AL PIE DE LA LETRA
Raymundo Jiménez
El miércoles antepasado, al comparecer ante la LXVII Legislatura local por la glosa de su
primer informe de gobierno, Rocío Nahle se pronunció por un cambio de fondo en la
operación de la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV), asegurando que
dejaría de funcionar bajo el modelo de asociaciones civiles y pasaría plenamente al control
del Estado.
“¡Se acabó! Voy a hacer un decreto, porque esa universidad se va a hacer del Estado. Se
acabó el tema. No puede seguir así. Hay que darles a los jóvenes educación digna”,
sentenció.
Nahle detalló que, bajo el esquema actual, los jóvenes pagan cuotas a asociaciones que, a su
vez, se encargan de cubrir los salarios de los maestros y otros gastos, mientras que el
Estado designa al rector y facilita la infraestructura educativa. Un modelo que, afirmó, ya
no continuará.
La situación de la UPAV, en realidad, no es tan grave, y el esquema de su fundador
Guillermo Zúñiga Martínez (QEPD) había venido funcionando bien, pero, sobre todo en
esta incipiente administración, se ha desestabilizado por la pugna intestina entre dos grupos
de la alta burocracia que se disputan los cotos de poder en la Secretaría de Educación de
Veracruz (SEV) que desde hace un año encabeza la senadora con licencia Claudia Tello.
Los instigadores que le vendieron la idea a la gobernadora de que el Estado asuma el
control total de la UPAV han metido a Nahle en un verdadero brete por el alto costo
financiero que le representará a su administración, ya que dejaría de tener participación
pública y privada para ser exclusivamente pública.
El gobierno del Estado, por ejemplo, absorbería la plantilla de docentes que actualmente
imparten asesoría en la UPAV, por lo que como patrón sustituto tendría que hacerse cargo
de la plantilla laboral de las oficinas centrales, que asciende a más de 200, así como de los
más de 5 mil 700 mentores.
El gobierno del Estado tendría que darles Seguridad Social a los dos centenares del
personal administrativo y a los casi seis millares de docentes, así como hacerse cargo de las
multas que se le impusieran por los años que no se les brindó la Seguridad Social.
Además, tendrá que reconocerles su antigüedad laboral cuando así se lo demanden, por lo
que deberá realizar los pagos correspondientes por este concepto, por los años a reconocer a
cada colaborador.
Y, por si fuera poco, también deberá cumplir con lo establecido en la Ley Estatal del
Servicio Civil del Estado de Veracruz, particularmente en lo que dicta en su artículo 30
sobre todas las obligaciones de las Entidades Públicas en cuanto a prestaciones laborales de
sus empleados.
También deberá dotar a la UPAV de todos los inmuebles necesarios para su
funcionamiento, pues actualmente es la participación privada la que proporciona los
inmuebles para que opere. No obstante, el Gobierno tendría que contratar todos aquellos
espacios físicos necesarios para oficinas centrales y para sedes de UPAV en toda la entidad,
que sumarían alrededor de 25.
Igualmente deberá modificarse el artículo 5 de la Ley que crea la UPAV, en el que
básicamente se implementaría la Oficina Virtual de Hacienda (OVH) como mecanismo
exclusivo para el ingreso de aportaciones de los aprendientes, lo que traería otras
implicaciones y consecuencias.
Por ejemplo, al analizar esta modificación a la luz de la reforma al artículo 1 que se
pretende hacer a través de la propuesta, se estarían violando preceptos legales y políticos,
pues, en primer lugar, convertiría a la UPAV en una Universidad Pública que el Gobierno
Estatal deberá financiar; sin embargo, con la modificación al artículo 5 se estaría diciendo
que, aunque se hable de una Universidad Pública, se cobrará por los estudios. Sin importar
cómo se le nombre al cobro, ya sea “cuota de recuperación”, “aportación voluntaria”,
“cuota de mantenimiento”, etcétera, se estaría hablando de un cobro que realizaría el
Gobierno del Estado a través de la OVH, por los servicios brindados por la UPAV.
De manera específica, se estaría contra el artículo 3º de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos; del artículo 10 de la Constitución Política de Veracruz, y del
artículo 3º de la Ley de Educación del Estado de Veracruz que garantizan la gratuidad de
todos los niveles educativos.
Conforme a su Decreto de Creación, la UPAV no recibe pago alguno por la prestación de
sus servicios. No obstante, requiere financiamiento para su funcionamiento. Es por ese
motivo que el mismo Decreto le permite colaborar con la participación privada. En ese
tenor, funciona a través de la colaboración con Asociaciones Civiles, mismas que recaudan
aportaciones voluntarias y, además, aportan de su propio patrimonio para que la
Universidad labore. Ello en apego al numeral 10 de la Ley de Creación, fracción VI, que a
la letra dice: “Convenir con personas físicas o morales, públicas o privadas, nacionales o
extranjeras, acciones de coordinación, colaboración y participación económica, en términos
de la legislación aplicable;”
Por lo que cualquier pretensión de conciliar, registrar o integrar algún saldo es imposible,
toda vez que la UPAV no recibe dinero.
Máxime que las Asociaciones Civiles legalmente constituidas son independientes del
Estado, es decir, no dependen del Estado, mas pueden colaborar con él en beneficio de la
sociedad; sin embargo, su financiamiento no es sujeto de control del Estado, mientras ésta
cumpla con todas las obligaciones que por Ley le conciernen, por ejemplo, los impuestos.
La semana anterior, en su comparecencia ante el Congreso local, la gobernadora anunció
que el decreto para estatizar la UPAV sería presentado “en los próximos días”. Pero se
percibe que lo debe estar meditando, pues se calcula muy conservadoramente que si el
Estado decide absorber esta universidad le representaría al erario del gobierno estatal un
desembolso de aproximadamente 2 mil 500 millones de pesos al año. Y, en la actualidad,
las arcas gubernamentales no son tan rebosantes.
GUILEBALDO MACIEL Y EZEQUIEL
CASTAÑEDA SE SUMAN A LA FGE
Ayer, la flamante fiscal general del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, incorporó a
su equipo a Guilebaldo Maciel Mercado como fiscal de Investigaciones Ministeriales, y al
abogado tuxpeño Ezequiel Castañeda Nevárez como Visitador General.
Maciel Mercado, de quien se dice que se rehusó a encargarse de la FGE en 2019 tras la
inhabilitación del fiscal yunista Jorge Winckler, es un abogado con gran experiencia, ya
que el sexenio pasado se desempeñó como director del Instituto Veracruzano de la
Defensoría Pública, dependiente de la Secretaría de Gobierno, y ha sido fiscal regional en
Coatzacoalcos, Cosamaloapan y Tantoyuca. Fue también secretario técnico de la entonces
Procuraduría General de Justicia del Estado encabezada por Felipe Amadeo Flores
Espinosa de 2011 a 2014.
Por su parte, Castañeda Nevárez, un abogado y político originario de Tuxpan, ha sido
funcionario de la Dirección de Prevención y Readaptación Social y cercano excolaborador
del extinto procurador Pericles Namorado Urrutia, su paisano. Es muy allegado también al
ex alcalde tuxpeño y actual subsecretario de Gobierno, José Manuel Pozos Castro.
Estará a cargo de la Visitaduría General, que es el órgano de control interno, inspección,
supervisión y evaluación, cuya función es vigilar que las actuaciones de los servicios
públicos de la Fiscalía General se realicen observando los principios rectores señalados en
el artículo 4 de la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado.
Como Visitador General tendrá, además de las señaladas en el artículo 36 de la Ley
Orgánica, las facultades siguientes: Implementar las acciones pertinentes para lograr la
expedita procuración de justicia, coordinándose con las demás unidades administrativas de
la Fiscalía General; revisar las actuaciones que el personal ministerial realice en
cumplimiento a sus funciones; y verificar continuamente la congruencia del Código de
Conducta, mediante visitas que permitan evaluar el comportamiento del personal,
incluyendo el resultado en la evaluación del desempeño.
LEOPOLDO TOSS CAPISTRÁN
NO GANÓ ELECCIÓN JUDICIAL
Ayer, un par de lectores de esta columna, nos precisaron que el juez Leopoldo Toss
Capistrán, quien dictó la sentencia que ordenó el lanzamiento y firmó las actuaciones que
dieron pie al desalojo de la familia que la madrugada del viernes 21 de noviembre pasado
fue sacada de su vivienda en el fraccionamiento residencial de Las Ánimas, en Xalapa, sí
contendió por una magistratura en la elección judicial de junio pasado, pero que
afortunadamente no resultó electo.
Servidos y muchas gracias por su puntual aclaración.
