto yo como mi hermano (contralmirante Fernando Farías
Laguna, detenido en Argentina y que está solicitando ser extraditado a Estados Unidos por
temor a que lo asesinen en México) seamos los únicos culpables de un entramado en el cual
hubo personas que sí se beneficiaron, pero a mí se me señala convenientemente como
culpable de manera anticipada, sin respetar la presunción de inocencia como trato
procesal”.
Y en cuanto al General Ricardo Trevilla Trejo, secretario de la Defensa Nacional –quien
era director de Comunicación de la Sedena cuando en marzo de 2010 el Ejército mató a dos
estudiantes en el campus central del Instituto Tecnológico de Monterrey y fue difundido un
boletín en el que acusaba falsamente a las víctimas de ser miembros del crimen organizado
y de haberse enfrentado a los militares–, acaba de ser exhibido también por la ex dirigente
estatal del PRI en Sinaloa y actual diputada local Paola Gárate Valenzuela, quien contrario
a lo que el desinformado jefe castrense afirmaba, sí presentó formalmente una denuncia
penal ante la Fiscalía sinaloense por la corona fúnebre que como amenaza dejaron afuera de
su domicilio particular en Culiacán.
¿Quién estará mejor informado: Donald Trump o la Presidenta Sheinbaum?
IPE: DE CRISIS RECURRENTES
A VIABILIDAD FINANCIERA
Durante años, el Instituto de Pensiones del Estado enfrentó frecuentemente
cuestionamientos relacionados con su estabilidad financiera, tufos de corrupción y su
siempre latente incapacidad para responder a las obligaciones futuras. No obstante, a partir
de diciembre de 2018, con la llegada de Daniela Griego Ceballos y su equipo de trabajo, el
IPE comenzó una etapa de reordenamiento institucional orientada a recuperar la solidez
financiera y operativa del organismo, proceso que ha encontrado continuidad y
consolidación bajo la dirección de Luis Octavio Hernández Lara, quien ha profundizado las
acciones encaminadas a fortalecer el Instituto.
Uno de los indicadores más relevantes para medir la salud de cualquier sistema pensionario
es el comportamiento de su Reserva Técnica, es decir, el fondo que permite respaldar el
cumplimiento de las obligaciones futuras. En diciembre de 2018, dicha reserva ascendía a
poco más de 1,222 millones de pesos. Para marzo de 2026 alcanzó 3,282 millones de pesos,
lo que representa un crecimiento acumulado superior al 168% en poco más de siete años.
Este incremento refleja una política de fortalecimiento financiero sostenida y una estrategia
de inversión orientada a robustecer el patrimonio institucional.
Sin embargo, las reservas no son el único indicador relevante, el programa de préstamos del
IPE también muestra una evolución significativa, pues además de cumplir una función
social al brindar liquidez a trabajadores activos y pensionistas, se ha convertido en un
mecanismo que contribuye a la generación de recursos para el propio sistema.
Mientras que en 2018 el presupuesto ejercido en este rubro fue de aproximadamente 280
millones de pesos, para 2026 se proyecta alcanzar los 880 millones.
En el mismo periodo se han otorgado más de 78 mil préstamos, beneficiando tanto a
personal en activo como a pensionistas.
Otro elemento poco visible, pero fundamental para entender la fortaleza del IPE, es su
patrimonio inmobiliario. El Instituto posee una cartera integrada por hoteles,
estacionamientos, edificios, locales comerciales y diversos predios, cuyo valor comercial
pasó de 4,510 millones de pesos en 2018 a más de 6,189 millones en 2026, resultado de
estrategias de mantenimiento, inversión y aprovechamiento patrimonial.
Asimismo, la recuperación de adeudos de entes públicos incorporados al sistema representa
uno de los avances más importantes de los últimos años. Mediante convenios de
reconocimiento de adeudos y mecanismos de retención de participaciones federales, el
monto de la cartera vencida logró reducirse en alrededor de 55 por ciento respecto a los
niveles registrados en 2018.
Sin embargo, sería un error pensar que estos resultados significan que el desafío está
completamente resuelto. Los sistemas pensionarios enfrentan presiones estructurales
derivadas del aumento en la esperanza de vida, los cambios demográficos y el crecimiento
constante del número de pensionistas. En otras palabras, mientras más exitoso sea un
sistema en garantizar una vida más larga y digna para sus beneficiarios, mayores serán
también sus compromisos financieros futuros.
Por ello, el verdadero reto para el sistema de pensiones de Veracruz no consiste únicamente
en celebrar los avances alcanzados, sino en consolidarlos mediante una visión de largo
plazo. El fortalecimiento financiero, la recuperación patrimonial y la mejora operativa son
pasos importantes, pero la sostenibilidad de cualquier sistema solidario exige una revisión
permanente de sus mecanismos de financiamiento, administración e inversión. La
experiencia reciente del IPE deja una lección relevante: los problemas estructurales no se
resuelven de un día para otro, pero tampoco son inevitables. Con disciplina financiera,
planeación institucional y una visión orientada al interés público, es posible pasar de la
incertidumbre a la estabilidad. El desafío ahora será transformar esa estabilidad en
viabilidad para las próximas generaciones de pensionistas veracruzanos.
Hablar de pensiones suele parecer un asunto técnico reservado para especialistas en
finanzas públicas, sin embargo, detrás de estas cifras existe una realidad muy cotidiana;
miles de trabajadoras y trabajadores al servicio del Gobierno de Veracruz, después de
décadas de servicio, dependen de que este sistema
