PLANA MAYOR
Gaudencio García Rivera
Los veracruzanos enfrentan en carne propia el campo minado
que sembró Cuitláhuac García. Batió récord en los delitos de
alto impacto social. Más que una burla es una brutal infamia
el discurso oficial de que los ‘morenistas’ no son como sus
antecesores o los neoliberales.
Más que los ‘otros’, los morenistas agravian a la sociedad civil
con sus discursos demagógicos, huecos y corruptelas que se
han ido destapando de la caja de Pandora del intríngulis
político del gobierno de Veracruz.
La corrupción y opacidad no solo es su epicentro en los
cuerpos policiacos, donde la propia gobernadora admite el
cese de más de 200 policías por actos de corrupción, si no en
la mayoría de las dependencias de la administración pública,
que de alguna manera avaló la titular del ORFIS, Delia
González Cobos.
La inseguridad público que provoca el crimen organizado con
los 14 cárteles de la droga en la geografía veracruzana,
continúa y seguirá siendo el talón de Aquiles del gobierno de
la señora Claudia Sheinbaum y de Veracruz con doña Rocío
Nahle.
Se demostró con hechos, estadísticas y de las principales
agencias de seguridad internacionales y de EU que la
estrategia anticrimen del sexenio de talibán de Macuspana
fue un auténtico fracaso y con evidentes ligas de complicidad
aviesa. Una fiesta para la mafia de los cárteles de la droga.
Veracruz y el país viven un surrealismo político peor al que
heredó el viejo PRI. Bastaron seis años del defenestrado
gobierno de Morena con Cuitláhuac García para demostrar
que la entidad cayó en un retroceso al igual que el país por
más de tres décadas.
Los problemas de alto impacto social se agravaron con el
plus de la ineficiencia, el oportunismo, la improvisación, el
cuatachismo, el amiguismo y el trapecismo del poder público.
Se gobierna con el hígado. El cambio que promueven los
programas sociales de la cuatroté son cosméticos, por
encimita, clientelar y violando recurrentemente la ley electoral
y la Constitución política local, ante la complacencia e
indiferencia del OPLE local.
Veracruz es un campo minado. Los periodistas críticos y
medios de comunicación impresos, televisivos y digitales
independientes son considerados en los entresijos del poder
público como adversarios. El naciente régimen de la cuatroté
busca acabar a los mensajeros críticos sin conceder una gota
de publicidad para que cierren sus cortinas.
Los periodistas y medios de comunicación no son
instituciones de beneficia pública. La radio, la TV, la prensa
escrita y los medios digitales viven de la publicidad. Están
equivocados si pensaban que los medios de comunicación
están en la antesala de su sepultura. Hay otros sectores que
pagan gustosamente su publicidad.
La ley en Veracruz se aplica para los adversarios, enemigos y
críticos independientes. Para los amigos, cortesanos y
sumisos la ley es letra muerta, no hay estado de derecho; se
gobierna con a utoritarismo, con leyes espejo de una
autocracia.
La autocracia convive con la cleptocracia. Veracruz forma
parte del ‘país bananero’ que los críticos, intelectuales y
artistas nos comparen como los más retrogradas del mundo.
Hasta ahora ha sido recurrente en Veracruz la hidra de la
inseguridad pública, los conflictos laborales de la SEV, la
crisis hídrica, el desvío de fondos y el desfalco que dejó
exgóber a Cuitláhuac García, las cuentas públicas sin aclarar
de la mayoría de los 212 alcaldes y la falta de recursos
públicos de la Sefiplan, por citar algunos.
Según críticos y expertos en seguridad, en Veracruz se han
disparado los delitos de alto impacto social como secuestros,
extorsiones, embargos, emboscadas, ajustes de cuentas y
plagios a policías. La corrupción de los altos mandos y
medios policiacos está a la orden del día.
En este epílogo hay una sombra que Veracruz no se puede
quitar. Hay adeudos por pagar a proveedores que heredó el
gobierno priista de Javier Duarte. Cuitláhuac García
desapareció olímpicamente la partida oficial para pagar a los
proveedores que enfrentan las de Caín. Son adeudos legales.
Pero la narrativa ha estado en la opacidad de la señora
gobernadora.
García Jiménez elevó la deuda de SEV por el pago de
impuestos del SAT, el ISSTE y el IPE con el desvío de fondos
que le encubrió el ORFIS, su tapadera.
Los retrasos que se han registrado en los pagos de la SEV
se deben a que el gobierno no tiene dinero suficiente. Y esto
quiere decir que no hay dinero para reparar las intransitables
carreteras del Estado que están erosionadas por la falta de
mantenimiento, materiales de mala calidad, obras coronados
por la corrupción, la igual que los centros hospitalarios del
Estado.
El boom turístico para Veracruz va en picada. Mientras la
Federación suda y suda los recursos federales de los
estados. ¡Bendita autonomía y soberanía de Veracruz! Una
cosa es la campaña política y otra es ser gobernador. ¿O no
es así? Sólo en la tierra de los ciegos, el último es rey.
gau41@hotmail.com
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