AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Después de los casos trágicos que ocurrieron en el sexenio anterior, el del ex gobernador
morenista Cuitláhuac García, los veracruzanos esperaban que en esta nueva administración
que encabeza la gobernadora Rocío Nahle no se volvieran a repetir los criminales abusos de
autoridad de los cuerpos policiacos, máxime que el año pasado la propia mandataria estatal,
también de Morena, debió enfrentar como candidata a la gubernatura los fuertes reclamos
de familiares y amigos de las víctimas, como le ocurrió en su visita a la cabecera municipal
de Lerdo de Tejada.
Y es que este viernes 28 de febrero, en Fortín de las Flores, fue asesinado Pablo Ortigoza
Martínez, un joven universitario y boxeador amateur de 19 años de edad, quien fue
acribillado arteramente por un elemento de la policía municipal cuando caminaba hacia su
domicilio en la colonia Ricardo Ballinas. Una patrulla le marcó el alto, pero al sentir temor
de ser incriminado injustamente, decidió no detenerse. A pesar de que el estudiante no
portaba ningún tipo de arma, el uniformado abrió fuego contra Pablo cuando estaba a
escasos cien metros de su domicilio en la colonia Ricardo Ballinas.
Sus familiares y amigos demandan justicia, exigiendo que el caso no sea relegado por la
Fiscalía General del Estado.
Pero el caso de este joven de Fortín de las Flores es sólo uno más de los tantos abusos que
agentes de las corporaciones policiacas estatales y municipales han cometido contra
ciudadanos de diversas regiones de Veracruz.
El 19 de enero de 2024, pobladores quemaron el palacio municipal de Lerdo de Tejada e
intentaron linchar a tres policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) por la muerte
del joven Brandon de Jesús Arellano Cruz, quien por no detener su automóvil fue
acribillado arteramente por la espalda por un elemento de esta corporación policiaca.
Posteriormente, el 20 de junio de ese mismo año, elementos de la Fuerza Civil abrieron
fuego en contra de manifestantes de la congregación de Totalco, municipio de Perote, que
bloqueaban la carretera federal 140 Veracruz-Puebla en protesta por la contaminación de
las granjas porcícolas de la trasnacional Carroll; los hermanos campesinos Jorge y Alberto
Cortina, miembros del Movimiento en Defensa del Agua en la Cuenca Libres-Oriental,
perdieron la vida por la agresión policiaca cuando huían a bordo de un tractor.
El 18 de ese mismo mes, un carnicero, locatario del mercado municipal “5 de Febrero”, de
San Andrés Tuxtla, murió por los golpes que le propinaron policías municipales durante el
violento desalojo de los comerciantes cuando se manifestaron en contra de una inconclusa
obra de remodelación del ayuntamiento que preside la doctora María Elena Solana Calzada,
de Morena, quien intentó escabullirse del palacio municipal disfrazada de policía.
El 17 de julio de 2024, Inocencio Vázquez Rivas falleció tras ser levantado y golpeado por
policías de Banderilla, municipio conurbado a Xalapa.
Y el 31 de octubre de 2024, en la colonia Los Pinos, de Las Choapas, un integrante de la
Secretaría de Seguridad Pública asesinó durante un forcejeo a Abel García Sastré, quien
portaba un arma blanca al participar en una riña familiar.
Tras los hechos, familiares y vecinos de Las Choapas, municipio veracruzano ubicado en
los límites con Tabasco, se manifestaron frente a la delegación de la policía estatal y
quemaron vehículos oficiales para exigir justicia por el asesinato.
¿Acaso los veracruzanos no merecemos policías más capacitados y, obviamente, mejor
pagados?
‘ASALTA’ CENAGAS LA
PLAGA CUITLAHUISTA
A diferencia del ex gobernador perredista de Michoacán, Silvano Aureoles, quien anda a
salto de mata por la orden de aprehensión girada en su contra por el presunto desvío de mil
millones de pesos destinados por la Federación a la construcción de siete cuarteles de
policía durante su mandato (2015-2021) –proceso penal por el que la Fiscalía General de la
República ya detuvo a cuatro de los siete ex funcionarios michoacanos implicados–, el ex
mandatario veracruzano de Morena, Cuitláhuac García, despacha tranquilamente como
director general del Centro Nacional de Gas Natural (Cenagas) a pesar de las observaciones
que por más de 3 mil millones de pesos le hizo la Auditoría Superior de la Federación
(ASF), las cuales fueron avaladas por el Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del
estado, por inconsistencias detectadas en el penúltimo año de su gobierno.
Según trascendió, García Jiménez ya hasta despidió a más de 40 funcionarios del Cenagas
en la segunda mitad del mes de enero, sin previo aviso y sin respetar sus derechos laborales.
Ese personal con experiencia, que se desempeñaba en puestos que requieren conocimientos
técnicos, fueron desplazados para acomodar a un grupo de inexpertos ex colaboradores que
perciben altos sueldos.
De acuerdo con la última nómina en la Plataforma Nacional de Transparencia, el Centro
Nacional de Gas Natural cuenta con una estructura orgánica que es encabezada por
Cuitláhuac como director general, más siete áreas con jefaturas, coordinaciones y
subdirecciones.
Entre los ex colaboradores que ya ha colocado en el Cenagas figura el tabasqueño Carlos
Alberto Juárez Gil, quien cerró la administración estatal como secretario de Gobierno; él
fue designado Coordinador General de Planeación y Proyectos, con un sueldo de 150 mil
pesos. En noviembre del año pasado, Juárez Gil fue exhibido por enriquecimiento
inexplicable en su última comparecencia ante el Congreso local por el diputado priista
Héctor Yunes Landa.
En la misma plataforma aparece Waltraud Martínez Olvera, ex jefa de la Oficina del
Programa de Gobierno, a quien ahora Cuitláhuac colocó en la Dirección de Órganos
Colegiados y Transparencia, con un sueldo bruto de 130 mil pesos mensuales.
Otro de los allegados al ex gobernador, Iván Joseph Luna Landa, ex coordinador general de
Comunicación Social, fue designado director de Desarrollo Comunitario y Atención
Ciudadana, con un sueldo bruto de 130 mil 377 pesos al mes.
Luis Alberto López Casas, quien como director de Comunicación Institucional tuvo a su
cargo la sección “El Pinocho de la Semana”, que en las conferencias de prensa de García
Jiménez se dedicaba a desmentir las notas periodísticas que contravenían la versión oficial,
fue nombrado director de Seguridad Industrial, cargo por el que percibe mensualmente el
mismo sueldo bruto que Iván Luna.
Obviamente, el ex gobernador percibe el sueldo más alto en el Cenagas: 177 mil 970 pesos
al mes, más del doble del que oficialmente percibía como titular del Poder Ejecutivo de
Veracruz.
Según trascendió, García Jiménez estaría por incorporar al ex procurador estatal del Medio
Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, y a Vladimir Cruz Acosta, ex subsecretario de
Planeación de la Sefiplan, quienes en el régimen cuitlahuista fueron señalados de presunta
extorsión y acoso sexual.
