AL PIE DE LE LETRA
Raymundo Jiménez
En su edición impresa del pasado viernes 13 de marzo, el diario La Jornada, el más afín al
régimen de la 4T, publicó un desplegado de dos páginas completas firmadas presuntamente
por todos los alcaldes morenistas del país, los cuales expresaron su “total respaldo” al “Plan
B de la Presidenta Claudia Sheinbaum” que, por cierto, anoche, tras una reunión en la
Secretaría de Gobernación, las dirigencias nacionales del PT y PVEM pactaron aprobar en
ambas cámaras del Congreso de la Unión.
En el texto, de apenas tres párrafos, los ediles expresaron:
“Las y los presidentes municipales democráticos y militantes de Morena manifestamos
nuestro irrestricto apoyo a la Presidenta de México, doctora Claudia Sheinbaum Pardo, y a
su propuesta de Reforma Constitucional, que busca fortalecer y hacer más eficiente la vida
democrática en los municipios del país.
“La doctora Sheinbaum Pardo es una presidenta con visión municipalista, que conoce
plenamente las necesidades, así como la operación social, política y económica de los
municipios.
“Por ello, compartimos con ella la convicción de que no puede existir gobierno rico con
pueblo pobre, y reafirmamos nuestra solidaridad con la idea de obtener la mayor cantidad
posible de recursos públicos para destinarlos e invertirlos en obra pública e infraestructura
social, con la certeza de que, a través de estas acciones, es posible elevar la calidad de vida
de la ciudadanía en general”.
El manifiesto de más de un millar de ediles de Morena lo motivó el pronunciamiento de la
Presidenta, quien luego de que fuera desaprobada la reforma electoral por la Cámara de
Diputados, anunció su Plan B cuyo pilar es ir contra el gasto existente en Congresos locales
y municipios del país con el fin de redirigir esos recursos a las necesidades del pueblo.
Sheinbaum recordó que ella se comprometió a que iba a enviar una reforma que tuviera que
ver con lo que pedía la gente, “y yo cumplí”. Y, al explicar en qué consiste el Plan B, dijo
que “en seguir disminuyendo los privilegios” que persisten en los Congresos locales y en
municipios, así como en el Congreso de la Unión, donde el Senado tiene más recursos que
la Cámara de Diputados.
En cuanto a los ayuntamientos, la Jefa del Ejecutivo federal citó los casos de Monterrey,
Puebla y Acapulco, que tienen 28, 23 y 20 regidores, respectivamente.
“¿Ustedes creen que realmente se necesiten tantos regidores? Hay municipios que tienen
tres síndicos, que son los tesoreros, digamos. ¿Para qué tienen tres? Y la verdad es que el
país no lo necesita.
“Entonces, por ejemplo, si Monterrey tuviera 10 regidores, ¿a dónde se iría ese recurso? al
municipio, para obra pública. Si Acapulco tiene 20 regidores y le ponemos un límite ¿A
dónde iría ese recurso? A obra pública del municipio. Porque sí, somos una República
federativa y los estados son autónomos, y somos parte de una República, pero lo que no
puede haber son excesos. Y luego regidores que ganan más que la Presidenta, aún todavía,
porque formalmente tienen salarios de 20 mil pesos, pero es el bono y el apoyo para el no
sé qué, y el apoyo para el no sé cuánto, y el apoyo para el no sé cuánto más, y acaban con
salarios de 500 mil pesos mensuales”, señaló.
La Presidenta adelantó que el Plan B de la reforma electoral la enviará este lunes al
Congreso. “Y yo espero pues que pase. Si no pasa, tampoco pasa nada. Pero nosotros
tenemos un mandato y una convicción y un principio. A nosotros no se nos olvida de dónde
vinimos”, añadió.
De ahí se valió Adolfo Cerqueda Rebollo, el reelecto alcalde mexiquense de
Nezahualcóyotl, para insertar en el diario capitalino el desplegado firmado supuestamente
por más de un millar de munícipes morenistas de los estados de Aguascalientes, Baja
California, Baja California Sur, Campeche, Ciudad de México, Chihuahua, Chiapas,
Coahuila, Colima, Durango, Guerrero, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Estado de México,
Michoacán, Morelos, Nuevo León, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, Querétaro, San
Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas… y
Veracruz.
Lo cuestionable es que más del centenar de alcaldes veracruzanos de Morena cuyos
nombres aparecen en el desplegado, ¡son los que gobernaron hasta el 31 de diciembre del
año pasado! Entre ellos destacan los exalcaldes Alberto Islas Reyes, de Xalapa; Amado
Cruz Malpica, de Coatzacoalcos; Carmen Medel Palma, de Minatitlán; Raymundo Andrade
Rivera, de Coatepec; Celestino Pino Guevara, de Papantla; Óscar Guzmán de Paz, de
Pánuco; Juan José Rosario Morales, de Catemaco; Érick Ruiz Hernández, de Emiliano
Zapata; Juan Martínez Flores, de Córdoba; Gustavo Sentíes Hernández, de Cosamaloapan;
María Elena Solana Calzada, de San Andrés Tuxtla; Marcos Isleño Andrade, de Medellín
de Bravo; Javier Hernández Candanedo, de Misantla; María Esther López Callejas, de
Actopan; José Noé Castillo Olvera, de Agua Dulce, y otras decenas más que salieron
inexplicablemente enriquecidos y que tienen todavía cuentas pendientes por aclarar ante el
Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS).
Sin embargo, hasta ayer, nadie se percató de tan torpe pifia. Y el alcalde mexiquense de
Ciudad Neza, Adolfo Cerqueda Rebollo, quien firma como responsable de la publicación,
tampoco se preocupó por insertar en el diario cuatroteísta la obligada fe de erratas.
LA JORNADA DEDICA SU EDITORIAL
AL ECOCIDIO EN PLAYAS DE VERACRUZ
Por cierto, en su edición impresa de ayer domingo, el diario La Jornada dedicó su editorial
al derrame de hidrocarburo en las playas del sur de Veracruz. Titulado “Chapapote:
remediar y esclarecer”, el texto del periódico capitalino más afín a la 4T dice así:
“Desde el pasado 2 de marzo, pobladores de municipios costeros de Veracruz han
denunciado la presencia de chapopote (petróleo crudo expuesto al aire) en las playas, en el
mar y en diversas lagunas. Al principio, el hidrocarburo se detectó en municipios cercanos
a Coatzacoalcos, pero las corrientes marítimas ya lo esparcieron por una franja de al menos
230 kilómetros que va del puerto de Veracruz al oriente de Tabasco. En ese lapso, el
derrame ha afectado a comunidades dedicadas a la pesca y al turismo, además de provocar
daños desconocidos al medio ambiente de una zona de enorme biodiversidad que incluye
áreas naturales protegidas y áreas de desove de tortugas.
“Además de los daños económicos, ecológicos y a la salud humana, lo más preocupante es
que a casi dos semanas de los primeros reportes y hasta 25 días en que se estima pudo
producirse el vertido, no existe ninguna versión oficial sobre los hechos e informe a la
ciudadanía sobre el necesario establecimiento de responsabilidades. Hasta el momento, lo
más cercano a una explicación formal son las declaraciones de la gobernadora Rocío Nahle,
quien primero atribuyó el percance a “una chapopotera” y luego ha sostenido que proviene
de un barco petrolero localizado en aguas del vecino estado de Tabasco, el cual realizaba
tareas de exploración para una empresa privada cuando sufrió un derrame. De acuerdo con
la mandataria, el chapopote se descubrió primero en Veracruz debido a las corrientes
marítimas del Golfo de México.
“La también ex secretaria federal de Energía apuntó que la compañía causante de la
contaminación obtuvo contratos para explotación y exploración en el ámbito petrolero
durante el sexenio del priísta Enrique Peña Nieto gracias a la reforma energética
privatizadora aprobada en 2013, pero no identificó a la empresa ni aclaró si ya se
emprendió algún procedimiento para sancionarla. Tampoco dio cuenta de por qué hasta
ahora todos los trabajos de limpieza y remediación han quedado a cargo de los habitantes y
del sector público. En ese sentido, los pobladores denuncian la tardanza de las autoridades
de los tres niveles de gobierno para apersonarse en las regiones damnificadas y retirar el
hidrocarburo: apenas antier se emitió un comunicado conjunto en el que instancias
federales informan de “coordinación interinstitucional” y respaldan la versión de que los
incidentes ‘no se han vinculado con operaciones de Pemex (Petróleos Mexicanos)’, pero no
señalan su origen ni causas.
“La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) de la Secretaría de Medio
Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) no ha divulgado si la empresa supuestamente
responsable le informó lo ocurrido, como está obligada por ley toda institución implicada
en este tipo de eventos. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)
tampoco informa de ninguna acción al respecto. En suma, además de acelerar los trabajos
de limpieza y contener la expansión de la mancha de hidrocarburo, es urgente esclarecer
cómo se produjo el derrame, quiénes son los responsables directos e indirectos y, ante todo,
tomar todas las medidas necesarias para poner fin a la inadmisible recurrencia de desastres
que ponen en riesgo a las personas, el medio ambiente y el sustento de las comunidades.”
Por lo que se ve, aparte de las dependencias estatales que tendrían que ver directamente con
la atención de este desastre ecológico, parece que tampoco la comunicación institucional le
sigue funcionando a la administración de la gobernadora Rocío Nahle.
