AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
Ayer, tal como lo publicamos aquí, la LXVII Legislatura local, a través de la Comisión
Permanente de Vigilancia, emitió la convocatoria para el proceso de selección y
designación de la persona titular del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS) del Estado
para el periodo que comprende del 26 de septiembre de 2026 al 25 de septiembre de 2033.
Las dos aspirantes más mencionadas para ser la próxima auditora general del ORFIS,
Bárbara Galindo Ramos, actual encargada de la Contraloría General del Estado (CGE), y
Leslie Mónica Garibo Puga, quien fue titular menos de un año de esa misma dependencia
en el sexenio anterior –ambas muy allegadas a la gobernadora Rocío Nahle–, parecen
cumplir con los requisitos publicados en la Convocatoria, pues una tiene título profesional
de licenciada en Contaduría Pública, y la otra es abogada, además de que las dos cuentan
con experiencia mínima de cinco años en materia de control, auditoría financiera y
responsabilidades. Tampoco pertenecen al estado eclesiástico ni han ocupado la titularidad
del Poder Ejecutivo estatal, de alguna secretaría de despacho, de la Fiscalía General del
Estado, senaduría, diputación local o federal, ni presidencia municipal durante al año previo
al de su nombramiento, aunque en el caso de Galindo Ramos quedó oficialmente como
“encargada” de despacho de la CGE desde el 23 de febrero pasado tras la renuncia de
Ramón Santos Navarro, el primer contralor nahlista.
La elección de la nueva auditora general del ORFIS se dará en medio del escándalo de la
diputada local de Morena, Dorheny García Cayetano, quien ha sido denunciada penalmente
por José Alberto Flores Hernández, un ex empleado del Congreso adscrito a su oficina, que
la acusó de “mocharle” más de la mitad de su salario.
Y es que, por este caso, seguramente resurgirá otro ocurrido en diciembre de 2022, cuando
Ismael Díaz Guevara, un empleado asignado a la Unidad Administrativa de la CGE,
denunció también que desde hacía varios años percibía un raquítico sueldo mensual de 10
mil 774 pesos, poniendo al descubierto supuestos abusos desde la administración de Leslie
Mónica Garibo Puga, la primera contralora del ex gobernador Cuitláhuac García
recomendada por la entonces poderosa secretaria de Energía, Rocío Nahle, la cual
permaneció en el cargo del 1 de diciembre de 2018 al 13 de septiembre de 2019.
A Garibo Puga le achacaron el encubrimiento de una presunta lista de personas con sueldos
de entre 30 mil y 40 mil pesos mensuales, pero de los cuales –supuestamente– sólo recibían
el 20 por ciento. Ante el escándalo, la recomendada de Nahle renunció y fue relevada por
Mercedes Santoyo Domínguez, una ingeniera bioquímica administradora en proceso de
alimentos que se desempeñaba como directora general de Fiscalización Interna de la CGE.
El cambio, aparentemente, no erradicó las corruptelas. Y es que trascendió que una
supuesta operadora de la contralora Santoyo, identificada como Margarita Orozco y
conocida en las redes sociales como “Maggie” Orozco, fue señalada de reclutar personas
dispuestas a firmar por 30 mil y hasta 45 mil pesos a cambio de recibir el 10 por ciento, o
menos, mensualmente.
En esta presunta trama de corrupción, se mencionaron también los nombres de la Maestra
en Auditoría, Emma Patricia García Rodríguez, a cargo del Órgano de Control Interno de la
Secretaría de Salud, y el del titular de la Unidad Administrativa de la propia CGE, Alfonso
Sánchez García.
Entre los supuestos nombres y contratos difundidos en las redes sociales, figuraba el
5ME/CG/UA/DRH/093.1/2021, firmado supuestamente por Rafael Antonio Rodríguez
Morales, como “Prestador de Servicios”.
De acuerdo con dicho contrato, Rodríguez Morales ostentó sólo un título de Maestría en
Administración de la Seguridad Pública emitido por el Centro de Estudios e Investigación
en Seguridad Pública, además de presentar Constancia de Situación Fiscal Empresariales y
Profesionales expedida por el SAT.
Se borró su nacionalidad, su RFC y obviamente su domicilio fiscal.
Los servicios profesionales fueron como “Supervisor de Fiscalización”, sin perfil para el
cargo, pues se le encomendaron los “servicios de vigilancia, inspección y control, tanto en
etapa documental como física de obras públicas y servicios relacionados con ellas,
aplicando la normatividad sobre el ejercicio presupuestal de los fondos estatales”, entre
otras responsabilidades asignadas.
El pago habría sido de 42 mil pesos y el contrato abarcaba del 07 de julio al 30 de agosto
del 2021. Sin embargo, Rodríguez Morales no firmó al calce, sólo al final del contrato,
aparentando cierta dificultad para hacerlo, por lo que se presume que le habrían falsificado
la firma ya que él radica en Estados Unidos.
¿ENROQUE ORFIS-CGE?
Según la versión que corre en algunos círculos de Morena en la capital veracruzana, la
virtual postulación de la maestra Delia González Cobos como candidata a la diputación
federal por el distrito electoral de Xalapa se ve sumamente complicada, por lo que no
descartan que la saliente auditora general del ORFIS sea invitada por la gobernadora Rocío
Nahle a incorporarse a su gabinete a finales de septiembre próximo.
¿En dónde colocaría la mandataria veracruzana a la maestra González Cobos? Pues
deducen que la posición más adecuada sería la Contraloría General del Estado, si es que
finalmente la LXVII Legislatura local, por mayoría calificada, decide que la actual
encargada de la CGE, Bárbara Galindo Ramos, se traslade a la sede del órgano autónomo
fiscalizador del estado, ubicada en el Arco Sur de Xalapa.
Que nadie coma ansias, en unas semanas lo sabremos.
INSTALA SOMOS MX VERACRUZ SU
CONSEJO CONSULTIVO CIUDADANO
Este martes 18, a las 11:15 horas, en el Casino Xalapeño ubicado sobre la calle Zamora de
esta ciudad capital, se realizará la instalación formal del Consejo Consultivo Ciudadano de
Somos Mx Veracruz, el nuevo partido político nacional que acaba de obtener su registro
para participar en los comicios federales y locales del año próximo.
Habrá que ver qué liderazgos y caras nuevas se presentan.
