DE PRIMERA MANO
Por: Omar Zúñiga A.
*El escándalo del examen de admisión en línea puso a la UNAM contra la
pared. La pregunta no es si hubo un correo con instrucciones de sabotaje, sino
si al gobierno de la 4T le hacía falta escribirlo
Por Omar Zúñiga
Cuando el 17 de julio la UNAM publicó los resultados de su primer examen de
admisión en línea, algo no cuadraba.
El porcentaje de aspirantes con más de 100 aciertos —que entre 2021 y 2025
se había mantenido en un histórico 3.5 por ciento— se disparó al 16.3.
En Medicina, la carrera más codiciada del país, los altos puntajes saltaron del 9
al 29.3 por ciento.
No era una mejora educativa repentina: era una anomalía estadística tan burda
que en cuatro días obligó al rector Leonardo Lomelí Vanegas a instalar una
comisión técnica de 16 expertos y a suspender las inscripciones, ante la
sospecha de trampas masivas facilitadas por inteligencia artificial y la venta de
respuestas por TikTok y WhatsApp.
Hasta ahí, el escándalo lucía como lo que aparentaba: una universidad
rebasada por la tecnología y una empresa, Territorium Life, incapaz de sostener
la plataforma que se le adjudicó de forma directa —sin licitación pública— bajo
el argumento de ser «la única con capacidad en el país».
Pero conviene mirar el expediente completo de esa empresa antes de
conformarse con la explicación de la negligencia aislada.
Territorium Life no llegaba limpia. En Colombia fue contratada en 2019 por el
Servicio Nacional de Aprendizaje por cerca de 176 millones de pesos
mexicanos, y terminó con retrasos de meses para 50 mil estudiantes y
penalizaciones contractuales de entre el 5 y el 10 por ciento; el sindicato
SINDESENA la calificó, en 2021, de «estafa».
Aun así, la empresa acumula más de 218 millones de pesos en contratos con
instituciones públicas mexicanas —entre ellas el INE y el extinto Consejo de la
Judicatura Federal—, y uno de sus fundadores, Carlos Guillermo Elizondo
Ancer, ha sido señalado por medios independientes como cercano a equipos
de la Secretaría de Educación Pública que encabeza Mario Delgado.
No hay militancia partidista probada, pero un proveedor con ese historial de
fallas no debería ser, para ninguna dependencia federal, sinónimo de
confianza.
La pregunta que se impone no es si el gobierno de la 4T fabricó digitalmente el
colapso del examen.
No hay una fuga de correos, no hay un documento que pruebe sabotaje
directo, y sería irresponsable afirmarlo como hecho consumado. La pregunta es
otra, y más incómoda: ¿necesitaba el oficialismo sabotear algo para
beneficiarse de la crisis?
La respuesta, a la luz de los hechos, apunta a que no. Bastaba con conocer las
vulnerabilidades tecnológicas de la UNAM —ya expuestas meses antes por un
ciberataque que la propia institución reconoció como una falla grave de
seguridad informática—, empujar la transición hacia un examen completamente
digital para el cual la universidad no estaba preparada, y dejar que el contrato
cayera en manos de un proveedor con antecedentes cuestionables.
El resultado es indistinguible de una operación deliberada, sin que se tenga
que firmar una sola instrucción.
Y ese resultado le sirvió al gobierno federal casi de inmediato.
Entre el 27 y el 29 de julio, la presidenta Claudia Sheinbaum se refirió al tema
en tres conferencias matutinas consecutivas —una frecuencia inusual para un
asunto que, formalmente, compete a la autonomía universitaria—.
Aunque el mensaje fue cuidadoso en las formas: respeto a la autonomía,
ofrecimiento de apoyo técnico de la SEP, el fondo fue una crítica pública a la
falta de preparación tecnológica de la máxima casa de estudios, exactamente
la narrativa que necesita un gobierno interesado en presentar a la UNAM como
una institución rebasada, incapaz de gobernarse a sí misma.
No es la primera vez. Desde el recorte de casi 11 mil millones de pesos a la
educación superior anunciado en diciembre de 2018 —que el propio Nerón de
Macuspana reconocería después como «un error»—, pasando por la propuesta
legislativa morenista de 2020 para «democratizar» por voto directo la elección
de autoridades universitarias, hasta los señalamientos presidenciales de 2021 y
2022 que calificaron a la UNAM de «individualista» y «neoliberal» y llamaron a
desaparecer sus «cotos de poder», el patrón es reconocible: presión
presupuestal, desgaste discursivo e intentos de reforma estructural.
En junio de 2024, cuando el Instituto de Investigaciones Jurídicas cuestionó
jurídicamente las reformas constitucionales del oficialismo, la propia UNAM
tuvo que deslindarse públicamente del documento, en lo que muchos
académicos leyeron como un doblegamiento forzado por la presión desde
Palacio Nacional.
Ese es el patrón regional, además: universidades públicas asfixiadas primero
por el desprestigio y después por la intervención «salvadora» del Estado, como
ha ocurrido con distintos matices en Nicaragua, El Salvador y Guatemala.
Guardando las proporciones —México no es Nicaragua, y la UNAM conserva
un peso institucional que otras universidades de la región ya perdieron—, la
lógica de fondo es la misma: convertir una crisis operativa en argumento
político para reducir la autonomía de quien piensa distinto al poder.
La conclusión honesta, con la evidencia disponible hoy, no sugiere la existencia
de un plan documentado de sabotaje contra la UNAM, pero las pruebas
existentes tampoco lo niegan de manera tajante.
Al gobierno de la 4T le resultó extraordinariamente conveniente que la crisis
ocurriera tal como ocurrió, con el proveedor que la protagonizó y en el
momento en que se dio.
En la vida no hay casualidades sino causalidades, y en política, la conveniencia
sostenida a lo largo de siete años de tensión del gobierno con la misma
institución deja de ser casualidad, sobre todo cuando hay elementos que
sugieren la posibilidad de que nuestra máxima casa de estudios, sea blanco de
una campaña de desprestigio.
¡Por mi Raza hablará el espíritu!
¡Qué barbaridad!
deprimera.mano2020@gmail.com
