Punto de Vista
Filiberto Vargas Rodríguez
Prefacio.
La gobernadora Rocío Nahle “lamentó” el hallazgo del cuerpo sin vida de la
maestra Irma Hernández, pero insistió en que “las cosas van bien” en materia de
seguridad. *** No hay, sin embargo, argumentos sólidos para respaldar esa
afirmación. El norte sigue “caliente”. Municipios como Poza Rica, Tuxpan y Álamo
parecen controlados por bandas de la delincuencia organizada y no se ven
acciones firmes y permanentes por parte de las autoridades estatales y federales.
*** La maestra Irma Hernández, mujer de 62 años, jubilada, que se dedicaba a
conducir un automóvil de alquiler en la ruta Álamo-Estero del Ídolo, fue “levantada”
el pasado viernes 18 de julio. El grupo armado que la privó de la libertad la obligó
a enviar un mensaje a sus compañeros, a través de un video, para que cumplan
con las exigencias de esa organización criminal. *** Después de que circulara el
mensaje de la maestra no se supo más de ella, hasta que este jueves su cuerpo
fue hallado en un predio cercano a la cabecera municipal, cerca de un camino de
terracería que comunica con Buenos Aires, municipio de Cerro Azul. *** Ese es el
nivel de crueldad y salvajismo de los grupos criminales, eso es lo que lleva a los
veracruzanos a percibir que viven en un ambiente inseguro, abandonados por las
autoridades que se limitan a hablar de números que no se reflejan en la realidad.
*** En efecto: no toda la culpa es del actual gobierno, pero son ellos los que tienen
que hablarle con la verdad a los ciudadanos. Mencionar por su nombre a quienes
vendieron el territorio veracruzano a diversos grupos criminales. *** Callar los hace
cómplices.
La salida que plantea el doctor José Luis Cuevas Gayosso para solucionar la crisis
que vive la Universidad Veracruzana (a partir de la arbitraria concesión de una
prórroga al periodo del actual rector Martín Aguilar) puede sonar bien, pero choca
con un factor que es irrefutable: la junta de gobierno guía su actuación a partir de
los intereses del actual rector y, por lo tanto, ya no inspira confianza en la
comunidad universitaria.
Un nuevo amparo fue admitido por la justicia federal en el caso de la prórroga
concedida al actual rector. Los académicos Bertha Alicia Ramírez Arce, Raúl
Romero Ramírez y José Luis Cuevas Gayosso promovieron un juicio de amparo
ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito, sustentado en “el interés legítimo
individual y colectivo de carácter difuso; esto significa que, al otorgarse el amparo,
se reencauzaría el estado de derecho y se beneficiará a toda la comunidad
universitaria que ha sido agraviada por la omisión de la publicación de la
convocatoria”, explicó Cuevas Gayosso.
José Luis Cuevas plantea un escenario en el que la junta de gobierno retire su
acuerdo de conceder la prórroga al actual rector, nombre a un rector interino que
entre en funciones al día siguiente de que acabe el período original de Martín
Aguilar y que se emita la convocatoria para la designación del próximo rector.
Eso implicaría, sin embargo, que Martín Aguilar, utilizando la influencia que tiene
en la actual junta de gobierno, defina la identidad del rector interino y -aún más-
intervenga en la designación de quien se haga cargo de la rectoría por los
siguientes 4 años.
Tampoco es una vía correcta dejar esta solución en manos del Consejo General
Universitario, pues los operadores de Martín Aguilar se han encargado de
“convencer” (a algunos con horas, a otros con ascensos y a unos más mediante
amenazas) a los integrantes de ese órgano interno, de manera que su decisión
tampoco estaría apegada a derecho.
El tema está viciado de origen y la solución está afuera de la Universidad
Veracruzana.
Tendrá que ser el Poder Legislativo el que promulgue una ley de aplicación única,
para la designación de un rector interino y de una nueva junta de gobierno, que se
encarguen de cumplir con los protocolos que marcan la Constitución local, la Ley
Orgánica de la UV y la Ley de Autonomía de esa institución educativa.
Sobre este problema hay al menos tres amparos en revisión (aunque pudieran ser
más). Pero las audiencias para su definición se concretarán en agosto, una vez
que las autoridades de la Universidad Veracruzana hayan retornado de sus
vacaciones y sean notificadas formalmente por los juzgados de Distrito.
Los plazos se recortan, el tiempo se agota y ya no hay forma de que se emita la
convocatoria y se designe a un nuevo rector (en caso de que la sentencia del
juicio de amparo eche por tierra la prórroga acordada por la junta de gobierno)
antes de que concluya el mes de agosto, por lo que se hará indispensable la
designación de un rector interino, pero este no puede -o no debe- ser designado
por la actual junta de gobierno, habida cuenta de su actuación tendenciosa para
favorecer al actual rector.
Para resolver esta crisis se tiene que llegar hasta la raíz del problema, de lo
contrario todo será una solución maquillada.
Epílogo.
Sorpresiva y muy lamentable la muerte del abogado Jaime Cisneros Gómez, quien
se desempeñaba como fiscal regional en Xalapa y que al parecer sufrió un infarto
que le quitó la vida. *** Hijo de un connotado político y servidor público, Jaime
Cisneros González, el fiscal regional de Xalapa llevaba una trayectoria impoluta en
la labor de procuración de justicia y se mantenía en posiciones relevantes a pesar
de los cambios en la titularidad de la Fiscalía. Descanse en paz. *** La titular del
Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep), Mónica Fernández Balboa,
sólo alborotó el gallinero. Anunció que en la próxima subasta de bienes
“recuperados” se incluyen algunos que pertenecieron a “un gobernador de
Veracruz”. *** Como el único mandatario veracruzano que ha sido llevado a la
cárcel y sentenciado es Javier Duarte, la insinuación de la servidora pública no
entrañó complicación alguna. *** Llama la atención, sin embargo, porque buena
parte de los bienes confiscados al exgobernador no estaban a su nombre, y los
titulares de esas propiedades hicieron las gestiones pertinentes para recuperar lo
que, afirmaron, era de su propiedad. ** Otros bienes fueron asignados a distintas
instancias de gobierno. La parte que, se supone, correspondía a Javier Duarte del
rancho en Valle de Bravo, fue entregada en comodato a la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena), mientras que el rancho “El Faunito”, en Fortín de las
Flores, había sido asignado al Instituto Nacional de Ecología (Inecol), que al final
lo devolvió porque no se le asignó presupuesto para su mantenimiento. Ninguna
de esas propiedades estaba a nombre de Javier Duarte. *** Estaría por ver si las
autoridades dispusieron de los departamentos que utilizaba el entonces
gobernador en Torre Pelícano, en Boca del Río, lo mismo que la casa de
Tlacotalpan y un yate que había recibido como obsequio de parte de un alcalde
compadre suyo. *** Al final, Miguel Ángel Yunes Linares mintió cuando habló de
haber recuperado propiedades en Estados Unidos, o al menos nunca las integró al
patrimonio del gobierno estatal.
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