Bitácora Política
Miguel Ángel Cristiani G.
Las cifras no mienten, pero tampoco conmueven por sí solas. Necesitan ser interpretadas, colocadas en contexto, para que revelen su verdadero significado.
El primer fin de semana del periodo vacacional de verano ha dejado un saldo de siete personas muertas en Veracruz. La pregunta no es cuántos, sino por qué. ¿Qué clase de país permite que sus periodos de descanso se tiñan con sangre? ¿Qué sociedad normaliza la tragedia como parte de su rutina de esparcimiento?
Es fácil culpar a la imprudencia de los conductores, al consumo de alcohol o a la falta de precaución en playas y carreteras. Y sin embargo, ese es apenas el síntoma de un mal más profundo: la omisión sistemática del Estado en su deber de garantizar condiciones mínimas de seguridad para su población, incluso —y sobre todo— en los momentos en que se supone que debería estar a salvo.
Los accidentes fatales, los ahogamientos, los atropellamientos y las muertes en carretera durante los días vacacionales no son una novedad. Se repiten cada año como una macabra tradición nacional. ¿Qué hemos hecho como sociedad para revertir este patrón? Poco o nada. Las campañas de concientización son insuficientes. Las instituciones responsables de prevención parecen funcionar a medias, y el mensaje de las autoridades suele llegar tarde, diluido o de plano ser ignorado.
Pero aquí el problema no es únicamente institucional. Hay una cultura ciudadana cada vez más relajada en torno a la vida misma. Nos estamos acostumbrando a perderla, a verla pasar por debajo de las llantas, entre las olas o contra los muros de concreto, sin que eso nos altere demasiado. Nos estamos volviendo insensibles al dolor ajeno, mientras adoptamos el cinismo como escudo.
No podemos seguir viendo estos decesos como accidentes inevitables. Porque no lo son. En muchos casos, hay negligencia de las autoridades que no aseguran las condiciones adecuadas en carreteras, balnearios y zonas turísticas. Hay permisividad hacia el transporte irregular, hacia conductores ebrios, hacia vendedores que lucran sin control en playas rebasadas de gente. Y sobre todo, hay una gran simulación gubernamental que presume operativos de seguridad y vigilancia que claramente no son eficaces.
Veracruz no es un estado cualquiera. Es un imán turístico nacional por su litoral, su cultura y su gente.
Se nos quiere convencer de que «esta de moda» ¿con esas cifras? Pero también se ha convertido en territorio peligroso para quienes lo transitan. La falta de mantenimiento carretero, la corrupción en los cuerpos policiacos, la ausencia de vigilancia efectiva en playas y zonas recreativas no pueden seguirse tapando con discursos o conferencias triunfalistas ni boletines optimistas.
Es hora de exigir a las autoridades, con toda claridad y sin medias tintas, que asuman su responsabilidad. Que haya una política pública real, con recursos, objetivos y resultados medibles, para prevenir muertes en periodos vacacionales.
Que no se limiten a lanzar comunicados post mortem o a repartir volantes de advertencia cuando el daño ya está hecho.
Y también debemos hacer un llamado a la ciudadanía. No basta con señalar al gobierno. Hay que recuperar el sentido de lo común, de la responsabilidad compartida. El respeto por la vida no es un asunto de temporada ni de conveniencia. Es una obligación permanente.
Siete muertos en un fin de semana no deberían parecer pocos a nadie. Deberían indignarnos. Deberían convocarnos a la acción. Deberían hacernos reflexionar sobre qué tipo de país queremos construir: uno donde vacacionar sea una experiencia de descanso y convivencia, o uno donde salir de casa implique jugar a la ruleta rusa.
Porque en la tragedia repetida, también hay culpa compartida.
