APUNTES
Manuel Rosete Chávez
“EL nuevo titular de la UIF
es gente de Omar García H”
Pablo Gómez
La presidenta Claudia Sheinbaum sostuvo este lunes que la liberación de Israel
Vallarta Cisneros no fue una acción de la Presidencia ni del gobierno de la
República, sino una decisión judicial tomada por una jueza federal.
Durante su conferencia de prensa mañanera del lunes, Sheinbaum explicó que fue
la titular del Juzgado Tercero de Distrito en Materia Penal en Toluca, quien dictó
sentencia absolutoria por no acreditarse la responsabilidad penal de Vallarta en
delitos como secuestro, delincuencia organizada, posesión de armas exclusivas
del Ejército y privación ilegal de la libertad. Mientras tanto en diferentes medios
circulan cartas de personas que dicen haber padecido de secuestro por parte de la
banda de Vallarta y que no fueron incluídas en el expediente, mismas que se
ofrecen a declarar ante un juez y señalar con el dedo al delincuente para que siga
en la cárcel, sentenciado, hasta que pague lo que hizo.
La mandataria recordó que el caso siguió criterios semejantes a los usados en la
liberación de Florence Cassez, luego de que se evidenciara un montaje televisivo
de su detención, reconocido por el propio periodista Carlos Loret de Mola y la
televisora involucrada.
Asimismo, recalcó que Cárdenas Palomino está detenido por tortura relacionada
con ese mismo caso.
No se nos puede olvidar cómo fue el montaje de televisión en el que esta persona
fue detenida, reconocido por el propio Loret de Mola y reconocido, incluso, por la
televisora.
Sheinbaum criticó el manejo judicial durante el sexenio de Felipe Calderón (lo que
es falso porque fue en el gobierno de Vicente Fox Quezada) y el papel del
entonces secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, hoy preso en
Estados Unidos por vínculos con el narcotráfico.
Israel Vallarta permaneció en prisión preventiva por casi dos décadas sin
sentencia definitiva, hasta que el Tribunal Colegiado de Apelación del Décimo
Tercer Circuito concedió un amparo para revisar esta medida, en atención a
recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU, que pidió alternativas
ante el deterioro de la salud del acusado.
El caso ha tenido desde hace años interpretaciones políticas. Si bien López
Obrador acusó a Peña Nieto de haber intervenido en la liberación de Cassez,
ahora la 4T defiende la absolución de Vallarta porque golpea a Genaro García
Luna.
Un secuestrador, absuelto
El periodista y analista político Sergio Sarmiento, publicó ayer en su medio
REFORMA, un interesante artículo acerca de este sucio asunto en el que nos
comenta:
“La vida no es más que una competencia para ser el criminal antes que la
víctima”,
Bertrand Russell.
“Para empezar, es inaceptable que una persona sea recluida en una cárcel sin
sentencia durante casi 20 años. El caso de Israel Vallarta debería ser una lección
para los políticos del régimen que insisten en mantener la prisión preventiva
oficiosa. Preocupa más, sin embargo, que la absolución se dé sin prestar atención
a las víctimas. Cuando Florence Cassez fue liberada, López Obrador comentó el
24 de enero de 2013: “La Suprema Corte debió atraer el asunto y hacer la
investigación de fondo, pero no dejarla en libertad sólo por fallas en el
procedimiento, cuando los familiares de los afectados, de las víctimas, están
hablando de que ella participó en todo lo relacionado con el secuestro. Creo que
fue una barbaridad lo que hicieron”. AMLO acusó al entonces presidente Peña
Nieto de estar detrás del fallo.”
“La absolución de Vallarta el 31 de julio por Mariana Vieyra Valdés, juez tercera de
distrito en materia penal del Estado de México, cita la sentencia de la Suprema
Corte en el proceso de Cassez: “El Alto Tribunal del País, determinó que existió un
proceso de escenificación ajena a la realidad, lo que se tradujo en un efecto
corruptor del proceso” (p. 265). La Agencia Federal de Investigación provocó un
“efecto agravante” por la difusión de la escenificación en las “cadenas de
televisión”, lo cual “no sólo violentó el principio de presunción de inocencia, sino
además de forma grave los derechos humanos de las víctimas del delito” (p. 266).”
“La juez Vieyra decidió que en el caso Vallarta debe aplicarse el principio de “cosa
juzgada refleja”, o sea, los mismos criterios que en el de Cassez, aunque
reconoce que “no hay identidad de sujetos” (p. 295). La absolución se basa así en
el supuesto de que la escenificación anula las pruebas.”
“Hay dudas sobre si se puede aplicar el principio de “cosa juzgada refleja” en este
proceso, en el que hay otras víctimas y se acusa a Vallarta de ser el líder de la
banda de secuestradores; pero, además, el montaje de televisión no se presentó
nunca como prueba. La ley obliga a fiscales y jueces a considerar todas las
pruebas, incluyendo los testimonios que no hayan sido contaminados.”
“Seis víctimas de secuestro testificaron contra Vallarta. Cristina R. y su hijo menor
declararon no sólo haber sido secuestrados, sino violados. No vieron la
escenificación antes de declarar porque estaban siendo trasladados a la AFI
cuando se difundió. Cristina identificó a Cassez por voz, ya que presuntamente
esta alimentaba a los secuestrados, pero a Vallarta por rostro, porque lo vio en las
violaciones que sufrió. Estos testimonios no pueden simplemente descartarse por
una falta en el procedimiento.”
“Vallarta se autoinculpó como líder de la banda de secuestradores, pero después
dijo que fue torturado. Suponiendo que sea cierto, esto no excluye el testimonio de
Cassez ante el Ministerio Público en presencia del cónsul francés, en el que
señaló, entre otras cosas, que no entendía por qué se compraba tanto alimento
para la finca de Las Chinitas, donde estaban varios secuestrados, si solo ella y
Vallarta vivían allí.”
“El caso ha tenido desde hace años interpretaciones políticas. Si bien López
Obrador acusó a Peña Nieto de haber intervenido en la liberación de Cassez,
ahora la 4T defiende la absolución de Vallarta porque golpea a Genaro García
Luna, quien montó la escenificación para la televisión. Yo coincido con el López
Obrador de 2013, sí, el que afirmaba que esta falta no debería borrar las demás
pruebas ni los testimonios de las víctimas.”
Se anotan para suceder a Rocío Nahle
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) define a la revocación de
mandato como una figura democrática con la que las y los ciudadanos eligen si un
funcionario electo para cierto periodo continúa o no su mandato. «Es decir, se
pretende darle poder al ciudadano para que califique a su representante y decida
si lo mantiene en su cargo».
Con la premisa «el pueblo pone y el pueblo quita», la revocación de mandato ha
sido una de las principales promesas de López Obrador, quien al asumir la
Presidencia de la República anunció que, a mitad de su sexenio, que termina en
2024, se sometería a esta consulta pública para que los ciudadanos evalúen a su
administración.
Con ese pretexto y ante el fuerte divisionismo que existe en las filas del
morenismo, los mismos actores políticos como el senador Manuel Huerta,
promueven la figura para que se le aplique a la gobernadora con la esparanza de
sucederla en el cargo de inmediato. Los que se anotan para tal encomienda aparte
de Huerta es el ex secretario de Educación Zenyazen Escobar García y el ex
secretario de Gobierno, afrodescendiente Erick Cisneros Burgos. El asunto va
tomando forma, el estado es violentado por la Cofradía de Cuitláhuac García en
abierto desafío a la política de zacatecas, y los que padecemos estos criminales
embates producto de la ambición política del morenismo somos los veracruzanos.
REFLEXIÓN
La juez Mariana Vieyra Valdés apenas asumió el cargo de juez de distrito en
septiembre de 2024. El 14 de marzo de 2025 dictó sentencia de 89 años contra
Malinali Gálvez, hermana de Xóchitl Gálvez, por secuestro. Apareció en los
“acordeones” oficialistas y fue electa en la elección judicial del 1 de junio. Por
cierto ella se encargó de dejar en libertad al secuestrador Israel Vallarta. Cosas
del ejercicio del poder. Escríbanos a mrossete@yahoo.com.mx |
formatosiete@gmail.com
